Madrid intentó cobrar ilegalmente a un inmigrante con permiso de residencia que acudió a urgencias con apendicitis
Cuando Javier (prefiere no facilitar sus apellidos), argentino, con permiso de residencia y en trámites para gestionar su tarjeta sanitaria, acudió al hospital público Gregorio Marañón de Madrid aquejado de fuertes dolores abdominales, su sorpresa fue mayúscula a la hora de llevar a cabo la admisión. “Si no tienes tarjeta, te tenemos que facturar la atención médica”. Así se lo comunicó el personal de administración del centro sanitario, a pesar de que, según establece el Real Decreto 16/2012, la atención de urgencias para todas las personas, nacionales o extranjeros, con papeles o sin ellos, debe ser gratuita.
De nada sirvieron las pruebas que su esposa aportó para demostrar que la obtención del documento se estaba tramitando, ya que su permiso de residencia es muy reciente. “Nos negamos a pagar porque, inicialmente, pensamos que no era nada grave”, asegura la mujer de Javier, enfermera de profesión y que insistió, una y otra vez a los trabajadores de admisión, en que las urgencias no conllevan ningún gasto para el paciente. Al final, ambos se volvieron a casa sin la valoración de un facultativo y sin firmar la hoja en la que se especifica que tendrá que hacer frente a los gastos del diagnóstico.
Lejos de remitir, las molestias de Javier se incrementaron de manera considerable. Fue entonces cuando decidieron acudir a otro centro de la red pública madrileña. Y allí, en el hospital Infanta Leonor, se volvieron a encontrar con los mismos inconvenientes. “Me obligaron a firmar un compromiso de pago como condición para atender a mi marido. Y como se encontraba tan mal, lo hice sin pensármelo”. Horas después llegó el diagnóstico: apendicitis aguda con riesgo de peritonitis. “Tienes 10 días de plazo”.
Días después de pasar por el quirófano, el personal de gestión económica del Infanta Leonor volvió a recordar a Javier que, si en el plazo de 10 días no presentaba la tarjeta sanitaria, le llegaría una factura a su casa de 180 euros. En el compromiso de pago, al que ha tenido acceso eldiario.es, se recoge que ese importe se factura para cubrir “los gastos de la atención prestada” al carecer de la documentación que acredite su “derecho a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud [Sermas]”.
Finalmente, el paciente consiguió tramitar su tarjeta en menos tiempo del establecido y no tuvo que hacer frente al pago de la cantidad estipulada.
“Me dolió mucho que en el Gregorio Marañón nos dejaran marcharnos a nuestro domicilio a pesar de cómo se encontraba mi marido”, comenta la esposa de Javier. “No entiendo cómo un error administrativo, si es que fue así, puede poner en riesgo la vida de una persona. Es algo macabro”, dice indignada.
“No es un documento del Sermas”
La Consejería de Sanidad elude toda responsabilidad, pese a que el comportamiento de los dos hospitales públicos fue idéntico. Asegura que el compromiso de pago lo expide el hospital de forma unilateral y que no estaban al corriente del caso de Javier. “Es la primera vez que ocurre algo así”, dicen desde el Gobierno de Ignacio González.
Precisamente, fuentes del centro sanitario aseguran que se trata de un documento “puramente informativo” para aquellos pacientes que no presenten tarjeta sanitaria “ni ningún otro documento que acredite que están en alguno de los supuestos de atención gratuita”. Todo a pesar de ingresar en un área donde la atención es universal y gratuita para todos los pacientes.
Las mismas fuentes dejan claro que en la urgencia “no se cobra absolutamente nada” aunque, a renglón seguido, reconocen que las gestiones de facturación se realizan desde el departamento de gestión económica “tras realizar averiguaciones para confirmar que el paciente no está en ninguno de estos supuestos de atención”.
