“El Gobierno se está mostrando insensible con un problema de salud pública como es el intrusismo en psicología”
La Organización Mundial de la Salud afirma que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de todas las personas. Sin embargo, gran parte de la población mundial sigue sin recibir una atención psicológica adecuada. En España, el problema se ve agravado por la enorme oferta de personas que se anuncian como terapeutas pese a carecer de una titulación adecuada y que aseguran que son capaces de curar todo tipo de problemas psicológicos.
Con el fin de luchar contra estas prácticas y de conseguir una regulación en el sector, el Consejo General de Psicólogos de España (CGP) creó en 2015 un Grupo de Trabajo para la Defensa de la Profesión y Contra el Intrusismo Profesional. Hablamos con su coordinador, el decano del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y vocal del Consejo General, Fernando García Sanz.
¿Cómo funciona el grupo de trabajo que ha creado el CGP?
Fundamentalmente a través de una página web a la que nos llegan todo tipo de denuncias, que se pueden realizar rellenando una breve ficha. La mayoría provienen del propio colectivo de psicólogos, que son los más sensibles a todo este tipo de ofertas de lo que yo llamo el mercadillo de lo emocional.
¿El mercadillo de lo emocional?
Una de las cosas importantes que nos está ofreciendo el observatorio es información sobre lo que se está ofreciendo en la calle como terapia. Fundamentalmente personas que ofrecen ayuda en distintos procesos, como duelos, enfermedades, problemas de pareja, de trabajo… Estas personas, que a menudo se llaman a sí mismas coach y que no tienen formación para entender e interpretar los problemas emocionales desde un punto de vista riguroso, están proliferando mucho. Al final, lo que tenemos es a individuos sin formación específica que están tratando a personas con problemas emocionales que pueden terminar convirtiéndose en enfermedades mentales.
Entonces, no solo es un problema de intrusismo.
Por supuesto. Queremos que tanto la Administración como la ciudadanía sean conscientes que no solo estamos ante un problema profesional, sino que, sobre todo, es una amenaza contra la salud pública. La ciudadanía está acudiendo a unos supuestos terapeutas que trabajan en centros que no están registrados ni regulados y hay toda una oferta de tratamientos y terapias que nadie controla y esto es un riesgo. La ciudadanía debe saber que si uno acude a este tipo de personas, lo mejor que le puede suceder es que no le hagan daño.
Pero el intrusismo en el ámbito sanitario está perseguido legalmente.
Sí, la parte sanitaria de la psicología está regulada, pero el problema es que el resto de sus manifestaciones, como la psicología educativa, del trabajo, del deporte, intervención social… ninguna de ellas está regulada. El gobierno aún no ha dado el paso, pese a que hay una ley que le obliga a hacerlo. Se publicó en 2011 y decía que el gobierno debía regular la psicología en el plazo de un año, pero aún no se ha hecho. Hasta el propio Consejo de Estado llamó la atención del gobierno sobre este tema en el año 2015.
Pero si está regulada la parte sanitaria ¿cómo se anuncian los falsos terapeutas?
Las personas que se dedican a ofrecer este tipo de falsas terapias cuidan mucho las palabras que utilizan y se han vuelto expertas en el uso del lenguaje. Por eso nosotros hemos desarrollado pautas para enfrentarnos a personas que ofrecen servicios que, aunque no exista una regulación, creemos que sus prácticas entran en el terreno de la psicología.
¿Cómo hacen la denuncia?
Por ejemplo, si vemos que alguien se anuncia como coach personal, asegurando que te va a ayudar en tus estados depresivos, lo primero que hacemos es escribirle una carta en la que indicamos que se está atribuyendo funciones propias de la psicología y que eso solo lo pueden hacer los graduados en esta especialidad.
¿Y si se niegan a retirar esa publicidad?
Cuando sucede esto, nosotros acudimos a la administración de salud y mostramos que hay una persona que está vendiendo tratamientos psicológicos sin la titulación adecuada.
¿Y cuál es la reacción?
Desafortunadamente en muchos casos lo que recibimos es insensibilidad absoluta. Muchas veces dicen que la persona denunciada no está inscrita en el registro de profesiones sanitarias y que por lo tanto lo que hace no es sanitario. Cuando tengamos la regulación de la psicología, todo este trabajo va a ser mucho más fácil, porque tanto la ciudadanía como la administración estatal, autonómica y provincial tendrán más claro cuáles son las actividades propias de la psicología.
¿Están en contacto con el Gobierno para agilizar la regulación?
Sí, estamos en contacto con el Ministerio [de Sanidad] y mantenemos conversaciones sobre estos problemas, pero aún no se ha traducido en acciones concretas. Parece que les está costando mucho reaccionar y creemos que el gobierno no está teniendo sensibilidad con el problema del intrusismo.
¿Qué puede hacer un ciudadano para asegurarse de que su terapeuta es fiable?
Pedir siempre el carné de colegiado. Para ejercer la profesión en España hay que estar colegiado, y eso es una garantía que esa persona ha recibido una formación reglada.
Pero también hay psicólogos que están aplicando terapias sin base científica
Sí, ese es otro problema importante con el que debemos lidiar, pero hay que destacar que no es lo mismo que un psicólogo formado aplique una terapia, por dudosa que sea, a que lo haga una persona que ha hecho un cursillo de unas pocas semanas en coaching, terapia gestalt o constelaciones familiares.
Es obvio que habrá colegiados que hagan su trabajo de forma rigurosa y otros que no, pero si está colegiado ya es garantía de que ha tenido una formación y de que forma parte de un colectivo que tiene un código deontológico al que debe atenerse.
¿Y para qué sirve el código deontológico?
Si un profesional aplica o anuncia una técnica que no está lo suficientemente probada, la comisión deontológica de su colegio puede entrar a valorar el caso. Me consta que estas comisiones están trabajando a pleno rendimiento y que hay una enorme cantidad de expedientes abiertos por estas causas.
¿Cómo actúa el consejo en esos casos?
Nosotros lo que estamos haciendo es generar el debate y expandir el conocimiento sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas, para que después sean los colegios territoriales, que son autónomos, los que tomen las medidas correspondiente con sus colegiados. Nuestro trabajo consiste en intentar homogeneizar y unificar los criterios entre todos los colegios del estado.