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Unidos Podemos presenta una ley integral que aborda por primera vez las agresiones sexuales como problema social

El grupo confederal presenta este miércoles su ley de violencia sexual, que prevé un enfoque integral y medidas de prevención y reparación en todos los ámbitos

Contempla que la denuncia no sea requisito para que la víctima acceda a los derechos presentes en la norma, como la atención o la asistencia jurídica gratuita, y que sirva con informes médicos o de servicios sociales

Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que las agresiones sexuales no son una prioridad y ha denunciado que no exista un marco integral como el de la violencia en el seno de la pareja o expareja

Varios centenares de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado hoy en Sevilla en protesta por el fallo de la Audiencia de Navarra que ha condenado a cada uno de los cinco jóvenes de La Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y no por agresión sexual. EFE/Raúl Caro

Concentración en Sevilla en protesta por el fallo de la Audiencia de Navarra que condena a 'la manada'. EFE/Raúl Caro

Legislar sobre la violencia sexual desde una perspectiva integral es el objetivo de la ley de protección de la libertad sexual y lucha contra las violencias sexuales que presentará este miércoles Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El grupo registra la ley un día después de que la violencia sexual haya vuelto a colocarse en el centro del debate con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la Comisión de Igualdad, que ha instado a que la máxima "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no" inspire la reforma del Código Penal sobre delitos sexuales.

En este escenario, la iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea incluye un abanico de medidas en diferentes ámbitos y relacionadas con la sensibilización, prevención, formación y asistencia para las víctimas de todo tipo de violencia sexual. A partir de ahora habrá que esperar a ver cuál es su recorrido parlamentario.

En la norma, y a falta de que se especifiquen los detalles, el grupo confederal propone una reforma del Código Penal en la línea anunciada por la comisión dependiente del Ministerio de Justicia que estudia la modificación de los delitos sexuales: eliminar el delito de abuso sexual y que todo sea considerado agresión sexual (que supone violencia e intimidación). Un cambio sobre el que hay un notable consenso entre las juristas y las formaciones políticas, que se posicionaron a favor tras la publicación de la sentencia a 'la manada'.

Esta distinción es la que sirvió a la Audiencia Provincial de Navarra para condenar a los cinco hombres por abuso sexual con prevalimiento, que implica que el delito se comete sin violencia ni intimidación, y no como agresión sexual –tal y como pedían la Fiscalía y la acusación particular–. El abuso sexual es también el tipo penal que suele aplicarse actualmente en los casos de violencia sexual hacia los menores cuando son perpetrados por personas de su entorno. Es decir, la mayoría.

Asistencia integral sin denuncia

La ley de Unidos Podemos diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas, según confirman fuentes del grupo parlamentario. La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. 

"La justicia tiene un sesgo patriarcal y es necesario hacer modificaciones en el Código Penal. Esto cambiará las sentencias, pero no que las haya. Para ello lo que necesitamos es una ley que luche contra las violencias sexuales de una manera integral, desde un marco de derechos humanos", explica Sofía Castañón, Secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos. La diputada sostiene que "no puede haber víctimas de primera y de segunda y la asistencia, las prestaciones y los derechos no pueden existir solo en el ámbito de la pareja o expareja".

La ley del grupo confederal recoge todos los tipos de violencia sexual con independencia del grado de relación que tengan la víctima y el agresor. Por otro lado, los derechos que contiene la norma y que hacen referencia a esta reparación integral (información, atención psicológica y especializada, asistencia jurídica gratuita...) no dependerán de si la mujer ha denunciado o no. Es decir, la puerta de entrada al sistema de protección integral no será la judicial, sino que se habilitarán otras fórmulas alternativas, como tener un informe de Servicios Sociales o de servicios sanitarios. 

Esta vía, reclamada por las expertas en violencia de género, fue inaugurada en el Pacto de Estado contra la violencia machista, que también considera víctimas de violencia de género a las mujeres que no han denunciado y habilita su atención integral con otras vías. Una disposición que aún no se ha aplicado en todo el territorio nacional.

Amnistía Internacional ya lo exigió

La propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va en la línea de las demandas de las expertas en violencia sexual, que vienen detectando cómo este tipo de violencia contra las mujeres no ha ocupado el centro de las políticas públicas en España. Así lo denunció Amnistía Internacional hace unos meses, tras la aprobación del Pacto contra la violencia machista en el Congreso.

En un comunicado, la organización puso el foco en que la violencia sexual "sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas". Esta falta de diligencia, según AI, supone un incumplimiento en cuanto a las obligaciones internacionales de investigación, prevención y reparación de las víctimas. La organización considera que el pacto, cuyo objetivo inicial fue englobar todos los tipos de violencia machista, fue "una oportunidad perdida" para ello.

La ONG ha lamentado "la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual".

Así como en 2004, con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género el Estado sí reconoció que las agresiones en la pareja o expareja "deben combatirse a través de una legislación específica y aceptó que tiene la responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas", no se han dado los mismos avances en violencia sexual, denunciaba Amnistía Internacional.

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