Los grandes contaminadores pretenden retrasar tres años la obligación de adoptar medidas más fuertes contra el cambio climático
Un grupo de países está presionando en la Cumbre del Clima de Madrid para retrasar hasta tres años la obligación de presentar medidas más fuertes y ambiciosas contra el cambio climático. Si la fecha que se estaba imponiendo hasta ahora era 2020, este grupo ha planteado “no moverse ni una coma del articulado del Acuerdo de París” y esperar a 2023 cuando se realizará el inventario de cómo está la situación global. La clave está “en los grandes emisores de gases”, según fuentes de la negociación.
¿Quienes son los grandes contaminadores? En cuanto a emisiones totales de CO2: China, EEUU, India, Rusia, Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, Irán y Arabia Saudí, según la contabilidad de 2018. La UE, con todo, asegura en la cumbre que apuesta por acelerar esas medidas extra.
Una buena parte de las discusiones en la COP25 giran en torno a cómo expresar que hace falta “mayor ambición” para detener la alteración del clima. Más aún después de las nuevas advertencias del Panel Internacional de Expertos sobre la enorme diferencia de contener el calentamiento en 2ºC o 1,5ºC y la degradación acelerada que experimentan los océanos y la criosfera.
A la luz de esos informes, la ambición, es decir, la idea de poner encima de la mesa medidas reforzadas y urgentes para mitigar el cambio climático, ha ido cobrando fuerza en la comunidad internacional: tanto en diversas delegaciones (la Unión Europea ha repetido en Madrid que esa debe ser la línea) como en las manifestaciones de la calle como la celebrada el pasado 6 de diciembre la capital española.
Sin embargo, ese plan tiene sus detractores. “No solo no quieren que se explicite que la mayor ambición debe llegar en 2020, sino que tampoco desean que se exprese que los países que así lo deseen puedan hacerlo”, explican fuentes directas de la negociación. Quedarían retratados.
La cuestión es que el desarrollo del Acuerdo París indica que los países cuyos planes climáticos alcanzaran el año 2030, “comuniquen o actualicen dicha contribución en 2020 a más tardar, y cada cinco años a partir de ese momento”. Los planes son los compromisos que presenta para conseguir el objetivo mundial de freno al calentamiento de la Tierra.
El articulado de París explicita que el primer inventario de situación se haga en 2023. Por lo que estos países reticentes argumentan que la revisión llega hasta ese año y, a partir de ese balance, tomar medidas mejoradas para adecuarse a la situación que se haya detectado. Como el Acuerdo indica que la renovación de planes nacionales contra el cambio climático debe reflejar una “progresión”, pues ahí se centra el nudo.
De los 184 países que enviaron planes bajo el Acuerdo de París, unos 80 ya habían anunciado que remitirían programas mejorados el año que viene, pero representan el 10% de las emisiones, según el World Resources Institute. La Unión Europea está en ese camino. Otra veintena ha dicho que “actualizarán” los planes, pero eso no implica necesariamente una mejora.
Y eso a pesar de que ya se sabe que el actual paquete de medidas combinadas de esas 184 partes están muy lejos de conseguir cumplir el acuerdo climático: el cálculo es que, así, la Tierra subiría su temperatura global 3,4ºC en lugar de 1,5ºC. Además, la revisión anual de la ONU indicó en noviembre pasado que las emisiones reales de gases de efecto invernadero van muy por encima de lo que deberían para cumplir ese límite. Haría falta recortarlas un 55% en diez años para que los cálculos salieran.
Estos problema sobre la ambición se unen a los presentados desde el miércoles por países emergentes como Brasil o China que advirtieron de que antes de pedir más esfuerzo, había que comprobar que los estados ricos habían cumplido con compromisos previos a 2020.
La ciencia, el daño irremediable, la nueva economía
Aunque la presidencia de la COP, en manos de Chile, cuenta que todavía mantiene su idea de terminar las negociaciones en “tiempo y forma”, es decir, el viernes por la tarde, los problemas para alcanzar consensos persisten.
En primer lugar, cómo incorporar los avisos de la ciencia a la decisión final de la COP. “Hay reticencias a expresar que las acciones climáticas deben estar guiadas por la ciencia”, cuentan los negociadores. La ciencia eleva cada vez más el tono de urgencia que requiere atajar el problema.
También hay pelea en el famoso artículo 6 sobre el mercado de derechos de emisiones: la compraventa entre países del Co2 que pueden emitir en virtud de sus compromisos. La Unión Europea repite una y otra vez que no permitirán un sistema que esconda doble contabilidad de ahorro de gases emitidos. “No es válido si se piensa que el único que pueden comprar esos créditos es Europa”. Aquí también, China, India y Brasil pretenden gozar de los derechos que les había tocado en el protocolo de Kyoto, muy beneficioso para ellos por esos todavía economías por despegar.
No queda ahí la cosa. Las negociaciones climáticas contemplan que haya ayuda a los países que dependen de los combustibles fósiles para su economía. “No se trata de los países del golfo Pérsico que tienen grandísimos recursos para adaptarse”, explican los negociadores. Hay que pensar en estados como Colombia, Irán, Nigeria, Ecuador o el mismo Brasil cuyas rentas están “atrapadas” en gran medida a la venta de carbón o petróleo.
Y, como siempre, sobrevuela la petición de aquellos más vulnerables. “Hay una demanda legítima por parte de los que van a tener pérdidas ya irremediables por el cambio climático”, detallan las delegaciones. Naciones isla azotadas por tormentas o huracanes cada vez más violentos, áreas con proliferación de incendios forestales, sequías... Estos países básicamente vulnerables intentan hacer valer su presencia en la negociación para disponer de recursos con los que paliar ese daño.
