El desierto de la libertad tras salir de prisión con un trastorno: “Hay gente que no sabe dónde dormirá esa noche”

Toni Chavero acaba de salir en libertad tras pasar 18 años en la cárcel. Se ve desnortado, envuelto por una realidad para la que no le prepararon, y arrastra una inestabilidad mental que aplaca, como puede, junto a sus padres. No siempre se tiene tanta suerte de tener un lugar al que ir una vez excarcelado. En esos casos, la burocracia que se impone en las organizaciones del tercer sector ralentiza unos procesos que no pueden esperar. Una vez fuera de prisión, el cuidado de esa persona no es competencia de Instituciones Penitenciarias.

Ahí aparecen esas otras entidades, paradójicamente las que gozan de menos subvenciones, para conseguir un espacio en el que el excarcelado pueda pasar sus primeros días, lo que puede llegar a crear algún conflicto si la persona presenta un deterioro cognitivo severo o algún problema de salud mental.

Ana Gordaliza, educadora social en la prisión de Valdemoro (Madrid), considera que “a veces la institución penitenciaria es el último depósito de todas las problemáticas sociales”. Dada su experiencia, sostiene que las cárceles llegan a albergar a “personas con trastornos mentales graves, incluso autistas”. Y el problema llega con la excarcelación definitiva: “Ahí vemos el cometido de la institución. Más allá de hacer cumplir la finalidad retributiva de la pena, también debe preparar para la reinserción y la gente lo que se encuentra a la salida es un desierto”, comenta esta profesional.

La maraña burocrática que trabajadoras como ella se afanan constantemente en superar para que las personas excarceladas puedan encontrar un lugar digno en el que rehacer su vida se ve torpedeada por la falta de recursos, competencia habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos. “Hay gente que sale de la cárcel sin saber dónde va a dormir esa noche. Te ves en situaciones muy sangrantes, con personas muy vulnerables socialmente y sin ninguna respuesta”, sostiene la educadora de Valdemoro.

La gravedad aumenta cuando la persona sufre un deterioro cognitivo o padece algún problema de salud mental. “La prisión empieza a no ser el último, sino único recurso para ellos. Insisto en que la cárcel es el único lugar en el que siempre hay plaza y sin lista de espera”, confiesa la misma Gordaliza. La institución penitenciaria parchea esta realidad, pero saltan las costuras. “Personas con este deterioro tienen muchas dificultades para cumplir regimentalmente las normas, así que se ven en primer grado gran parte de su condena”, añade.

Como solución, esta experta propone sacar el tratamiento sanitario de estas personas a la red comunitaria de las comunidades autónomas, que no depende del Ministerio del Interior. Así, se facilitarían las derivaciones y el entrar en las listas de espera para una plaza en una residencia pública, por ejemplo. Además, ello permitiría dejar de tener una mirada tan focalizada en la retribución de la pena y más orientada en la incorporación de la persona en la sociedad que se encontrará.

Excarcelado e ingresado en un hospital en apenas horas

Lo que destaca Gordaliza tendría efectos concretos que podrían redundar en una mejora del proceso de excarcelación. No habla en abstracto. “Hace unos días, salió un hombre de 70 años que antes de ingresar vivía en su coche. Llegó a prisión con una cierta discapacidad leve diagnosticada, pero aquí comprobamos que de leve no tenía nada. Cuando hubo que ponerle en libertad, no tenía a dónde ir”, introduce la educadora social. Algunas empresas del tercer sector se ven obligadas a trabajar con una burocracia laberíntica impuesta por la Administración que no responde a tiempo a las necesidades. Por eso, en tantas ocasiones son las entidades más pequeñas, que no reciben tantas ayudas públicas, las que hacen el trabajo.

Encontraron una solución en la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar). Ingrid Muñoz, coordinadora del proyecto ‘Y después de la cárcel, ¿qué?’ de esta asociación, apunta que la situación de estos presos “es dramática desde el momento en que no están lo suficientemente atendidos en el centro penitenciario”. Fue en uno de los cinco pisos de acogida que Apromar tiene en Entrevías (Vallecas, Madrid) donde el hombre del que hablaba Gordaliza pasó sus primeras horas en libertad.

