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Sobre este blog

La educación lo es todo y, en estos tiempos de desigualdad, la mejor herramienta para la justicia social. Te contamos cada martes desde las políticas nacionales del Gobierno hasta las pequeñas historias del último rincón del país, con especial atención a la pública como garante de la igualdad de oportunidades.

Imagen de archivo de un profesor impartiendo una clase en el Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra. EFE/Quique García

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España se rompe. Pero, a diferencia de cuando el PSOE la vende a trozos, se rompe de verdad. Por la universidad, en concreto. La mitad del país ya tiene como mínimo una parte de los estudios gratuitos, y unas cuantas comunidades autónomas subvencionan todo el grado o casi. Mientras algunos –Madrid sobre todo, Catalunya algo menos– pagan mil euros o más cada curso, otros ni uno.

Esta situación está provocando un debate por la vía de los hechos. Dado que los recursos son limitados, ¿debemos todos pagar por un servicio que solo utilizan el 40-45% de quienes pueden usarlo? ¿Debemos pagárselo a todo el mundo, sin criterios de renta como se está haciendo, pese a que en la universidad ya hay un sesgo de partida y la mayoría de quienes acuden son de un nivel socioeconómico alto?

Algunos piensan que no. “Pagárselo a todos es populista”, nos dijo Juan Hernández Armenteros, uno de los principales expertos del país en todo lo que tiene que ver con financiación universitaria. Este economista cree que de base la universidad debería tener su coste real (actualmente ni siquiera las comunidades más caras cobran más del 15%-20% de lo que les cuesta impartir un grado), pero a la vez establecer un fuerte sistema de becas que le financie los estudios a quien no pueda pagárselos, pero se los cobre a su precio a quien sí. Hernández tiene, con un colega, toda una propuesta elaborada para un sistema progresivo que se acompaña de ayudas económicas directas en función de la renta familia. La puedes consultar aquí.

Para los estudiantes el debate nace cojo si no se introduce también el factor oferta pública. Sabéis, hemos hablado de esto, que en la universidad pública hay un tapón importante motivado por la falta de plazas, que han provocado un aumento considerable de la nota de corte, lo que a su vez provoca que mucha gente con buen expediente se ve expulsada a la universidad privada. Y así importa poco si te pagan una universidad a la que no puedes ir y te tienes que gastar miles de euros en una que no te puedes pagar (y entonces los créditos para estudiar se disparan).

Otras vías abogan por incentivar con la gratuidad en los estudios con más empleabilidad (si los vamos a pagar entre todos, que sean los que más interesan/aportan a la sociedad, es el razonamiento) y advierten de que la gratuidad universal tiene otra ventaja, quizá menos evidente: ayuda sobre todo a la gente sin recursos, a quienes muchas veces la burocracia de las ayudas les expulsa de este tipo de procesos. Esto, que según dónde esté uno puede parecer improbable, pasa.

También hay quien piensa que sí debe ser gratis para todos. Un académico ahora metido transitoriamente a político, experto en lo público, me preguntaba al día siguiente de publicar si seria pensable hablar en los mismos términos y tener las mismas dudas del acceso universal y gratuito a la sanidad. Y argumentaba que sanidad y universidad se configuran en la constitución como garantías institucionales, no como un derecho.

Si se va a la raíz del debate, supongo que pocos rechazarían una universidad gratuita y universal, pero de momento la realidad es que los campus públicos están, en general, mal financiados, lejos del 1% del PIB que exige la ley universitaria, tienen mucha precariedad entre su profesorado y hay que elegir a qué se dedican los recursos. 

Os dejo el artículo, con los argumentos ampliados y más información.

Hablando de todo esto, el Gobierno acaba de aprobar la convocatoria de becas para el próximo curso. Es la mayor de la historia, con 2.559 millones de euros para un millón de beneficiarios, y ha subido un 83% desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Y eso también es una elección.

Esta semana hemos hablado de...

Esperabé, frente a una de las sedes de CCOO en Madrid.
  • Contra el distrito escolar único en Baleares. Hace no tanto Palma tenía ocho zonas escolares para que las familias tuvieran garantizada o casi una plaza en un centro educativo cercano a su domicilio. Luego pasaron a tres. Ahora son dos y el Gobierno regional quiere dejar solo una. Es una medida clásica del PP bajo el argumento de que otorga libertad de elección a las familias, el gran mantra educativo popular. Y será cierto, pero para las familias que pueden elegir y, sobre todo, que pueden desplazarse (es tiempo y es dinero) para ir a un colegio concreto. Para Alberto ha supuesto que se ha quedado sin plaza en los centros que le quedan a tiro de paseo y ahora le toca hacer media hora en coche. Si el ejemplo sirve de algo, Madrid, zona cero y pionera del distrito único, es la capital europea de la segregación escolar. Y no es una correlación, está estudiadísimo que es causal.
  • Tenemos muchos temas interesantes que no quiero dejar de contarte, pero tampoco me quiero extender muchísimo, así que te dejo los titulares:

Para subir nota

  • Por qué defender lo público ahora te convierte en un radical. Esta tribuna de opinión del profesor Enrique Díez no habla solo de educación, pero también. En el texto, Díez reflexiona sobre cómo desde la caída de la Unión Soviética, que ejercía de contrapeso, la ventana de Overton se ha desplazado tanto a la derecha que defender ideas que hasta hace poco eran parte del debate habitual hoy te convierte en un radical. Por ejemplo y aplicado a nuestro caso, plantear que la escuela concertada debería ser subsidiaria de la pública (su rol original) o incluso no ser. Y tranquilo si no sabes qué es la ventana de Overton, está explicado en el artículo, aquí.
  • Si no hay foto no hay acto. El País cuenta que la (medio) nueva consejera de Educación de Madrid, Milagros Zarzalejos, anunció al colegio Pintor Rosales, de Madrid, que pensaba acudir el próximo día 20 a un acto en el centro en el marco del programa Auxiliares de Danza, que realiza la Comunidad de Madrid. Para ello, se pidió a las familias que firmaran una autorización para que se pudiese grabar a sus hijos o estos no podrían participar del acto. Pocas la concedieron, aún así. Cuando se le notificó a la consejera, anuló su presencia. Sin fotos, sin propaganda, no hay política.

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