Mañana se falla sobre la licitud del sondeo postal de bodas gais en Australia

El Tribunal Superior de Melbourne dejó hoy visto para sentencia, que pronunciará mañana, el juicio sobre la legalidad de la encuesta postal propuesta por el Gobierno para decidir si se legaliza el matrimonio entre homosexuales en Australia.

Activistas del grupo LGTB se oponen a esta iniciativa porque la consideran poco representativa y reclaman que la medida se trate en el Parlamento de la nación.

El Gobierno del primer ministro Malcolm Turnbull (liberal), quien prometió un referéndum sobre las bodas entre personas del mismo sexo en las elecciones de 2016, recurrió a la encuesta postal después de que el Senado rechazara por segunda vez la propuesta para organizar un plebiscito.

Lo que debe decidir el Tribunal Superior de Melbourne es si el Ejecutivo tiene potestad para destinar, sin la aprobación del Parlamento, una partida de 122 millones de dólares australianos (97 millones de dólares, 81,5 millones de euros) para este proyecto.

Y si la Oficina Australiana de Estadística (ABS, siglas en inglés), cuyo cometido es recolectar y divulgar datos y no opiniones, está calificada para organizar un sondeo que, en otro escenario, debería corresponder a la Comisión Electoral Australiana.

El plan gubernamental es, salvo que el fallo judicial lo altere, empezar la distribución de la encuesta postal, que es voluntaria y no vinculante, el 12 de septiembre y los alrededor de 16 millones de participantes disponen hasta el 7 de noviembre para responder.

Si la ciudadanía se pronuncia a favor, se espera que se legisle sobre la materia antes del 7 de diciembre, fecha en la que el Parlamento clausura el actual periodo de sesiones legislativas.

Australia, que acepta la unión civil en varios de sus estados, ha recibido críticas de varias organizaciones por su lentitud en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En diciembre de 2013, el Tribunal Superior anuló una ley que permitía estas bodas en el Territorio de la Capital Australiana por considerar que contravenía la Ley Federal de Matrimonios de 1961.

También han fracasado propuestas legislativas similares en los estados de Tasmania y en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.