Agentes de la Guardia Civil afirman sufrir “presiones” para bajar los avisos de riesgo en mujeres maltratadas

Una evaluación de riesgo alto para una víctima de violencia de género provoca cierta preocupación en la Guardia Civil, según cuentan algunos responsables de estas unidades en el ámbito rural a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su secretaria de Igualdad, Pilar Villacorta, apunta que “parece ser que hay una tendencia a que las evaluaciones sean bajas porque ahora mismo no hay los recursos materiales ni humanos que requiere un nivel de riesgo más alto”.

La mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2014 tenían una evaluación de riesgo entre medio y no apreciado, según el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Desde la asociación, Villacorta denuncia una situación especialmente grave en el ámbito rural, donde, además, “la Guardia Civil que se encarga de violencia de género carece de la formación necesaria y no está solo dedicada a esta tarea”. Villacorta, que recoge el testimonio de un agente especializado en el ámbito rural (responsable de más de 100 mujeres amenazadas), traslada a eldiario.es el día a día de estas unidades: no cuentan con el personal suficiente para atender a la protección permanente de una víctima y abarcar otras muchas tareas que también tienen encomendadas, afirman. Según este agente, “los jefes aprietan las tuercas para bajar el riesgo de las víctimas porque no hay medios humanos ni materiales para ello”.

El guardia encargado de violencia de género asegura que “no ha recibido ningún tipo de formación especializada más que la que yo me he buscado”. Según refiere, la Guardia Civil solo proporciona un curso online para saber cómo se recogen las denuncias.

Estas advertencias sobre la falta de personal y especialización han sido remitidas a numerosos órganos del Gobierno, entre ellos el Ministerio del Interior, del que depende la Guardia Civil. “El Gobierno lo sabe”, resume el guardia civil. En el Instituto Armado responden que “no tienen nada que decir sobre este tema”.

Un 46% menos de valoraciones de riesgo extremo

La mujer que denuncia la violencia que sufre de su pareja o expareja da un paso que las asociaciones de apoyo a las víctimas consideran crucial para salir del maltrato. En 2014, el número de denuncias supera al de 2013. Sin embargo, otras cifras preocupan a los expertos: aumenta el número de víctimas mortales con denuncia previa y la mayoría de las mujeres asesinadas que pidieron ayuda fueron consideradas víctimas de riesgo bajo o medio, según el CGPJ.

La evaluación del riesgo de la víctima se practica en las dependencias policiales en la primera visita de la mujer a la comisaría, cuando acude a denunciar. El mecanismo que determina el riesgo “extremo, alto, medio o bajo” consiste en un programa informático que cruza las respuestas de la víctima de un cuestionario policial. Además, el agente tiene que validar la conclusión de la máquina y puede aportar una valoración subjetiva.

Ante una situación de riesgo alto y extremo, la policía lanza unas medidas de protección permanente a la víctima. En el riesgo extremo, la vigilancia es de 24 horas. Según la información facilitada por el Ministerio del Interior al Grupo Parlamentario Socialista, a raíz de una petición de la diputada Ángeles Álvarez, la cifra de valoraciones de riesgo alto cayó un 31% entre 2010 y 2013. La de riesgo extremo, aún más: un 46%. Las valoraciones de riesgo medio, que exigen una vigilancia ocasional de la mujer, en cambio, aumentaron.

Uno de los problemas que afronta la Policía y la Guardia Civil es que no siempre hay un agente especializado en violencia de género para atender al cuestionario. “Porque no es un servicio 24 horas y la persona que tramita la denuncia a lo mejor no tiene un conocimiento profundo del tema”, señala Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aunque la policía ofrece asistencia psicológica y de otros agentes sociales, su valoración no figura en esta evaluación del riesgo, una perspectiva “necesaria” según el portavoz.

“Nos parece sospechoso que desciendan solo las evaluaciones que requieren protección permanente. Porque no hemos observado cambios significativos que nos lleven a esa lectura”, apunta la diputada Ángeles Álvarez. La socialista coincide con Javier Estévez en que son necesarios indicadores sobre aspectos sanitarios y de agentes sociales en las evaluaciones de riesgo, “que no se han incluido”. En su opinión, más allá de la reducción de los tiempos de revisión del riesgo que ha propuesto el Gobierno, lo necesario es “generar alertas desde los servicios sanitarios y sociales [ante una atención por una agresión que no tenga parte policial, por ejemplo] que adviertan cuando las circunstancias de la víctima hayan cambiado y sea necesario una nueva evaluación del riesgo”.

“No hay personal ni material suficiente”

A la AUGC llegan quejas del ámbito rural que dibujan una situación más precaria que la de los policías. “No tenemos un teléfono específico para las víctimas, como la policía, por ejemplo. Las víctimas así se sienten más protegidas, de una forma más directa”, comentan a Pilar Villacorta.

La falta de medios materiales queda patente, por ejemplo, “en la falta de coches camuflados”, denuncia esta portavoz. Los agentes tienen que ir con estos coches [policiales], que evitan que el agresor se acerque porque son fácilmente identificables; pero, una vez que se acaba la medida de protección, también ello es evidente para el maltratador.

La reducción de evaluaciones de riesgo alto queda reflejada en las estadísticas, pero también el descenso en órdenes de protección acordadas por los juzgados. De las 50 víctimas mortales por violencia de género en 2014, once habían denunciado. De las nueve mujeres que solicitaron medidas de protección, todas obtuvieron alguna pero solo en cuatro casos la medida se mantenía en vigor (en tres de ellos fue retirada).

“Hay que revisar todo el proceso de protección a la víctima, no centrarnos solo en las evaluaciones de riesgo policiales. Los juzgados están denegando las órdenes de protección y son ellos los que pueden dictar órdenes definitivas de protección, con órdenes de alejamiento, por ejemplo”, destaca Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.