“Me he metido en este lío para vivir bien”: así cayó por narcotráfico en el Estrecho un histórico guardia civil de Intxaurrondo

El 15 de septiembre de 2015, el sargento de la Guardia Civil José Romero Béjar fue destinado a la Patrulla de Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tarifa. Romero Béjar, alias el Moro porque sabe árabe, llegaba así al que parecía su último destino. Lejos quedaban los años más negros del cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián, bajo las órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo y que le llevaron a declarar ante Garzón cuando investigaba a los GAL. Una vez en Tarifa, Romero Béjar se convirtió en el zorro cuidando de las gallinas. Ha aceptado una pena de dos años por avisar a narcotraficantes de dónde iba a estar la Guardia Civil para que pudieran descargar sus narcolanchas sin problemas. El sumario del caso revela con detalle cómo las redes criminales penetran en los cuerpos policiales del Estrecho.

Para saber qué se cuece en el Estrecho, la PAFIF era el lugar ideal. La unidad en la que tenía un mando Romero Béjar se encarga de “prevenir, perseguir, descubrir y reprimir los delitos relacionados con el narcotráfico colaborando con las Unidades Territoriales en la custodia de las costas”.

Pero mes y medio después de la llegada de Romero a su nuevo puesto, algo se torció. A las 07.45 horas del 30 de noviembre de 2015, agentes de Tarifa abortaron un alijo con 66 fardos de hachís que sumaban dos toneladas. Como en un camping cercano vieron a dos viejos conocidos del instituto armado, los llevaron a las dependencias policiales. Y allí uno de los detenidos soltó la bomba: “En el cuartel había un mando que había venido hace росо у que controlaba alijos”. “Romero ha venido aquí a llenarse los bolsillos de dinero...”. 

El asunto fue escalando y comenzó la operación Jinete. Escuchas, seguimientos y registros revelaron un tren de vida incompatible con el sueldo de un veterano de la Guardia Civil. Para un agente de base, Romero era un jefe de los de antes, siempre conectado, 24 horas al día, siete días a la semana. “Los guardias civiles pertenecientes a su unidad le llaman periódicamente para indicarle cuando salen de servicio, así como a la zona a la que se dirigen a realizar el mismo. José Romero demanda esta información incluso encontrándose franco de servicio o de vacaciones”, relata un informe policial del sumario.

Lo que ocurría es que necesitaba saber de antemano a dónde iban a patrullar los agentes para avisar a los narcos y que evitaran esas playas. De vez en cuando había accidentes. El 4 de diciembre de ese año, por ejemplo, unos guardias civiles iban a intervenir un alijo se cruzaron por casualidad con Romero Béjar por la zona. Pero estaba de vacaciones. Fue sancionado por ello. Y sembró aún más la sospecha sobre su actividad. Un día más tarde, el 5 de diciembre de 2015, sumó otro indicio en su contra. “Esa noche, sin el conocimiento del acusado José Romero Béjar, se modificó el operativo en el sentido de que el vehículo con medios de visión nocturna adjudicado a su unidad se situó en un lugar distinto, novedoso y no utilizado nunca”. El resultado fue de 101 fardos de hachís aprehendidos. 

Los propios agentes de la Guardia Civil comenzaron a seguir a Romero Béjar y notaron variaciones extrañas en el uso de su radioteléfono, conversaciones en clave y citas que los agentes relacionaron con los narcotraficantes conocidos como el Feo y el Fantasma. Con su radioteléfono oficial podía conocer el movimiento de todas las patrullas de la Guardia Civil. Esa información fue, literalmente, oro. En el Estrecho es habitual que los agentes, especialmente los nacidos allí, se conozcan y se crucen con narcos. A veces es difícil deslindar esas relaciones de amistad incluso entre familias con un trato comercial.

El 23 de octubre de 2016, Romero Béjar se sinceró con la persona que hacía de enlace con los narcos. Estaba dentro de un coche, por teléfono era cauteloso. No sabía que agentes de Asuntos Internos con orden de un juzgado de Algeciras estaban grabando todo desde un dispositivo oculto –“medio técnico de sonorización ambiental”– en el interior del vehículo tras pedir al concesionario que vendió el coche un duplicado de las llaves. Ahí, el Moro dio cuenta de su alto ritmo de vida. “Es abusiva, tío. Cuando fuimos a ese hotel, el de aquí, me gasté en un día 5.000 euros. Cuando fuimos a Granada me gasté también cuatro o cinco mil euros. Cuando fuimos a Madrid, seis o siete mil euros. No se da cuenta esta tía”. Su pareja, se queja, “está obsesionada con un rólex de oro”. 

“Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien”

Los agentes le hallaron gastos en Madrid en comidas en Zalacaín y el Asador Donostiarra. Él mismo, en la misma conversación, dio la que es una clave de su actuación y de otros agentes de la lucha contra el narco. “Yo quiero vivir tranquilo, vivir bien, tener para follar, darme un buen paseíto con la moto, para ir de pesca, para comprarme cuando pueda un buen cochecito, para vivir, para disfrutar, que para eso me he complicado la vida, pero no para jincármelo en un año o dos. Para empezar es que me he gastado yo este año 60.000 o 70.000 euros”. Safaris, una yegua y dos caballos, un Toyota Land Cruiser, una moto Yamaha ME 250R y otra BMW K1200... Romero no tenía sueños baratos. En 2013, Romero Béjar declaró ingresos por 36.794 euros, y en 2014, por 40.400, incompatibles con ese ritmo de vida. 

