Una circular del CSIC culpa a los investigadores readmitidos por ley de la crisis del centro
Una resolución interna firmada por el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, ha desatado un hondo malestar en gran parte de los investigadores que trabajan en este organismo público. El documento del mayor organismo público de investigación de España, fechado el 6 de abril, que la presidencia de la Agencia Estatal ha hecho llegar a todos los departamentos, culpabiliza de la paralización de nuevas contrataciones a los trabajadores que han litigado contra el Consejo para exigir sus derechos laborales.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es (ver abajo), establece “las actuaciones a desarrollar al objeto de reducir los desequilibrios generados por el ingreso de personal indefinido en cumplimiento de sentencia en los Institutos, Centros y Unidades ('CU) del CSIC”.
Según argumenta Lora-Tamayo, “las demandas presentadas contra el CSIC por trabajadores contratados con cargo a proyectos de investigación que han dado lugar a sentencias judiciales contrarias a los intereses de esta Agencia” están suponiendo “un grave perjuicio para el desarrollo de una adecuada política de recursos humanos”.
Toda esta problemática viene derivada porque hasta hace aproximadamente dos años el CSIC impedía que los inscritos en su bolsa de empleo que hubieran encadenado contratos durante un año pudieran ser elegibles para un puesto durante otros cuatro meses. De esta forma, se evitaba que estos trabajadores adquirieran la condición de indefinidos. La situación fue denunciada por CCOO, que exigió la erradicación de estas prácticas.
Las demandas durante aquella etapa llovieron y decenas de estos investigadores terminaron ganando los pleitos en los tribunales teniendo que ser reconocida su condición de indefinidos tras encadenar varios contratos temporales.
“Aplazar contrataciones”
Esta situación tan elevada de litigios, a juicio del presidente de este organismo científico, va a obligar, en primer lugar, a “aplazar cualquier nueva autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos en cuyo ámbito haya demandas pendientes, hasta la resolución de las demandas”, dice la circular.
Y, en segundo lugar, a “modular la autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos afectados por resoluciones judiciales contrarias al CSIC”.
Según los datos que desgrana el organismo, entre enero de 2005 y diciembre de 2015, un total de 1.231 investigadores volvieron a ingresar en el Consejo “en cumplimiento de sentencias”. “El coste económico que para el CSIC tienen estas prácticas ha sido y es significativo”. Según sus cálculos ha superado los 2,6 millones de euros durante los últimos tres años.
Una antigua investigadora del centro que prefiere preservar su nombre considera “intolerable y terrible” que el propio presidente del organismo vuelque la presión directamente de los grupos de investigación a los propios investigadores que han regresado a su trabajo. “Es una manera de culpabilizarles de una situación a todas luces injusta”.
Esta investigadora recuerda que para reivindicar sus derechos, un grupo de trabajadores creó la plataforma Afectados por la Bolsa de Empleo del CSIC. Incluso denunciaron que había una lista negra con aquellas personas que habían llevado a los tribunales al organismo.
La situación, a juicio de esta antigua investigadora que sigue en contacto con compañeros que están actualmente trabajando pero que también temen hablar, no ha variado demasiado. Sigue habiendo precariedad laboral y pocos medios debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha realizado el Gobierno del PP en I+D+I a lo largo de estos años.
“La fuga de cerebros no existe”
La gestión de Lora-Tamayo al frente de organismo investigador, del que ha sido presidente en dos etapas diferentes con Gobiernos del PP, sigue siendo muy cuestionada. Muchos científicos no olvidan unas declaraciones suyas realizadas en noviembre de 2014 en las que aseguró que la fuga de cerebros en España “no existe”, “es una leyenda urbana exagerada”.
El malestar por la decisón de la presidencia del organismo ha tenido una contundente respuesta del sindicato CCOO del CSIC. En un duro comunicado, y tras explicar que han esperado un tiempo prudencial “para digerir esta nueva agresión contra el personal del organismo por parte de la presidencia y sus gestores”, el sindicato califica la resolución de “caza de brujas que no tiene parangón en la Administración Pública”. Y las enmarca “dentro de una ofensiva generalizada contra las Instituciones Públicas y sus empleados, tratando de imponer un modelo neoliberal de gestión”.
“Acosados por el fracaso de sus políticas de personal, el CSIC intenta ahora criminalizar al personal, amenazando con castigar a los centros y grupos de investigación donde los trabajadores litigien ejerciendo sus derechos”, afirman.
Oferta 275 nuevas plazas para 2016
Ante el malestar generado, la presidencia del Consejo ha reaccionado ofreciendo nuevas plazas para este año 2016. En un comunicado de hoy mismo se informa que “la convocatoria del CSIC contará con 165 plazas libres de nueva creación y 110 plazas de promoción interna”. Es decir, un total de 275 plazas. “Son plazas de profesor de investigación, investigador científico, científico titular, técnico superior especializado, técnico especializado y ayudante de investigación”, aclaran.
“Una vez conocida la asignación de ofertas y los procesos de acceso a las plazas de los Organismos Públicos de Investigación centralizados por la Secretaría de Estado de Investigación, Innovación y Desarrollo, la distribución para el CSIC supondrá 165 plazas libres y 110 de promoción interna”, remarca el comunicado. Esta redacción intentó conocer la opinión del organismo, sin éxito.
