El Consejo General del Poder Judicial confirma que emitirá el informe sobre la Ley Trans el próximo 20 de abril

Con un retraso de más de tres meses el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevará a pleno el próximo 20 de abril el informe sobre la llamada Ley Trans que permitirá continuar con el trámite. Así lo ha confirmado el propio organismo en una comunicación escrita enviada a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, que le han recriminado recientemente su tardanza en emitir su dictamen preceptivo.

Los colectivos enviaron hace algunas semanas al CGPJ un escrito en el que manifestaban su preocupación y aseguraban que el retraso “tiene consecuencias materiales en las vidas” de las personas LGTBI y “dilata su desprotección”. En respuesta, el organismo aclara que un pleno extraordinario después de Semana Santa revisará y votará el borrador de informe que están redactando los ponentes designados María Victoria Cinto Lapuente, Wenceslao Francisco Olea Godoy, María Ángeles Carmona Vergara y Clara Martínez de Careaga García. El propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya había anunciado la fecha hace unos días.

El dictamen que el organismo está obligado a elaborar sobre el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llega con meses de retraso. La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros en junio del año pasado, coincidiendo con el Orgullo LGTBI, y fue enviado por el Gobierno al CGPJ en diciembre. Lo hizo por trámite de urgencia, lo que significa que tenía un plazo de 15 días improrrogables que ha rebasado con creces. Un retaso al que el organismo aducía carga de trabajo.

La aprobación del anteproyecto se produjo tras una dura disputa entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia primera del Gobierno, entonces en manos de Carmen Calvo. La norma estuvo bloqueada durante meses y las negociaciones se alargaron hasta que finalmente fueron desencalladas con el reconocimiento de la autodeterminación de género, a la que el PSOE se oponía en un principio, y la introducción del requisito de que quienes modifiquen su DNI reafirmen la decisión a los tres meses.

El organismo que no ha acumulado retrasos es el Consejo Económico y Social, que, según informa Europa Press, valoró el texto “positivamente” y calificó de “notable avance” la “despatologización” del colectivo trans y, por tanto, la “libre determinación de la identidad de género”, es decir, que puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de someterse a tratamientos médicos ni presentar informes psicológicos