Casi tres millones de menores españoles ven vulnerados sus derechos a diario

Sonia, de 13 años, y Carla, de 11, no quieren volver a su casa. Creen que es la culpable de que su padre ya no esté, cuenta Patricia, su madre. La vivienda en la que las niñas habían crecido y que dio la bienvenida a su hermano pequeño, de dos años, se convirtió en el foco de los lamentos de la familia. Los padres perdieron el empleo y no había forma de pagar las facturas. Se ahorraba en todo, las hermanas tuvieron que dejar las clases de ballet, se repetían los macarrones más de la cuenta y hasta les cortaron la luz.

“Mi marido no pudo más, en junio le dio un infarto fulminante y murió”, cuenta Patricia. La mujer ha visto cómo la calidad de vida de sus hijas caía en picado hasta pasar a engrosar los 2,8 millones de niños en riesgo de pobreza en España. “Al Estado no le importamos nada. Solo somos números, estadísticas, pero no les interesa el nombre del niño que pasa hambre”.

El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Niño para recordar que, hace 25 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por primera vez a los niños y niñas como agentes sociales y titulares de sus propios derechos. La Convención de los Derechos del Niño supuso “un paso fundamental” para que los países regulasen y mejorasen la protección a la infancia en sus territorios, afirma Marta Arias, directora de Sensibilidad y Políticas de Infancia de Unicef. El tratado –el más ratificado en la historia de la ONU– es de obligado cumplimiento para los países firmantes, entre los que se encuentra España.

Pero hay hogares, como el de Sonia y Carla, que tienen poco que celebrar. Aunque los avances desde 1989 son innegables, el aniversario coincide con una tendencia de recorte de inversión en la infancia (14,6% desde 2010) y de reducción de las políticas sociales cuando más lo requieren las familias golpeadas por la crisis económica. La combinación tiene graves consecuencias en España, entre ellas, una escalada en los índices de pobreza, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

La voz de Patricia (que al igual que sus hijas aparece con nombre ficticio) se quiebra cuando recuerda su vida antes de la crisis. “Nos íbamos de vacaciones 15 días en verano, ayudaba a las niñas a hacer los deberes, iban a ballet, que les encantaba”, dice. Todo eso terminó. Al principio se quitaron los gastos más superfluos, como la televisión por cable o el bono del parque de atracciones, pero después tuvieron que ahorrar en bienes de primera necesidad.

Sonia, en plena adolescencia, llevó peor abandonar el ballet. Se enfadaba con su madre por no poder salir con las amigos para ir al cine. Cuando Patricia no podría pensar más que en cómo convencer al banco para que les aprobasen una dación en pago de su vivienda, las niñas protestaban porque nunca encontraba un segundo para ayudarlas con las tareas escolares. “Me daba vergüenza hasta ir a ver a las profesoras, porque mis hijas habían llevado siempre los deberes hechos”, cuenta Patricia.

Pero, “tuvieron que madurar y entender”, dice su madre, que junto a su pareja, explicaron a sus hijos que había que arrimar el hombro porque no llegaban a fin de mes. “Se te hace duro, pero ellos lo ven y es mejor ser sinceros con el problema”, explica Patricia.

Por ello, en Unicef hablan de conmemoración más que de celebración. “Ningún país puede decir al 100% que cumpla los derechos recogidos en la Convención. En España no hemos sido capaces de dar a la infancia la importancia que merece”, lamenta Marta Arias. Cuando acabaron los años de bonanza, no ha habido un sistema social sólido que permitiese garantizar los derechos de los niños.

La pobreza: el principal reto

La organización Save The Children presentó en enero un informe sobre pobreza infantil centrado en la vulneración de los derechos del niño. Porque detrás de una alimentación insuficiente, de no poder salir con los amigos o de abandonar una vivienda en un desahucio queda mancillado el derecho “a beneficiarse de un nivel de vida adecuado” (art. 27), “a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio” (art. 16) y “al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales” (art. 31), entre otros.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y la red Enclave denuncian la violencia que suponen los desahucios para los niños y niñas, con motivo de este aniversario. Los activistas critican que los bancos sigan expulsando a familias con hijos de sus casas —vulnerando así derechos básicos— y que las medidas del Gobierno para proteger a los menores se limiten a ciertas edades, por ejemplo, en la moratoria a la que se pueden acoger las familias con hijos menores de tres años.

