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El taxi abandona la huelga 16 días después y sin lograr reivindicación alguna

El taxi abandona la huelga 16 días después y sin lograr reivindicación alguna

El taxi abandona la huelga 16 días después y sin lograr reivindicación alguna

Los taxistas madrileños han decidido hoy en un referéndum poner fin a su huelga indefinida, que concluye tras dieciséis días de paro y sin que la negociación del sector con la Comunidad de Madrid haya satisfecho ninguna de las reivindicaciones del colectivo respecto a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Mañana, a las seis de la mañana, el taxi de Madrid "vuelve a las calles, vuelve a trabajar, pero no se rendirá", ha declarado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz.

4.223 taxistas, el 53,9 % de los 7.843 que han participado en la consulta, se han decantado por interrumpir la huelga, mientras que 3.522 (el 44,9 %) han votado a favor de continuar el paro.

Se han registrado, además, 60 votos en blanco y 28 nulos en una votación que se ha desarrollado entre las 10.00 y las 18.30 en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La participación en esta consulta ha sido algo inferior que la de la votación que determinó el inicio de la huelga. Entonces participaron 8.492 taxistas: 6.449 (el 75,9 %) votaron a favor de la huelga indefinida; 1.590 (el 18,7 %) se mostraron partidarios de convocar paros, pero de manera programada; y apenas 493 (el 5 %) propusieron "no hacer nada" y esperar a que la Comunidad de Madrid regulara los VTC.

"Esto no ha hecho más que empezar: primavera caliente hasta las elecciones", ha advertido Sanz, quien ha avanzado que el sector continuará convocando "manifestaciones, concentraciones y medidas de presión" por "dignidad" y por "orgullo".

El comité de la huelga, que a partir de ahora constituirá un grupo de trabajo para estudiar próximas acciones, decidió anoche convocar la consulta tras haberse sentido "insultados" y "humillados" por el Gobierno autonómico, que volvió a rechazar sus exigencias respecto a la regulación de los VTC.

En respuesta a la última propuesta regulatoria de los taxistas, la Comunidad les invitó a que colaboren con sus propias iniciativas en la futura reforma del Reglamento del Taxi de la región y se comprometió a convocar una reunión extraordinaria del Comité Madrileño de Transportes con el objetivo de consensuar una regulación para los VTC, que en ningún caso será 'exprés'.

Poco que ver, alegan los taxistas, con sus aspiraciones, que se centraban en obtener una "regulación clara" que "diferencie" los servicios de taxi y VTC para que haya "una convivencia razonable".

En opinión de Sanz, el Gobierno regional ha estado "engañando sistemáticamente" al colectivo del taxi, que se siente "insultado" y "menospreciado de la forma más ruin y rastrera que unos políticos pueden hacer".

Sanz ha reprochado al Ejecutivo sus intentos de "dividir" al sector y, en concreto, las declaraciones realizadas esta mañana por su vicepresidente, Pedro Rollán, que ha hecho un "llamamiento" a la "mayoría silenciosa" del colectivo para que votara hoy, lo que los taxistas consideran una "intromisión" y una "falta de vergüenza".

Algunas propuestas de la Comunidad para la reforma del Reglamento del Taxi, como ampliar de siete a nueve de las plazas de estos vehículos o autorizarlos a prestar el servicio con las últimas tecnologías en cuanto a los medios de pago, se refieren a cuestiones que, ha apuntado Sanz, los taxistas aplican desde hace años, lo que, a su juicio, "deja clara la catadura moral de este equipo de Gobierno".

Pero los taxistas sostienen que lo que ha conseguido "el partido más corrupto de España" con la negativa frontal a sus peticiones es "unir al sector del taxi" y "darle más fuerza" para la "larga guerra" que van a mantener, y han afirmado: "Vamos a ganar: es cuestión de tiempo".

"No vamos a dejarnos doblegar (...) vamos a ser la obsesión de estos responsables autonómicos; tienen que temblar cuando vean un taxista", ha concluido Sanz, que ha aprovechado para pedir disculpas a usuarios y ciudadanos por los perjuicios causados.

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