La Justicia zanja el pelotazo sobre el plutonio de Palomares: el Estado se queda las tierras a precio de saldo

La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.