Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El PP congela los recursos por la amnistía e intenta romper la mayoría con Junts y el PNV
El juez alarga su investigación a Gómez pese a los límites de la Audiencia de Madrid
Opinión - Así son los jóvenes del ‘lepenismo 3.0’. Por Neus Tomàs

Las abogadas que exprimen las leyes para lograr cambios feministas

Maggie Zelonis, Estefanny Molina y Gema Fernandez.

Marta Borraz

1

Su impulso fue determinante para lograr la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia y el reconocimiento en España de los hijos de las mujeres que sufren violencia de género como víctimas directas. Son solo dos ejemplos, pero evidencian el alcance de las batallas que emprende la organización Women’s Link Worldwide, fundada en 2001 por dos abogadas que entonces vivían en Estados Unidos, con el objetivo de llevar a los tribunales casos paradigmáticos con los que contribuir a acabar con discriminaciones hacia mujeres y niñas.

Detrás hay hoy en día una veintena de profesionales, la inmensa mayoría abogadas. Como en muchos otros casos, la pandemia de COVID-19 acabó con las oficinas que tenían en Madrid, Bogotá y Nairobi, así que se han convertido en un grupo de personas conectadas desde distintos rincones del mundo. Suelen decir que utilizan el “poder” que da el Derecho para conseguir cambios: en la práctica, buscan las brechas que existen entre los derechos reconocidos sobre el papel, ya sea en las constituciones, en tratados internacionales o en las leyes de los propios países, y la realidad de las mujeres, que en muchos casos no acceden a ellos. Ahí es donde entran en acción, en muchas ocasiones junto a otros colectivos.

Su herramienta principal es el litigio estratégico, es decir, defienden ante los tribunales casos con los que pretenden promover una transformación amplia. “Se busca un cambio estructural, no solo para ese caso concreto, sino que tenga un impacto más allá y sea duradero”, aclara Estefanny Molina, abogada senior de la organización que trabaja desde Madrid junto a la también abogada Gema Fernández, miembro de la dirección legal, y Maggie Zelonis, parte del equipo de desarrollo.

El caso suele ser “representativo” de una discriminación estructural, lo que quiere decir que “no le ha pasado a una mujer porque tuvo mala suerte o estuvo en el lugar equivocado”, sino que “les pasa a muchas” porque “hay algo que falla, una vulneración de derechos humanos” que se aspira a corregir con la acción, añade Fernández.

Un punto de inflexión

Uno de los procesos más significativos puestos en marcha por Women’s Link fue el de Ángela González Carreño, una mujer española víctima de violencia de género cuya hija fue asesinada a manos de su padre en 2003. Ángela huyó de su casa llevándose consigo a Andrea, pero el maltrato continuó. Llegó a interponer más de 30 denuncias y pidió de forma reiterada ante los tribunales protección para su hija sin éxito, que al final fue asesinada por su exmarido en un régimen de visitas sin supervisión, cuando tan solo tenía siete años. 

La mujer buscó sin descanso probar la responsabilidad que el Estado había tenido en la muerte de Andrea, algo que acabó reconociendo en 2014, once años después, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, adonde Women’s Link llevó el caso. La sentencia condenó a España a indemnizar a Ángela, pero, además, impuso varias obligaciones generales, entre ellas, la de formar a los jueces para evitar reproducir estereotipos de género y “tomar las medidas adecuadas” para que la violencia de género se tenga en cuenta a la hora de decidir sobre custodias de menores.

“El impacto fue global, no solo para Ángela”, explica Molina, que pone el foco en cómo España ha ido avanzando, no solo a nivel legislativo sino también social, en la protección de los hijos de las víctimas como víctimas directas, algo que reconoció la ley en 2015. Dos años antes, además, los niños y niñas asesinados por este motivo, como Andrea, empezaron a contabilizarse oficialmente en España. Desde entonces han sido casi medio centenar. 

