El Gobierno inicia la reforma universitaria con la que pretende acabar con la precariedad docente

A por la tercera ley universitaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), una norma con la que el ministro, Manuel Castells, pretende renovar la Universidad 20 años después de la última ley y que se centra, según explicó en rueda de prensa, en la mejora de la calidad de los centros, la situación laboral del profesorado –uno de los grandes problemas en los campus por la precariedad, tras haberlo intentado mediante una norma específica que fue rechazada una y otra vez por la comunidad universitaria–, y otros aspectos como la mejora de la equidad y el acceso, los derechos de los estudiantes o el sistema de elección del rector, que dejará de ser un cargo exclusivo de catedráticos y pasará a serlo por méritos laborales.

El Ministerio de Universidades reconoce en la nota de prensa que ha difundido tras el Consejo de Ministros que las “limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (...) han provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario”.

El texto, que probablemente pasará a ser conocido como ley Castells, tiene por delante todavía un buen recorrido parlamentario antes de ser una realidad legal. Tras la aprobación de este martes la ley pasa a consulta pública y de ahí irá al Parlamento con todos sus trámites. Para sacarlo adelante, el Gobierno tendrá que convencer a algunos de sus apoyos habituales en el Congreso.

El anteproyecto también apuesta por un cambio en la manera de enseñar en la Universidad para favorecer “la reflexión”. Se lee en su exposición de motivos: “La autonomía del aprendizaje en un entorno digital permite al profesorado centrarse en guiar la reflexión superando el papel tradicional de control de la memorización, habida cuenta la disponibilidad y accesibilidad de la información a través de Internet”.

Algunas novedades, otras no tanto

Varias de las novedades que ha presentado el ministro durante la rueda de prensa no son tales. Castells ha empezado haciendo referencia a la “mejora de la calidad” de las universidades, aspecto que ya se recoge en un Real Decreto de creación de universidades que ya está publicado en el BOE hace meses. Otra de las patas de la nueva ley, “la vinculación con la economía y el empleo”, se presentó en su momento en la ley de Formación Profesional (FP), que le lleva unas semanas de ventaja a esta en el trámite parlamentario y por la que se facilitarán las pasarelas entre Universidad y FP Superior, y otras atañen a las becas, que van por otro lado.

Una de las principales novedades que recoge la ley es el intento del ministerio por “acabar la precariedad del PDI”, según ha valorado Castells. Para ello, además de algunas disposiciones en lo relativo a la proporción de funcionarios y contratados en plantillas –que ya recoge el decreto de creación de centros–, uno de los principales cambios viene de que las comisiones de selección que otorgan las plazas convocadas tendrán una mayoría de personal ajeno a la universidad, una medida que Castells pretende acabe con la habitual práctica de otorgar estas plazas en su mayoría a gente de la casa (más de un 70% de los profesores universitarios trabaja en la misma universidad en la que obtuvo el doctorado).

Castells también quiere abordar la situación del profesorado asociado, la más precaria de las figuras, totalmente desfigurada respecto a lo que se espera de ella, y la que más ha crecido en los últimos años como consecuencia de la caída de la financiación de los centros. Para ellos, ha explicado el ministro, se reservará un 15% de las plazas convocadas para quien sume cinco años de relación con su universidad. Pero solo para los doctores. Para los no doctores se crea la figura del Profesor Contratado No Doctor, para psersonas que también hayan tenido esta relación de cinco años con su centro pero no tiene el doctorado.

El anteproyecto establece tres tipos de profesorado universitario, con lo que se pretende simplificar la panoplia de contratos que existe ahora: habrá ayudante doctor, titular y catedrático. Según ha explicado Castells, también se creará una carrera laboral equivalente y paralela para no funcionarios. Además, se establece una temporalidad máxima del 20% para el Personal Docente Investigador (PDI, el grueso del profesorado universitario, hasta ahora puede suponer el 40% y de media está por encima) y se establece la posibilidad de que los doctorandos (quienes están preparando su tesis) tengan contratos temporales, limitados a tres años, mientras finalizan su tesis.

Las novedades también alcanzan a la gestión de las universidades. Una de las más llamativas es que Universidades pretende acabar con el requisito de que para ser rector sea necesario ser catedrático, como sucede ahora. “Será funcionario o funcionaria, pero en lugar de rango contarán los méritos académicos en la capacidad de gestión”, ha explicado el ministro. Esto es, cualquier profesor que sea funcionario, tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y que además “haya desempeñado cargos de gestión en dirección de la universidad, departamentos, decanatos o vicerrectorías durante al menos cuatro años” podrá optar al máximo cargo universitario, que durará seis años. La nueva ley también permitirá a las universidades mantener el actual modelo de elección o crear un comité de elección que dirija el proceso.

Mejorar la equidad

“La nueva LOSU incorpora diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones”, explica Universidades en su nota. Para ello, se buscará la paridad entre hombres y mujeres en los órganos colegiados, los planes de igualdad, protocolos contra el acoso o un registro salarial para evitar la brecha de género, según refleja el comunicado y ha explicado el ministro. Varias de esas medidas son ya obligatorias para los centros, a falta de los nuevos detalles que puedan aparecen en el texto.

Castells también ha dedicado un minuto al estudiantado, que ha calificado de “la razón de ser de la Universidad”. Ha recordado que Universidades y Educación han cambiado el modelo de becas para que llegue a más gente, se han limitado los precios máximos de las tasas universitarias y ahora se incrementará su participación en los órganos de Gobierno de los centros.

Una batería de medidas

Como se ha comentado, esta norma se complementa con otras, como la que modificará la FP o el Real Decreto de creación de universidades, aprobado hace pocos meses por el Gobierno. Esta norma sustituye a la anterior, aprobada por el exministro José Ignacio Wert en 2015, y básicamente endurece los requisitos para crear nuevos centros y también para mantener los ya existentes, toda vez que tiene carácter retroactivo. Esta actualización responde a la preocupación en el ministerio por la proliferación de universidades de escasa calidad, según explicaron sus responsables, más centradas en el negocio que en la academia.

El nuevo RD pretende que las universidades, públicas y privadas, tengan más oferta académica, más estudiantes de grado (en contraposición a los de máster, más beneficiosos económicamente), más doctores y menos personal eventual y que investiguen más (la mayoría de las privadas apenas dedica fondos a esto). Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya estableció que solo 12 de las 81 universidades que evaluó (en España hay 88 actualmente) cumplen actualmente los requisitos que establece este decreto. Habrá que ver si Universidades se aplica en hacerlo cumplir, ya que en este momento solo 18 de esas mismas 81 cumplen las (escasas) condiciones que imponía el decreto vigente hasta hace unos meses y no tuvo consecuencias.