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La mayor universidad de España elige rector en medio de la pérdida de prestigio y recursos de la educación superior pública

Universidades públicas: menos profesores, más envejecidos

Daniel Sánchez Caballero

La universidad más grande de España, que todavía es una institución pública, elige rector. El próximo miércoles, trabajadores y estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid están llamados a las urnas para determinar quién va a guiar los destinos del centro en un proceso que está obligado a abordar temas que afectan a la Universidad en general y, aunque cada centro es un mundo, marcan el horizonte a medio plazo de la educación superior. 

Carlos Andradas, catedrático de Álgebra y actual rector, se enfrenta a Joaquín Goyeche, profesor en Veterinaria, en un momento en el que la universidad se encuentra en el punto de mira de la sociedad por diferentes cuestiones. Entre ellas, la pérdida de prestigio por casos como el máster de Cifuentes, Montón o Pablo Casado, la precariedad de muchos docentes tras años de recortes y la imposibilidad de renovar las plantillas, las adjudicaciones de plazas. También la financiación de las universidades; el cambio (o no) de la estructura de los grados del 4+1 al 3+2 y la participación de los estudiantes en la vida de los campus. Además de la pérdida de alumnado que están sufriendo las universidades públicas en favor de las privadas, especialmente en los másteres. Cuestiones comunes a todas la universidades españolas.

El profesorado

Años de recortes y la imposición de una tasa de reposición del funcionariado del 0% (esto es, no se podía reponer las jubilaciones de profesores) formaron un cóctel que le ha estallado a las universidades en la cara. Sin fondos por la caída de la financiación pública (perdieron un 27% de sus fondos entre 2008 y 2015) ni posibilidad de contratar de manera estable, los centros han tenido que tirar de profesores asociados, una figura pensada para complementar la docencia con expertos, pero que se ha convertido en casi estructural en la docencia de muchas universidades.

Andradas admite que han recurrido “a veces” a profesores asociados “que no deberían estar en esa figura”. Goyeche sostiene que “los verdaderos asociados son necesarios”. El problema para este candidato es que se está “pervirtiendo la figura del asociado, que está sustituyendo al permanente que se jubila”. El actual rector añade que están “poniendo en marcha cada año un cupo de plazas para estabilización de los asociados. Hay que ir ajustando la figura del asociado a lo que es su espíritu”.

El envejecimiento de las plantillas también sobrevuela las elecciones. “Somos una universidad muy envejecida y va a tener consecuencias en un futuro no muy lejano”, opina Goyeche. “Como no tenemos profesores en formación, porque no se ha abordado la cuestión estos años, tendremos un vacío de años con docentes que no tendrán la formación necesaria para impartir la docencia que exigen nuestros estudiantes. Se han sacado plazas de ayudante doctor en el último año y se han dotado sin criterios de fortalecimiento de áreas o necesidades académicas, sino con procedimientos electoralistas”, argumenta.

Andradas defiende que “se han renovado las plantillas con los planes de actuaciones de profesorado y de choque que tenemos que seguir montando. Hemos empezado a ejecutar las ofertas de empleo público que nos han permitido consolidar a trabajadores en precario y promocionado a personal”.

La financiación

Las universidades han perdido mucho dinero con la crisis. En todo proceso electoral que se precie, los candidatos hablan de renegociar las fórmulas de financiación. Andradas lo hizo en 2015: admite que no ha podido conseguirlo. Los dos aspirantes coinciden en este aspecto: es necesario aumentar la financiación y, sobre todo, que sea estable y no quede al albur del gobierno autonómico de turno año tras año. ¿Qué opinan los candidatos de ligar la financiación a objetivos, una de las fórmulas que parece gustar en la Administración?

Los dos se muestran de acuerdo en diferente grado. Andradas cree que “el problema que tenemos es fijar la línea de partida. Incluso para determinados objetivos, hay que tener unas condiciones iniciales que los hagan posible, si no estás condenado al fracaso. Pero no a posteriori: si estás en una situación de partida en la que sabes que no vas a llegar”.

Goyeche también se muestra dispuesto, aunque con más matices: “No me dan miedo. Somos competitivos, aunque debemos serlo hasta cierto punto. Somos una universidad pública y tenemos un fin social, tenemos que formar a profesionales en áreas que no nos van a colocar en los ránkings”. Lo que surja en La Complutense puede marcar una pauta más general.

La fuga de alumnos en los másteres

Las universidades están perdiendo la carrera por los másteres con las privadas, entre otras cuestiones por la subida del precio de la tasa pública. Y con ello, además de perder base de alumnado, también pierden un buen pellizco de financiación, toda vez que los posgrados son sensiblemente más caros que los grados. “Tendremos que hacer una revisión de la oferta. Muchos másteres están pensados como un 5º curso [de los grados de cuatro años], pero ahora los estudiantes buscan más algo que les dé valor añadido, empleabilidad o técnicas concretas aplicables. Y las privadas han sabido transmitir ese mensaje”, explica Andradas. “También porque garantizan un cierto ambiente y que vas a conocer a determinada gente que facilitará tu inversión”, reflexiona.

