Empresas privadas aprovechan el negocio de garantizar un juicio justo a los extranjeros
Traducir lo que dice un detenido o un acusado en las comisarias y juzgados españoles se ha convertido en un buen negocio. El aumento de los casos con extranjeros desbordó hace años las redes de intérpretes que manejaba la Adminsitración de Justicia o la Policía así que éstas optaron por dejar esa solución en manos del sector privado. Muchas comunidades autónomas fueron adjudicando a contratistas sus servicios de traducción e interpretación: Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón o Galicia. También el Ministerio de Justicia para los órganos que gestiona en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura. También fuerzas de seguridad como la Policía Nacional o los Mossos de Escuadra.
El negocio de las licitaciones suma, al año, más de 12 millones de euros según una revisión de los pliegos de licitación que realizó la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ), grupo muy crítico con la situación actual. Los prcesos con extranjeros suman más de 100.000 al año según los datos que manejaba la Unión Europea “muy desfasado”, ha dicho APTIJ. Un pastel que se han venido repartiendo habitualmente dos grandes empresas: Seprotec y Ofilingua. “Se ha establecido la precariedad y falta de filtro de calidad a la hora de enviar un intérprete a un juicio”, cuenta su presidente, Juan Miguel Ortega.
El jueves 18 de diciembre se aprobaba en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que adaptaba este sector a la normativa europea. Se les otorga a los ciudadanos extranjeros el derecho a ser “asistidos por un intérprete que hable una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales”. Es decir, se obliga al Estado a disponer de esos medios al servicio de los derechos del ciudadano extranjero. Lo que ocurre, según se han quejado los profesionales, es que el Estado sólo paga a las empresas que le quitan este problema de encima. El atrativo del sector viene refrendado por la aparición con fuerza de una operadora más reciente, Atlas-Adecco.
Una de las claves de la reforma legal es el mandato para crear un Registro Oficial del Intérpretes que actúe a modo de base de datos. Ortega, que también es profesor en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, explica que, “por las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Justicia, será, más o menos, la misma lista que manejan ahora las empresas adjudicatarias en el actual sistema de subcontratación del servicio, porque los requisitos de acceso serán prácticamente los mismos que aparecen en los pliegos de licitación”.
Las previsiones son que ese registro admita, además, personas jurídicas –las empresas– en esos listados a los que se recurre para dar el servicio. “Se está insistiendo mucho en controlar la calidad a posteriori a base de sanciones cuando el daño ya está hecho y no preventivamente. Además, con los contatos actuales ya se podría sancionar a las empresas por incumplimiento de funciones”, insiste Ortega. Los problemas en este ámbito se transforman en indefensiones judiciales, interrogatorios inválidos o sentencias que se revocan.
APTIJ señala algunos casos llamativos como el de una mujer cuyo intérprete en un caso de violncia machista aconsejaba volver con su pareja o un intérprete que trataba de extorsionar a un marinero implicado en un caso de tráfico de drogas. En la Comunidad de Madrid –una de las avanzadillas en la externalización del servicio– la magistrada Pilar de Luna, del juzgado de los Penal Nº29, hizo un informe en 2010 sobre el estado de los intérpretes que le suminstraba la empresa Seprotec: incluía una retahíla de personas a las que rechazó en vistas por no cumplir con la misión que se les encomienda: garantizar el derecho a un juicio justo.
No es el único camino
Privatizar las traducciones e intepretaciones no es el único camino. Ni siquiera en España donde la Comunidad Autónoma de Canarias mantiene un control más directo sobre este servicio o la Guardia Civil que contrata directamente a intérpretes. Ortega relata que, a la hora del control de calidad que el Estado incluye en la adjudicación a las empresas, “hay una variedad muy grande”. La cosa va desde referencias vagas como “que tengan un dominio suficiente de la lengua castellana” que redacta andalucía o frases como “el adjudicatario y todas las personas a su cargo habrán de contar con los conocimientos suficientes” sin mayor concreción que incluyó Madrid a un listado detallado sobre competencias lingüísticas y niveles académicos según los idiomas que se contratan (como el pliego del Ministerio de Justicia).
Las asociaciones de traductores resumen la cuestión en que “las empresas pueden cobrar 30 euros a la hora por cada intérprete que envían a un juzgado pero el profesional puede estar cobrando ocho”. El profesor Ortega remata que, para completar, “hay una disposición adicional que impide cualquier dotación económica para poner en marcha el registro o incluso para financiar los incrementos de trabajo que supondrá aplicar la nueva legislación de conformidad a la legislación europea”. La previsión que hizo la Unión Europea para que España se adaptara superaba los 40 millones euros.
