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España sí puede tener jueces invidentes

Gabriel Pérez llevaba desde julio esperando que la Justicia le diga si podría ser juez siendo invidente

Prado Campos

Han sido casi diez meses de espera para conocer una respuesta. Un sí o un no que podía determinar el futuro de Gabriel Pérez Castellanos y de cualquier invidente que se plantee, al acabar la carrera, opositar a la judicatura. Y sí, casi diez meses en los que el caso de Gabi, vallisoletano de 23 años, licenciado en Derecho e invidente total, ha pasado de unas manos a otras, la justicia ha determinado que España puede tener jueces invidentes.

Ayer por la tarde finalmente la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó por unanimidad a favor del informe favorable presentado por uno de sus cinco vocales, Juan Manuel Fernández y a su vez presidente del Foro Justicia y Discapacidad, y resolvió que Gabi tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ser juez. De hecho, ha decidido que no es ni siquiera necesario un cambio legislativo. Por tanto, si Gabi aprobara las oposiciones (ese derecho nadie se lo negaba), se podría convertir en el primer juez invidente de España. Eso sí, matiza, siempre en “puestos compatibles o adaptados a sus capacidades”.

Gabi recibió ayer la noticia acabando un trabajo para el Máster en Derecho Laboral que está estudiando en Garrigues con una beca de la Fundación Diversia. “Lo tenemos que entregar mañana y aún estamos en ello”, explicaba a eldiario.es. “Ha llamado el jefe de Comunicación del CGPJ a change.org y se lo ha comunicado. Es una victoria de toda la gente que me ha apoyado y una opción de fururo para mí y para todos los que vengan detrás”, aseguraba.

Respecto a esa coletilla de puestos compatibles, afirma que está contento por la respuesta afirmativa y que “la música suena bien” y añade: “Supongo que se referirá a un apoyo en medios técnicos y humanos, y me parece lógico, pero preguntaré de qué se trata exactamente”. Antes de empezar con el máster, para Gabi la primera opción eran estas oposiciones y, aunque reconoce que a día de hoy las circunstancias han cambiado, lo cierto, añade, es que “me lo puedo plantear porque ahora sí es una opción real. Me atrae mucho y lo valoraré y lo decidiré”.

El documento elaborado por Juan Manuel Fernández, y acogido por la Comisión Permanente del CGPJ, recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos, y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Además, y centrándose en el Principio de Inmediación, el vocal defendía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de modo insustituible” y más con los medios tecnológicos actuales (documentos digitalizados y convertibles a audio o sistema de Braile al instante, por ejemplo) que, explica el CGPJ en nota de prensa, hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes. Algo que el propio Gabi ya defendía cuando contaba a eldiario.es el mes pasado que “ahora mismo con la tecnología podría perfectamente”.

La comisión también agrega que no puede considerarse que la vista sea un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, considerando el oído un sentido más importante, como reconocen las leyes procesales, a la hora de valorar evasiones en las respuestas, titubeos o vacilaciones. Aunque sí admite que algunas fuentes de prueba solo son apreciables a través de la vista, y citan como ejemplo el reconocimiento de un terreno a efecto de deslinde, pero “no es suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial”.

“114.000 firmas lo han conseguido”

El caso de Gabi comenzó en junio del año pasado. Acaba de finalizar sus estudios de Derecho y se planteó como mejor opción presentarse a las oposiciones para juez. Pero antes de ponerse a estudiar, acudió a la Audiencia Provincial de Valladolid para preguntar si siendo invidente total podía ejercer como juez. De este modo, Gabi escribió al CGPJ con una simple pregunta: ¿Puede una persona ciega como yo ejercer las funciones de magistrado?. Pero la respuesta comenzó a demorarse. Debía llegar en un mes y en agosto le llaman, nos explicaba, y le dicen que su caso saltaba al Ministerio de Justicia. El plazo se ampliaba de nuevo a septiembre.

Entre tanto, crea una petición en change.org, que hoy cuenta con el apoyo de más 114.000 personas, y los medios de comunicación nos hacemos eco de su historia. Y el caso se reactiva. Vuelve al CGPJ, se retira un informe anterior que era desfavorable y no se llegó a debatir y, con la llegada de los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, su nuevo presidente, Carlos Lesmes, encarga a Fernández redactar un nuevo informe, esta vez favorable, que se votó ayer haciendo historia, porque la duda planteada por Gabi no es la primera vez que se tenía que estudiar en España. Hace 25 años, recoge la agencia Efe, un joven llamado Mariano Ruiz se presentó a las oposiciones a fiscal pero en el reconocimiento médico fue sacado del proceso de selección por sus limitaciones en la vista. Ahora trabaja como técnico superior en la ONCE y, explicaba, olvidó ese revés gracias a sus éxitos deportivos en los Juegos Paralímpicos donde consiguió cinco medallas de oro en atletismo. “Obviamente la petición y el ruido mediático han sido determinantes. Mi sensación era que todo el mundo se pasaba la pelota y todo se reactiva con la petición en change.org El CGPJ lo ha entendido y 114.000 firmas lo han conseguido”, añade agradecido.

Con esta resolución, España se suma a la lista de otros países del mundo donde los invidentes pueden ser jueces como Brasil, Perú, Reino Unido, Países Bajos o Austria, que ahora está también resolviendo la cuestión, y cuyo derecho a ejercer está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006 y ratificada por España.

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