Su competidor coincide en que las universidades privadas están comiendo terreno. Goyeche cree que el problema es que las universidades públicas han estado en su “espacio de confort a espaldas del tejido productivo y las administraciones” y las privadas les han pisado el terreno. “Su discurso es que los estudiantes salen muy bien colocados, pero la empleabilidad de las públicas es altísima en muchos casos también. Todo es comunicación y prestigio”, opina.

El prestigio

Otro de los elementos que se ha visto tocado estos últimos años. El caso Cifuentes, el caso Montón (en ambos casos obtuvieron sendos títulos con la ayuda de profesores y funcionarios y sin acudir a clase), el caso Casado o incluso la salida y adjudicación de plazas docentes han puesto en la picota a las universidades públicas en su conjunto y el ciudadano ha perdido confianza en la institución.

Estos catedráticos difieren. Andradas no hablaría de “una pérdida de prestigio generalizada, aunque es cierto que cualquier incidente puede minar la credibilidad, y la reputación es algo que tarda años en fraguarse, pero se puede perder en minutos”. Pero también cree que “se han tomado las medidas que se debían, y me gustaría defender la reputación de las universidades públicas. Siempre digo que no se ha valorado lo suficiente la contribución que han hecho al proceso de cambio de este país en la transición democrática en cuanto a la igualdad de oportunidades o el papel de la mujer en la sociedad”.

Goyeche sostiene que las universidades están más tocadas de lo que Andradas admite. “Ha habido muchos escándalos y se ha depreciado en general lo que es un título universitario, sobre todo los doctorados y másteres”, arranca. “Se expenden títulos con una facilidad pasmosa, el mapa de titulaciones es una locura y la oferta de grados y nacimientos de facultades está fuera de control porque no hay un organismo central que dirija. No es bueno”, opina.

Reestructuración departamental

El gran tema del mandato de Andradas al frente de la Complutense. El actual rector decidió reestructurar los departamentos y facultades de la universidad para conseguir una estructura “más racional, que dé mayor valor académico y sea más eficaz”. La operación consistió, básicamente, en fusionar departamentos demasiado fragmentados y, en ocasiones, pequeños, según Andradas. “La estructura de 185 departamentos era excesivamente fragmentada, en muchos casos fruto de razones extraacadémicas y no favorecía la interacción académica y científica. El Consejo de Gobierno lo entendió así y aprobó de manera abrumadora (sin ningún voto en contra y sólo una o dos abstenciones) la reordenación en 97 departamentos”, recuerda.

El plan levantó ampollas en ciertos sectores. Goyeche es uno de los descontentos. “Se ha empeorado las condiciones de trabajo del PAS y el PDI y por tanto la calidad de la docencia. La reestructuración se hizo sin seguir la normativa vigente, basándose en criterios numerísticos y sin el consenso suficiente. No se ha logrado el objetivo, que teóricamente era potenciar las sinergias entre departamentos”, valora.

Andradas agradece que la comunidad universitaria ha realizado la transición “con tranquilidad”. Sin embargo, concede que el plan necesita una evaluación. “Sería utópico pensar que hemos acertado a la primera. Creo que se han corregido  problemas endémicos de espacios muy pequeños, y estoy convencido de que fruto de ello surgirán proyectos de investigación e innovación docentes muy interesantes”.

El Cunef, universidad privada

En los últimos meses, la Complutense se ha visto salpicada por la conversión de uno de sus centros adscritos, el Cunef, a universidad privada con el visto bueno de la Asamblea de Madrid. Para la universidad, que está litigando por el tema, ha supuesto un quebranto.

Desde el equipo de Goyeche acusan a Andradas de haber hecho posible el paso del Cunef de centro adscrito a universidad privada. “Es el propio equipo rectoral actual el que facilitó el hecho cambiando el adjudicatario [en 2016] cuando se sabía desde 2014 que el motivo de la existencia de Cunef era ser una universidad privada. Y se hizo sin consultar al Consejo de Gobierno. Y tener una universidad privada en los terrenos de la Complutense va a crear muchos problemas, como una competencia desleal, porque usarán títulos hechos con el apoyo de la Complutense, nuestras instalaciones, etc.”.

Andradas replica que lo explicó en el Consejo de Gobierno. “Es un cambio administrativo. La concesión inicial estaba hecha a Cunef y en un momento determinado pasó a llamarse Cunef SL. Recogimos eso. La modificación tiene exactamente una página. Y es precisamente esta modificación, aunque fuera casi de rebote, la que nos está permitiendo hacer las acciones pertinentes para la extinción del convenio para, al menos, recuperar el suelo”.

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