Unicef plantea dos retos fundamentales en los que debe trabajar España: la pobreza infantil y el fracaso escolar. “Muy relacionados entre sí”, apunta Arias. En la agencia de la ONU advirtieron desde 2008 del problema de la pobreza infantil, “que superaba el 24%”. “Creemos que son una población muy vulnerable, al igual que las personas mayores, y que necesita una protección similar al Pacto de Toledo que se hizo con las pensiones”, afirma Arias. Un pacto de Estado, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, que se mantenga en el tiempo.

Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, admite que el aniversario tiene muchas sombras. Considera que hay proyectos normativos interesantes en los que trabaja el Gobierno, “como el anteproyecto de protección a la infancia, con avances sobre todo en materia de violencia”, como la consideración de víctima en casos de violencia de género. Sin embargo, propone dar un paso más en este sentido a través de una ley integral contra la violencia a los niños. “Que se consiga la prevención y la reparación de las víctimas que ahora mismo es un aspecto que no está suficientemente abordado”, añade Sastre.

Los siempre olvidados

El Día Internacional del Niño siempre ha tenido una lista de olvidados. Ese porcentaje de pobreza estructural en España que recuerda Unicef es un ejemplo de ello. Antes de que la mayoría de los españoles viese empeorar su nivel de vida, ya había hogares en los límites del sistema, lidiando con la exclusión social. Por ejemplo los menores extranjeros no acompañados (MENAS), los que viven en infraviviendas o las víctimas de trata. “Estos menores son invisibles, ni siquiera aparecen a veces en las estadísticas de pobreza infantil”, dice Ana Sastre.

Bâhir (nombre ficticio), por ejemplo, llegó solo a Canarias desde Guinea Conakry con 16 años pero sin pasaporte. La Fundación Raíces recogió su historia en el informe Sólo por estar solos en el que denuncia el maltrato institucional que soportan estos menores extranjeros no acompañados. El Estado debe responsabilizarse de ellos gracias, entre otras normas, a la Convención de los Derechos del Niño.

Sin embargo, las ONG denuncian los intentos de las autoridades de desentenderse de sus obligaciones a través de prácticas como las pruebas de determinación de la edad cuando desconfían de la minoría de edad de los jóvenes. Bâhir fue expulsado de un centro de protección de menores de la Comunidad de Madrid tras uno de estos exámenes médicos, que concluyó que el chico era mayor de 18 años. Su pasaporte no fue prueba suficiente para aquellos que debían protegerle, que incluso lo denunciaron por falsedad documental. Dos años después, y gracias a la pelea en los tribunales de la Fundación Raíces, la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba la validez de sus papeles y daba la razón al joven: había entrado en España con 16 años.

La vía judicial también consiguió frenar las repatriaciones de estos menores sin garantías y las pruebas de edad cuando los chicos portan documentación válida. Las conquistas se alcanzan poco a poco y con esfuerzo. En la actualidad, varias organizaciones presionan para que se apruebe una ley integral contra la trata, asignatura pendiente en España. El Gobierno tampoco ha aprobado el nuevo plan contra este tipo de explotación, desde que finalizase hace más de dos años el primero. El artículo 35 de la CDN recoge: “Es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenir la venta, el tráfico y la trata de niños”.

El derecho a la educación de todo menor, independientemente de su estatus administrativo, parece borrarse de la memoria cuando afecta a los más olvidados. En España hay menores que, aunque quieren ir a la escuela, no pueden hacerlo. El Gobierno bloquea su matriculación en los colegios por no contar con el empadronamiento, como publicó eldiario.es. Hablamos de los hijos de aquellos marroquíes que, aunque tienen permiso para trabajar y comprar en Ceuta, no pueden vivir en la ciudad autónoma pero, por diversos motivos, lo hacen. Son, por tanto, inmigrantes en situación irregular a los que se les impide su inscripción en el censo.

La ONG Digmun ha contabilizado y documentado los casos de 40 niños que no pueden ser escolarizados por este motivo. La hija de Latifa es una de ellos. Cada vez que intenta escolarizar a su hija de nueve años, se choca de bruces con la negativa. “He intentado matricularla en muchos colegios, pero nada. 'El padrón, el padrón... En todos los centros me piden el padrón, pero luego no me dejan empadronarla”, describía hace unas semanas.

Aunque la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica del Menor determinen que todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público, independientemente de su estatus administrativo, pasan los años y continúan sin recibir una educación reglada.