La maniobra se replica allá donde actúa la organización. A más de 10.000 kilómetros de España, en Chile, Women’s Link impulsó en 2021 junto a la organización local Miles Chile un proceso por las casi 300 mujeres que se habían quedado embarazadas sin desearlo al utilizar unas pastillas anticonceptivas distribuidas por una farmacéutica que resultaron defectuosas. Gracias a la presión, lograron que la empresa indemnizara a las víctimas y que distintos mecanismos de Naciones Unidas exigieran el Estado el derecho a abortar por este tipo de motivos, ya que en Chile, donde el debate sobre la despenalización total está en plena ebullición, sólo es posible bajo tres supuestos: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.

Women’s Link es también una de las organizaciones que en España llevó a los tribunales la exclusión de las mujeres sin pareja hombre de la reproducción asistida tras la norma aprobada por el Partido Popular en 2014. En este caso, fue una pareja de lesbianas a las que un hospital madrileño interrumpió el tratamiento. La justicia condenó a la Comunidad de Madrid y determinó que la legislación era discriminatoria, por lo que la comunidad dejó de aplicarla. Otras ya lo habían hecho antes y varias más vinieron después hasta que en noviembre de 2021 el Gobierno de coalición de izquierdas, formado por el PSOE y Unidas Podemos, modificó la ley a nivel estatal.

Perder también es ganar

Pero la estrategia de la organización va más allá de lo puramente jurídico. “Los procesos judiciales no se dan en un vacío, sino en un contexto social en el que hay una movilización preexistente a la que contribuimos. No lo hacemos solas”, señala Fernández. En el ADN de Women’s Link está precisamente decidirse por casos que cumplan algunas condiciones, entre ellas, que haya un marco legal de derechos humanos de las mujeres que pueda ser exigido y una sociedad civil movilizada que esté peleando por el cambio o “pueda utilizar la resolución como herramienta de incidencia política”, explica Molina. 

Tanto es así que la victoria judicial es el objetivo, pero no lograrla no implica fracasar, coinciden las abogadas. Fernández define el proceso judicial como “un catalizador”, pero “no es lo único importante”. “Puede que haya casos que sabemos a priori que son difíciles, pero igual lo que queremos es ir sentando las bases, que se debata, que la gente escuche nuevas perspectivas o ir articulando discursos de derechos humanos, desmentir bulos, crear nuevas narrativas… Aunque no hayas ganado, has dado pasos y probablemente el terreno estará más abonado para el futuro”, explica la integrante de la dirección legal de la organización.

Apostar por el litigio “creativo”

Cuando las integrantes de Women’s Link hablan de aprovechar el “poder del Derecho” para impulsar cambios se refieren a que, ante un caso, piensan en todas las posibilidades tanto a nivel nacional como internacional que las legislaciones nacionales, tratados internacionales y estándares de derechos humanos les dan para litigar. Y están convencidas de que el Derecho es “una herramienta versátil”, afirma Molina, que “debe adaptarse a los contextos actuales”.

¿Esto qué quiere decir? “Que aunque haya herramientas que no estén específicamente pensadas para un tipo de derecho concreto, está en las manos de las abogadas feministas pensar en ellas de forma creativa. El Derecho ha sido siempre masculino y las vías judiciales que nos han enseñado en las facultades son muy férreas, pero creemos que podemos pensarlas de otra manera”, añade la abogada.

El ejemplo que pone es de hace casi dos años, cuando la organización presentó en Colombia una “acción colectiva” por las mujeres venezolanas en situación irregular que no estaban accediendo a los derechos sexuales y reproductivos. Este tipo de reclamación se presenta ante los juzgados en defensa de los llamados derechos colectivos, como la seguridad ciudadana o el medio ambiente saludable. “Nos hicimos la pregunta de por qué el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva no puede ser un derecho colectivo, así que lo que hicimos fue presentar los datos de mujeres en situación irregular para demostrar que un grupo estaba afectado por ello, pedimos medidas cautelares y se concedieron”, celebra Molina, que pone el foco en cómo una herramienta aparentemente no ideada para este objetivo acabó sirviendo a la causa feminista.

Etiquetas
stats