Una asesora reconoce que la madre de Granada obligada a devolver a sus hijos “se la juega”

Francisca Granados, asesora de la madre que permanece ilocalizable tras no entregar ayer a sus hijos a su padre italiano en cumplimiento de una orden judicial, ha reconocido hoy que se está “jugando cosas muy duras” ante una administración “incompetente” para defenderla como víctima de violencia de género.

La asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena, municipio de Granada del que es vecina Juana Rivas, ha insistido esta mañana en declaraciones a los periodistas que esta mujer está oficialmente reconocida como víctima de maltrato y que sus hijos también han recibido asistencia profesional por este motivo.

Granados ha recordado que el que fuera compañero sentimental de Rivas y padre de sus dos hijos cuenta con una condena por maltrato de 2009 y que, cuando posteriormente ella decidió poner fin a su vida en común con ese hombre, volvió a denunciarlo en julio de 2016 por violencia machista.

Aunque ha reconocido que deberá ser un juez el que determine en última instancia la custodia de los niños, ha reiterado que se trata de un caso de violencia grave y ha lamentado el “desconocimiento” por parte de algunos miembros de la judicatura que habrían obviado que los menores también son legalmente reconocidos como víctimas.

“A esta señora se le ha desprotegido en España (...) Su última denuncia todavía no ha salido del territorio español”, ha insistido Granados, quien cree que Juana Rivas, de la que sigue desconociendo su actual paradero, se está “jugando cosas muy duras y fuertes” para proteger a sus hijos al encontrar una “administración incompetente para defenderla”.

Al respecto, ha subrayado que el Área de Igualdad y el Ayuntamiento de Maracena van a seguir defendiendo, dentro de la legalidad vigente, que se haga justicia en este caso.

En este sentido, ha anunciado que se sigue trabajando con nuevos informes en el recurso de reposición contra la ejecución de la resolución que obliga a Rivas a entregar a sus hijos y en la preparación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes judiciales han apuntado a Efe que el incumplimiento por parte de Rivas en la entregada de sus hijos, fijada por una juez para ayer por la tarde, podría hacer incurrir a la madre en posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores, penados a partir de tres meses de cárcel.