Los retrasos del Poder Judicial y el Consejo Fiscal paralizan la tramitación de la 'ley trans'

Representantes de la Plataforma Trans en la puerta del Congreso de los Diputados en 2018 para reclamar la aprobación de una ley para el colectivo.

La ley trans vive congelada en el tiempo en el Poder Judicial. El CGPJ y el Consejo Fiscal bloquean la tramitación del anteproyecto, aprobado en el último Consejo de Ministros de junio de 2021. Desde entonces ha pasado por otros órganos consultivos hasta embarrancar desde el pasado mes de diciembre en el que preside Carlos Lesmes. El Gobierno remitió el anteproyecto al CGPJ el 15 de ese mes. Y lo hizo por trámite de urgencia, lo que les da 15 días “improrrogables” para emitir su informe, no vinculante, sobre la norma. Tres meses después, el Poder Judicial no ha cumplido su obligación y se escuda en la acumulación de trabajo para solicitar una prórroga que el Ejecutivo no ha concedido.

El Gobierno aprueba la 'ley trans', que contempla la autodeterminación de género

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Este jueves se reunió el pleno del CGPJ, como suele hacer una vez al mes. Pero en el orden del día no estaba la aprobación del dictamen sobre el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocido como ley trans. No será por tanto hasta el próximo pleno, previsto para el 28 de abril, cuando se dé el visto bueno al informe. Como mínimo.

En ese caso, el anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros por la titular de Igualdad, Irene Montero, acumularía como poco un retraso ocho veces superior al que la ley prevé. Desde el órgano que preside Carlos Lesmes y cuyo mandato está caducado y en funciones desde hace tres años largos, se alude a la carga de trabajo para justificar la dilación.

El Anteproyecto llegó al CGPJ el pasado 15 de diciembre remitido por el Ministerio de Justicia, tal y como ha confirmado elDiario.es de fuentes del departamento que lidera Pilar Llop y que fue coproponente de la norma junto a Igualdad con Juan Carlos Campo todavía al frente. “El ministerio impulsor solicitó tramitación de urgencia y así lo hicimos”, aseguran las mismas fuentes. La ley indica que, en estos casos, hay un plazo de 15 días para resolver. El 29 de diciembre, al filo de cumplirse el plazo, la Comisión Permanente del CGPJ designó ponentes para el informe de la ley trans a María Victoria Cinto Lapuente, Wenceslao Francisco Olea Godoy, María Ángeles Carmona Vergara y Clara Martínez de Careaga García.

Ese mismo día el órgano de dirección del CGPJ acordó pedir al Gobierno una “prórroga” (de 10 días, al ser trámite de urgencia) a contar desde el 12 de enero. Es decir, desde el regreso de las vacaciones navideñas. Fue “a petición del gabinete técnico”, según refleja el orden del día de esa sesión que ha podido examinar elDiario.es. La Ley del Poder Judicial indica que el plazo es “improrrogable” y, a la vez, que “excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso”. La respuesta de Igualdad llegó vía Justicia: “No procede la concesión de la prórroga solicitada dado el carácter urgente conferido a la tramitación de este anteproyecto”.

Desde entonces, no han existido comunicaciones formales desde el CGPJ al Gobierno. En el otro sentido, sí. Igualdad, siempre a través del Ministerio de Justicia, ha remitido dos apremios al órgano que preside Carlos Lesmes. El primero, en enero. El segundo, este mismo mes de marzo. De momento, según las fuentes consultadas por este medio, no ha habido ninguna respuesta.

También el Consejo Fiscal

“Es inconcebible que una vez más que el CGPJ no cumpla con los plazos establecidos y, nuevamente, se retrase una ley que es fundamental para garantizar derechos a las personas vulnerables”, asegura una portavoz del Ministerio de Igualdad a preguntas de elDiario.es. “Es urgente en nuestro país proteger a las personas LGTBI y especialmente a las personas trans”, añade. Y concluye: “El Ministerio de Igualdad ha realizado todos los requerimientos posibles para que se emitan los informes cuanto antes”.

El CGPJ ya se ha retrasado previamente en otras leyes del Ministerio de Igualdad, como la conocida como ley del solo sí es sí. Aunque no solo. Hay acumulación de dictámenes sin emitir por parte del órgano de gobierno de los jueces, aseguran desde su interior. Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que los técnicos “están trabajando” en el informe y recuerdan que no es el único caso que sufre dilaciones, aunque de las últimas solo la de Memoria Democrática compite con la ley trans.

Recientemente, el Consejo del Poder Judicial ha aprobado un gasto de 14.400 euros en su comisión permanente para pagar a jueces y magistrados que participen en la elaboración del informe de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. A lo largo de 2021, el pleno del Consejo ha aprobado más de una veintena de informes, muchos de ellos con algún tipo de retraso sobre el plazo original: la Ley de Memoria Democrática, la de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia o también la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Diversas fuentes del organismo apuntan a la acumulación de estos informes sobre anteproyectos con un gabinete técnico que “no da abasto” con unos plazos legales que rara vez se cumplen con o sin tramitación de urgencia.

El CGPJ no es el único órgano consultivo enmarcado en el Poder Judicial que acumula retrasos en su dictamen sobre la ley trans. El Consejo Fiscal que preside la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, va por el mismo camino. La ley establece para este organismo el mismo plazo que para el que preside Carlos Lesmes: “El Consejo Fiscal deberá emitir el informe correspondiente en el plazo de treinta días hábiles. Cuando en la orden de remisión se haga constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días hábiles”.

El órgano que no se ha retrasado es el Consejo Económico y Social, que valoró el texto “positivamente” y calificó de “notable avance” la “despatologización” del colectivo trans y, por tanto, la “libre determinación de la identidad de género” de las personas, informa Europa Press.

No solo desde Igualdad se reclama a los órganos consultivos que se apremien en su labor. La FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis emitieron esta semana un comunicado en el que aseguraban que el retraso en la norma “dilata la desprotección del colectivo LGTBI”. Porque estos informes no son el punto final de la tramitación de la ley trans. De hecho, son un punto y seguido. El Anteproyecto deberá volver al Consejo de Ministros, que lo aprobará definitivamente para pasar después al trámite parlamentario. Una vez que Congreso y Senado den su visto bueno, después de los diversos debates de totalidad, parciales, etcétera, la ley trans será, definitivamente, ley.

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