“Aquí llegan personas con trastorno de la personalidad no diagnosticado y con ciertas deficiencias que descubres a lo largo de su estancia o ves en la convivencia, pero normalmente no tienen un gran deterioro cognitivo”, asume Muñoz. Sin embargo, aquel día fue diferente. El hombre, por la tarde, defecó y lanzó sus heces por la ventana y estaba algo violento con sus compañeros de piso. Tras llamar al 112, fue ingresado en el hospital Infanta Leonor, de donde se escapó, y volvió a ser ingresado en el 12 de octubre.

“Nosotras hemos comprobado cómo la gente sale adelante cuando se le dan los recursos, y eso es lo que necesitamos, más recursos para poder atender a estas personas”, recalca la también psicóloga. Desde Apromar, donde intentan luchar contra los bulos que estigmatizan a la población presa, sostienen que estos casos suelen ser habituales.

Un informe de la Confederación Salud Mental España, publicado en 2022, ya concluía que “se han de poner en marcha urgentemente alternativas terapéuticas a los tratamientos punitivos, ya que vulneran los derechos humanos y resultan inútiles, porque no se consigue una reinserción real en la sociedad, sino más bien una entrada a una puerta giratoria alejada de la atención sanitaria”.

La red que te salva

Sucede con Toni Chavero, excarcelado hace unas semanas tras pasar casi 20 años en prisión. Un amigo le recibió a la salida del penal de Texeiro (A Coruña). Recuerda aquel momento con gran emoción. Las lágrimas brotan en sus ojos cuando dice que “debe ser un momento tristísimo salir y que no haya nadie, no tener arraigo”. Este madrileño de 55 años asegura que tener una red social fuerte “te puede salvar”. Y con salvar se refiere a no volver a caer en las drogas o tener que delinquir para sobrevivir.

Una vez libre, Chavero es consciente de cómo han disminuido sus facultades mentales en prisión. Ya no son solo los cambios a nivel social o tecnológicos, sino el estado de su salud: “Los únicos que me han ofrecido ir a un psicólogo han sido los Traperos de Emaús. Yo me he salvado por ellos y por mi red, porque siempre he estado metido en grupos de apoyo anarquistas y anticarcelarios”, determina.

Con este tipo de realidades conviven también desde la Asociación Solidarios para el Desarrollo, que trabaja tanto con personas en situación de calle como el colectivo de presos. Álvaro Crespo es el responsable de su programa ‘Cultura en Prisiones’: “Las conexiones entre el centro penitenciario y la sociedad funcionan con medios precarios. Hay personas que se quedan en un limbo de atención y que terminan en la calle por la falta de espacios a los que ir”, indica.

Este especialista en el sector admite que la institución penitenciaria ha afrontado un problema de salud mental entre los internos que “ya ha rebosado el vaso”. “La incidencia de problemas de salud mental entre las personas privadas de libertad puede triplicar a la de las personas del exterior”, cifra. El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, de la Confederación, apunta a que uno de cada tres presos ha sido diagnosticado de un trastorno mental. El Defensor del Pueblo también abordaba la problemática en su balance de 2025, donde señala el “problema estructural de la escasez de personal sanitario en prisión”.

Las dificultades para encontrar recursos

Instituciones Penitenciarias asegura a elDiario.es que ofertan programas formativos orientados a la población penitenciaria que los preparan para la libertad. Por otra parte, inciden en que su plantilla, entre la que se encuentran educadoras y trabajadoras sociales y psicólogos, “está orientada exclusivamente (por mandato legal) para intervenir con los internos mientras que se encuentran bajo” su “ tutela”.

Asimismo, detallan que “la excarcelación de las personas penadas se prepara desde los equipos técnicos, cuando las circunstancias lo requieren y especialmente en casos de personas con enfermedad mental”. Sin embargo, que lo requieran no significa que siempre lo permitan: “Los trámites a seguir en estas situaciones no los establece Instituciones Penitenciarias, sino los ayuntamientos y comunidades autónomas”.

Ante dicho extremo, añaden que “es innegable que hay serias dificultades de encontrar un recurso”. Por un lado, a la escasez existente, a nivel general de la sociedad, se unen las dificultades de ser personas que se encuentran cumpliendo una condena. Por otro lado, las profesionales no tienen un fácil acceso a los recursos comunitarios al pertenecer a diferentes administraciones, concluyen desde Instituciones Penitenciarias.