El Gobierno repartirá un millón de euros de media por CCAA para combatir la pobreza infantil

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán en fechas próximas la cuantía del fondo extraordinario creado para luchar contra la pobreza infantil y que destinarán, principalmente, a sufragar alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos e incluso el alquiler de la vivienda.

La partida presupuestaria especial responde a las alarmantes cifras que llevan tiempo denunciando distintas organizaciones sociales. Según los datos de Eurostat, el riesgo de pobreza y exclusión social ya alcanza a 2,8 millones de niños, el 33,8% de la población menor de edad en nuestro país.

El documento, que mañana analizarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, y al que ha tenido acceso Efe, detalla la cuantía destinada a cada región, así como los requisitos y criterios que deben reunir los proyectos.

El fondo está dotado con 17 millones de euros de los que 1,4 millones de destinarán, exclusivamente, a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, del que Andalucía recibe la mayor parte (360.641,64 euros) seguida de la Comunidad de Madrid (190.590,74) y de Valencia (151.238,49 euros).

En cuanto al reparto del resto de fondo (16 millones de euros) las ciudades de Ceuta y Melilla son las que recibirán más cantidad, con 1,30 y 1,27 millones cada una, seguidas de Canarias (1,23 millones), Andalucía (1,20 millones) y Extremadura (1,16 millones), mientras que el País Vasco y Navarra han quedado fuera del reparto.

La distribución del fondo se ha realizado aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

El documento elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad establece que el crédito se destinará a financiar las prestaciones económicas de urgencia social, como la privación material severa de las familias, para la lucha contra la pobreza infantil de familias con menores a su cargo, tal y como prevé el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016.

Por ello, los proyectos presentados por las comunidades tendrán que cumplir varios requisitos como la obligación de hacer un seguimiento y que los servicios sociales autonómicos certifiquen, en un plazo aproximado cuatro meses, cuál ha sido el destino de los fondos y su resultado.

Frente a esta partida presupuestaria, necesaria, Unicef denunciaba recientemente la disminución de un 14,6% en la inversión en políticas de apoyo a la infancia desde 2010. Según datos de Unicef, el país invierte en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media europea: un 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a un 2,2% en la Europa de los 28.

A qué se destinará el dinero

Una vez detectadas las familias con menores a su cargo en riesgo de pobreza severa y exclusión social, los servicios sociales destinarán la cuantía recibida a paliar necesidades de alimentación, ropa personal, productos de aseo, medicamentos, prótesis, suministros del hogar (agua, electricidad, calefacción), alquileres o riesgo de desahucios.

Además, el plan prevé prestar trabajo social, acompañamiento y apoyo a las familias y a los menores e incorporarlas a programas sociales de familia, infancia e inclusión en la sociedad.

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, los proyectos deberán ser promovidos, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, por las comunidades y las ciudades de Ceuta y de Melilla y gestionados por éstas o por las corporaciones locales o los entes públicos de carácter local.

Además, las comunidades tendrán que presentar una relación certificada de los proyectos, que se aprobarán de común acuerdo con Sanidad y remitirlos al Ministerio para la tramitación del último pago del ejercicio junto con la relación certificada de los mismos. Asimismo, ambas administraciones participarán en el seguimiento y evaluación de los proyectos financiados a través de la Comisión Delegada.

Sanidad deberá efectuar los pagos en la segunda quincena natural de cada trimestre, en el momento en el que se haya hecho el reparto y se publique en el BOE. Los proyectos deberán ser promovidos y gestionados por las comunidades que asumirán la corresponsabilidad en la financiación aportando a cada proyecto, al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Ministerio.