La marea verde se atrinchera en las aulas
Los colegios e institutos se están convirtiendo en centros de operaciones, en los fuertes de una marea verde que continúa defendiendo la escuela pública “de tod@s y para todo@s”, pero que centra sus esfuerzos en reivindicaciones concretas. La presencia incansable en las calles no consiguió frenar la entrada de la ley educativa del ministro Wert en las aulas, pero las consignas y las pancartas se repartieron por barrios, por colegios. En ellos, cada asamblea y asociación de padres y madres pelea para mantener la calidad de la oferta pública de su zona. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha convocado encierros en los centros educativos de toda España para protestar en contra de la ley y los recortes del día 6 al 10 de octubre.
El comienzo del curso se ha caracterizado por la improvisación en la puesta en marcha de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y por la falta de recursos. Los recortes son cada vez más difíciles de negar por parte del Gobierno. Esta semana, por ejemplo, el ministro Wert confirmó que las becas al estudio perdieron 75 millones de euros del curso pasado. En los dos últimos cursos, el recorte en becas asciende a los 210 millones.
Pero, además, tras el verano muchos han añadido una tarea más a sus deberes: mantener viva la resistencia a la LOMCE. Eso sí, los focos de actuación se dividen un poco. “Aunque no quiere decir por ello que se debiliten”, opina Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). “Los recortes tienen consecuencias en cada centro de una manera distinta. Tenemos casos de cierres de aulas, como en el Arcipreste de Hita de Fuenlabrada o en el colegio Ciutat de Cremona (en la Comunidad Valenciana), donde los niños están recibiendo clase en barracones; en otros municipios se suprime la ruta de transporte”, continúa Salido.
En opinión del presidente de la Ceapa, la fragmentación de la lucha en distintos focos es “inevitable” cuando las reivindicaciones se alargan tanto en el tiempo. La contundencia de una huelga general –ya van dos con el actual Gobierno– “no se puede repetir muy a menudo”, dice Salido. La confederación de madres y padres respeta los paros convocados por el Sindicato de Estudiantes para los próximos 21, 22 y 23 de octubre, pero han optado por no sumarse a ellos. Mientras Comisiones Obreras también ha llamado a la huelga, los sindicatos STES y FETE-UGT aún no se han decidido al respecto.
“Las federaciones y ampas están formadas por personas voluntarias, que compaginan sus actividades con sus trabajos, y la Administración sabe que no podemos estar en todas las actuaciones. Afortunadamente, las movilizaciones de padres y madres luchan por lo suyo, pero sus éxitos son una victoria para todos”, apunta Jesús Salido.
Asunción López Manjón, madre y miembro del Ampa del instituto público Rosa Chacel secunda la idea. El curso pasado, el centro del distrito madrileño de Hortaleza fue uno de los elegidos por la Consejería de Educación para eliminar progresivamente la oferta de ESO y Bachillerato y especializarlo en Formación Profesional. “Hicimos tres encierros, muchas actividades, recogimos 6.000 firmas y nada. Terminamos el año muy cansados porque tenemos nuestra vida y es difícil aguantar, pero hemos decidido seguir este curso con nuevas acciones”, afirma López. Este año ya han perdido el grupo de 1º de Secundaria y no quieren despedirse de segundo en junio.
Pocas victorias y mucha resistencia
Los encierros han sido la estrategia que finalmente ha contado con el apoyo del conjunto de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por asociaciones de familias, alumnos y sindicatos de profesores. Los días 6 a 10 de octubre la comunidad educativa al completo está llamada a ocupar los centros escolares de toda España para protestar contra la LOMCE y los recortes. “Son otra forma de visibilizar un desacuerdo, que junta a profesores, alumnos y padres, en los que se favorece la unión y el intercambio de ideas”, expone Salido.
A veces, no quedarse de brazos cruzados funciona. Este comienzo de curso, el instituto Herrera Oria recibió la noticia de que la Consejería madrileña de Educación iba a cerrar una de sus tres aulas de 1º de ESO. “Con el curso ya empezado, los horarios y todo”, cuenta Mai Tomás, vocal del Ampa del centro educativo. La decisión les llegó el sábado 13 y el martes 16 la Dirección del Área Territorial aceptó mantener los grupos como estaban. En el transcurso, la indignación de algunos profesores que tras el recreo se negaron a dar clase y de las familias que acudieron al centro a pedir respuestas y se quedaron durante horas a modo de protesta. “¡Hacía mucho tiempo que no veíamos a tantos padres! –relata Mai Tomás con emoción– Hicimos una asamblea y elegimos encerrarnos durante unas horas porque no queríamos perder el impulso de concentrar a tanta gente, no queríamos dejarlo pasar”.
El éxito del Herrera Oria da fuerzas a las familias encerradas en el colegio público Arcipreste de Hita, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, desde hace más de dos meses. 19 niños de tres años se quedaron sin una plaza en el centro escolar porque la consejera Lucía Figar decidió mantener cerrada un aula del colegio. La Comunidad de Madrid cerró la clase el curso anterior por un descenso en las solicitudes, pero este año la demanda ha aumentado sin provocar ningún cambio en la medida.
Por su parte, los profesores y Gobiernos regionales disidentes se agarran a la letra pequeña de la 'ley Wert' para no aplicarla en lo posible. Por ejemplo, en Cataluña hay una Red de Escuelas Insumisas que intentará esquivar el contenido de la LOMCE y la mayoría de las Comunidades Autónomas ha recomendado no cambiar los libros de texto este curso, con lo que los materiales no estarán adaptados a las nuevas exigencias de la norma.
Asunción López, miembro del Ampa del IES Rosa Chacel, cree que cada pequeño gesto de oposición cuenta. “Hay muchísimos fuegos que hay que apagar. Pequeñas 'mareítas' dentro de los barrios que mantienen viva la misma lucha”, afirma.
