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Podemos pide a la Cámara de Cuentas que fiscalice a los institutos vinculados a la Universidad Rey Juan Carlos

Solicitan ante la mesa de la Asamblea de Madrid que se analicen las memorias económicas de los institutos y organismos dependientes de la URJC

Entre las peticiones, requieren que se audite al Instituto de Derecho Público, organizador del máster de Cristina Cifuentes, desde el 2006 hasta el 2014

"Estamos seguros de que esas malas prácticas son la excepción, pero tenemos el deber de poner luz y taquígrafos en esta Universidad", apuntan desde el partido político

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Fachada del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos

Fachada del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos L.G.

Podemos presentará este lunes varias peticiones ante la mesa de la Asamblea de Madrid para que la Cámara de Cuentas fiscalice las memorias económicas de los institutos y organismos dependientes de la Universidad Rey Juan Carlos.

El diputado regional Eduardo Fernández Rubiño y la portavoz del grupo Lorena Ruiz-Huerta registran este lunes una serie de peticiones, a las que ha accedido eldiario.es, para que esta Cámara audite las cuentas de los organismos asociados a la URJC: el Instituto Universitario Alicia Alonso, el Instituto Universitario de Derecho Público –que expidió el máster de Cristina Cifuentes–, el Instituto de Humanidades, Instituto Universitario de Estudios Jurídicos Internacionales, el Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica, la Fundación de la Universidad y la Fundación de la clínica universitaria.

Este grupo político solicita que se fiscalicen las cuentas del Instituto de Derecho Público (IDP) desde el año 2006 hasta el 2014. Este periodo engloba a la época en la que Cristina Cifuentes estuvo cursando el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico. El Instituto se creó en 2001 y fue aprobado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Cuenta con autonomía de gastos e ingresos sin tener que rendir demasiadas cuentas a la Universidad.

Su fuente de financiación, además de la propia Universidad Rey Juan Carlos, son subvenciones públicas, privadas o cualquier ingreso por organización de seminarios, cursos o conferencias o matrículas de alumnos. Cuánto ha recibido y gastado cada año el Instituto es un misterio, al menos para el ciudadano. Según informó eldiario.es, las memorias de actividades que van de 2007 a 2012  ya no se pueden consultar en su web. Las que no dan error, hacen un somero repaso de algunas subvenciones para cursos pero nada parecido a un balance de gastos e ingresos serio.

Sin embargo, Álvarez Conde aseguró a esta redacción que opera con "transparencia absoluta". Preguntado por dónde están las cuentas, responde que están en papel y que las ha entregado a la Comunidad de Madrid y la URJC, los organismos fiscalizadores.

Cuestionan al consejero de Educación

"Estamos seguros de que esas malas prácticas son la excepción, pero tenemos el deber de poner luz y taquígrafos en una Universidad que ha quedado seriamente en evidencia en las últimas semanas", explica el diputado promotor de esta iniciativa, Fernández Rubiño. Además, destaca que la auditoría de las cuentas de estos institutos "es una tarea que el Consejero de Educación [Rafael] Van Grieken debería haber impulsado tal y como corresponde a su cargo, pero ya que ha demostrado una nula intención de asumir su responsabilidad hemos decidido emprender esa investigación nosotros".

Sobre las actividades económico del director del IDP,  La Sexta informó que este catedrático  pagó 8.800 euros en 2017 a su hija con fondos del propio instituto por una supuesta colaboración. Álvarez Conde realizó cinco pagos a su vástaga a pesar de que esta profesional no es experta en derecho y se ha formado en otra especialidad muy distinta, ingeniería de materiales.

Podemos también ha requerido a la Cámara de Cuentas que fiscalice las actividades económicas del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales entre 2006 y 2014. eldiario.es ya informó que este organismo, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos, tiene pendientes de devolver 670.000 euros de los 770.000 que le concedió entre 2008 y 2011 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para llevar a cabo tres proyectos en Mauritania.

Fernández Rubiño y Ruiz-Huerta también han requerido que se fiscalicen las cuentas de varios organismos universitarios más. Entre ellos, se encuentra el Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados, el Centro Universitario de Estudios Turísticos, el Centro de Estudios de Economía de Madrid, el Centro de Estudios de Iberoamérica, Centro para las Tecnologías Inteligentes de la Información y sus Aplicaciones y el Centro de Estudios del deporte Centro Integral de Formación Permanente.

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