Fernando Simón defiende en The Lancet la respuesta de España a la pandemia pero lamenta el “clima de confrontación”

Fernando Simón y parte del equipo que dirige en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) –entre ellos su segunda, María José Sierra– y de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad han publicado este miércoles una carta en la revista científica The Lancet abordando algunas de las posibles causas de los datos de COVID-19 en España y defendiendo aspectos de la gestión de la administración tanto central como autonómica, especialmente en el diagnóstico y rastreo de la enfermedad. También apuntando a las dificultades que han surgido del ambiente político y social polarizado durante la crisis.

En concreto, “España aumentó considerablemente su capacidad de respuesta tras la primera oleada de este virus”, dice, y con “una estrategia mejorada de prueba-rastreo-aislamiento” se llegó a diagnosticar con PCR a “más del 80% de los pacientes sospechosos” y a rastrear al 90% de los contactos de positivos –citan para ello un informe aún sin publicar–. Pero “persisten debilidades en el sistema, una desinversión crónica en atención primaria, salud pública, digitalización, investigación e innovación, muchos trámites burocráticos y poca disponibilidad de profesionales capacitados”. A su vez, lamentan que “la politización y el clima de confrontación” ha causado que “la comunicación eficaz de la crisis esté siendo un desafío”. También que “probablemente” esté perjudicando “los esfuerzos de respuesta”.

“Un inicio más temprano de la segunda ola epidémica de COVID-19 en España en comparación con otros países europeos ha generado críticas abiertas a la respuesta de las administraciones de salud pública. Queremos contribuir a este debate de manera constructiva, compartiendo nuestra perspectiva como profesionales involucrados en la respuesta, aunque muchos aspectos están fuera de nuestra competencia directa”, comienza la misiva. Pasada la primera ola, “la capacidad de hacer PCR era similar a las de otros países y se ha fortalecido aún más, con una tasa nacional de pruebas semanales actual de 2.563 por 100.000 habitantes”, argumentan, “y la fuerza de trabajo de salud pública se ha triplicado”. Calculan que actualmente, en plena segunda ola, se detecta a entre el 60 y el 80% de los infectados. Se basan en el estudio de seroprevalencia del Ministerio, aunque la segunda tanda de este tiene que publicarse este diciembre.

Simón y su equipo del CCAES defienden que “todas las estrategias y protocolos se integraron en un plan de respuesta temprana actualizado y adaptado a nivel regional. Incluye disposiciones para aumentar la vigilancia epidemiológica, todos los procedimientos de prueba-rastreo-aislamiento, las reservas estratégicas y la capacidad de asistencia sanitaria. Fue adoptado en julio”. Se refieren al plan que presentó el Ministerio en verano para hacer frente a esa entonces ya probable segunda ola de COVID-19. En octubre fue actualizado para detallar más qué medidas debían tomar los gobiernos regionales y a partir de qué niveles de incidencia, positividad o presión hospitalaria, porque la primera versión no contenía indicadores concretos.

“Se están tomando decisiones difíciles, sopesando la evidencia científica, las incertidumbres, la viabilidad y los costes”, siguen. Sostienen igualmente que la colaboración entre administraciones, sociedades científicas y expertos externos está siendo constante, con reuniones a todos los niveles “al menos una vez por semana” –todos los miércoles se reúne el Consejo Interterritorial, un encuentro entre el ministro Salvador Illa y los consejeros autonómicos de la rama, al que también acude Simón–-

El equipo del CCAES y de Salud Pública, aunque argumentan que se da información detallada sobre la pandemia, reconocen que “la mayor disponibilidad de datos detallados puede ayudar a fortalecer la participación de la comunidad científica y aumentar la confianza del público” y que por tanto “se está trabajando en esta dirección”. También hablan del proceso de evaluación de la gestión que ya está en marcha, y que pidieron un grupo de científicos del más alto nivel ya en verano al Ministerio. Está “en curso”, escriben. El ministro Illa se comprometió a ello y creó un grupo de trabajo con las autonomías para comenzar a diseñar esa evaluación, aunque un primer planteamiento debía haber estado listo hace casi un mes, según los plazos que puso el propio Ministerio.

Ese tipo de exámenes y otras investigaciones “pueden aclarar aún más los principales factores que influyen en la progresión de la epidemia y los cambios a corto y largo plazo que son más necesarios”. Por ejemplo, a conocer si en el avance de la pandemia en España han influido factores como “desigualdades estructurales”, “la edad de la población” –recuerdan que la de España es una de las poblaciones más envejecidas del mundo–, “los límites de las políticas del estado de bienestar” o “las altas tasas de movilidad interna”. “En el escenario actual, mantener y fortalecer aun más las capacidades de respuesta son desafíos en los que estamos involucrados”, con el reto de controlar la “fatiga pandémica”. La carta concluye así y recordando la “politización y el clima de confrontación”.

La revista The Lancet había publicado ya varias cartas referidas a España, entre ellas dos de los científicos que pidieron esa evaluación externa. También un editorial sobre la desescalada en España.