Dimite la mitad de la corporación municipal de Santiago tras ser condenados a nueve años de inhabilitación
La situación en el ayuntamiento de Santiago de Compostela se ha vuelto insostenible tras la dimisión en la tarde del lunes de los siete concejales condenados a nueve años de “inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público”. La decisión fue adoptada en una reunión a la que ha asistido el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda, y que se ha celebrado en la sede regional del partido.
A la salida de la misma, los siete dimisionarios han anunciado que, pese a renunciar a su acta, recurrirán la sentencia al considerarse “inocentes” de la condena por prevaricación impuesta por el juzgado de lo Penal número 1. En la sentencia se afirma que actuaron “injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad” a la hora de aprobar el uso de fondos públicos para pagar la minuta del abogado de Adrián Varela, concejal imputado en la Operación Pokémon que dimitió el pasado lunes 26 de mayo.
Con estas dimisiones, son ya nueve los cargos del gobierno conservador en la capital gallega que han abandonado sus puestos tras haber sido imputados o condenados por diferentes casos de corrupción. La Operación Pokémon ha desestabilizado por completo a la actual corporación municipal, que accedió al gobierno hace ahora tres años, después de tres décadas en la oposición.
Tras estas dimisiones, el PP se encuentre ahora ante el problema de cómo reemplazar a estos ediles. A los conservadores se les queda corta la lista que presentaron en mayo de 2011, y podría verse abocado a fichar personas externas. La posibilidad de fichajes externos está contemplada en la Ley de Grandes Ciudades, al tratarse Santiago de un ayuntamiento que ostenta la capital de la comunidad autónoma.
El PP gallego baraja esa opción para evitar verse abocados a una convocatoria electoral que les llegaría en su peor momento de valoración y apoyos. Dicho de otro modo, el PP de Feijóo quiere evitar a toda cosa perder terreno de poder, para lo que agotará todas las opciones que les ofrece la ley, antes de darle la palabra a los ciudadanos en las urnas.