Paralelamente a la investigación de la Guardia Civil, su banco, el Santander, le pidió que dejase la entidad. No le daban explicaciones pero comenzó a mover sus hilos hasta descubrir que era por una orden de Madrid que temía tener problemas con antiblanqueo. En ese mismo momento, otra rama de la Guardia Civil inició su propia investigación patrimonial sobre el mando y la denominaron Black Rider que concluyó que tenía ingresos de origen no declarado.

Según la investigación, acosado por varios frentes y temiéndose lo peor al conocer la decisión del banco, paró su actividad un tiempo. “Esto me lo tienes que guardar donde sea, tío. He tenido que llevarle todo el dinero a Antonio, esconderlo todo, sacarlo de mi casa, no veas lo que me ha pasado”, cuenta a un amigo.

El 4 de noviembre de 2016, fue detenido junto con otros miembros de la red investigados. La Guardia Civil dio un vídeo con la entrada y registro en su casa. El caso saltó a la prensa. Allí no había mucho dinero, solo 3.857 euros, pero sí una carabina marca Sovereign Saut del calibre 22, un arma clásica para los safaris en los que participaba. El dinero estaba en un garaje vinculado a Andrés García Núñez. Bajo las baldas, metidos en bolsas, hallaron 442.560 euros.  

El caso, como tantos, se eternizó en los saturados juzgados del Estrecho, donde los funcionarios viven superados por estas causas. El pasado 28 de abril por la mañana, horas antes del apagón que afectó a toda España, llegó por fin a juicio. 13 acusados se sentaron en el banquillo. Apenas tres familiares se sentaron al fondo de la sala a seguir la breve liturgia. Fue breve. Los acusados habían llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Siete de los acusados quedaban fuera de la acusación y otros aceptaban penas de dos años, que normalmente no conllevan ingreso en prisión.

Entre estos últimos estaba Romero Béjar, que se adelantó unos metros y aceptó los hechos ante el tribunal. Según la sentencia, “beneficiados de su posición como agentes de la autoridad, tenían como función principal la cobertura policial a las organizaciones que se dedican a introducir grandes cantidades de hachís a través de las costas de Tarifa. El acusado Jose Romero Béjar como máximo responsable del PAFIF daba las órdenes que el acusado Andrés Guerrero Aznar transmitía a los narcotraficantes”.

Condenado por “delito contra la salud pública”

Romero Béjar, el Moro, fue condenado a dos años de prisión “como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daños a la salud y en cantidad de notoria importancia y uso de embarcación” y multas de 3,3 millones de euros. Fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y tenencia de arma prohibida. También fue suspendido definitivamente como miembro de la Guardia Civil. Su abogado no quiso comentar el caso.

Así, sin mucho ruido, acababa una carrera en el cuerpo cuando estaba próximo a la jubilación. Romero Béjar lo había vivido ya todo en el Instituto Armado. Nacido en Ceuta en 1959, con solo 20 años ingresó en el cuerpo. En los años 80 del siglo pasado estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y epicentro de la lucha más negra contra ETA. En 1998 fue citado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro del sumario contra los GAL. Se negó a declarar.

El general Rodríguez Galindo, que acabó condenado a 75 años de prisión, salió en defensa de él y otros guardias también señalados. “Afirmo con orgullo y dolor que son plenamente inocentes todos aquellos guardias civiles que habiendo sido subordinados míos en tiempos pasados se encuentran hoy injustamente imputados en este proceso. El teniente en su momento, comandante hoy, Manuel Davó Soler, el teniente Pedro Gómez Nieto, el sargento Enrique Dorado Villalobos, el sargento José Romero Béjar, el sargento Luis Valentín Sandoval Campos, el sargento Francisco Hermida Bouzas y el cabo Felipe Bayo Leal y tantos otros que han servido a mis órdenes y siempre han actuado como leales, sacrificados y ejemplares servidores del pueblo español y del sistema de libertades recogido en nuestro ordenamiento constitucional”, escribió en un escrito al Tribunal Constitucional. Romero Béjar no fue ni juzgado por los GAL.

Rodríguez Galindo acabó condenado por los asesinatos de Lasa y Zabala y, según el diario Europa Sur, en una de sus últimas publicaciones en Facebook antes de ser detenido, Romero Béjar compartía una iniciativa para declarar héroe nacional a Rodríguez Galindo. Según el mismo diario, “formaba parte del grupo Omega, cuyos agentes eran conocidos como 'los pata negra', creados por Luis Roldán”. Tras pasar por Intxaurrondo, en 1996 volvió al Estrecho y en 2002 fue nombrado jefe de policía local de Los Barrios, tras una polémica por su nombramiento volvió al cuerpo. Y de ahí, con 45 años de servicio, acabó ante el tribunal.

El caso de un agente de Intxaurrondo vinculado con el narcotráfico remite de nuevo a finales de los años 80. El cuartel no solo fue denunciado como sede habitual de torturas, sino que tiene un halo de misterio sobre su vinculación con el narcotráfico. En 1988, el entonces fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, uno de los primeros en denunciar las torturas, recibió una denuncia de un agente que decía que había elementos en Intxaurrondo vinculados con mafias de contrabando en la frontera con Francia. Navajas trasladó el informe a sus superiores en Madrid y nunca más se supo de ella, murió en un cajón.