“La asfixia económica no frenará nuestras acciones; hoy tenemos pendientes 971.000 euros en multas”
“Su intención de asfixiarnos económicamente no va a parar nuestras acciones pacíficas”. Es la respuesta que Greenpeace, en boca de su director en España, Mario Rodríguez, da a la nueva ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto se ha conocido este miércoles con algunas modificaciones. Aunque Moncloa ordenó revisar las sanciones más polémicas filtradas la semana pasada en el primer borrador, lo que la organización ecologista llama 'cláusulas antiGreenpeace' se mantienen como infracciones administrativas muy graves, penadas con el pago de multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
Son, por ejemplo, las protestas ante “infraestructuras críticas”, como sobrevolar una central nuclar para denunciar el uso de este tipo de energía. Acciones que están en el ADN de la organización ecologista y de sus activistas, que llevan 40 años aceptando riesgos personales por la defensa del medioambiente a través de la reivindicación pacífica. “Greenpeace va a seguir confrontando y señalando a aquellos que provocan daños mediambientales o que los toleran”, dice Rodríguez.
Recuerda la última acción de la organización en la Plaza de España de Madrid, cuyo motivo fue precisamente la protesta contra la recién conocida ley de Seguridad Ciudadana. “Las multas están por caer. Las estamos viendo venir, pero todavía no sabemos qué pasará. Sí nos han requisado el material de escalada como prueba del delito para el proceso judicial”, explica el director de la organización mientras hace un recuento del montante total de las causas pendientes. Hoy la cifra asciende a 971.000 euros.
Los activistas y la organización “asumen las consecuencias de sus acciones”, cuenta Rodríguez, pero piden que las multas sean proporcionadas. Ante la lluvia de sanciones de los últimos años, Greenpeace se cubre las espaldas con una amplia red de abogados que garantizan la libertad de los activistas por el medioambiente. Todos los profesionales que prestan asistencia legal a la organización están comprometidos con la causa y no cobran a precio de mercado porque “los números se dispararían y serían inasumibles”.
Por poner algunos ejemplos, protestar contra la pesca de arrastre en Cataluña tiene un precio de 16.000 euros; lanzar un bote de humo en la central nuclear de Garoña cuesta 800. Son multas pequeñas que conviven con cuantías mucho más elevadas e incluso con activistas imputados en libertad condicional. Este es el caso de la acción en la central de Cofrentes, en Valencia, cuyo balance final ha sido 220.000 euros en multas, 4.000 por daños a vigilantes y 17 personas con su libertad cuestionada a la espera de una cita en los juzgados de lo Penal. La desobediencia civil pacífica provocó, en el incidente más grave, el ingreso en prisión de una persona tras el bloqueo de la base militar de Rota en vísperas de la guerra de Irak.
“Esta ley aniquila nuestras garantías de defensa”
Una vez aprobada la nueva legislación, estas cuantías podrían multiplicarse. “Un atropello a la libertad de expresión”, según Rodríguez, “que trata de amordazar a quienes pensamos que el ejercicio de la democracia no es solo ir a las urnas cada cuatro años”. Este cepo, además, “se acompaña de otra estrategia”: que las faltas incluidas en el Código Penal se conviertan en infracciones (leves, graves o muy graves) y pasen a la vía administrativa. “Este cambio se traduce en una pérdida clara de las garantías de defensa que dan los tribunales. En la vía de lo contencioso-administrativo no existe la presunción de inocencia, sino que se presupone la veracidad de las sanciones”, argumenta el director de la organización.
Hoy son 70 los activistas de Greenpeace imputados por diversas causas, en su mayoría desobediencia civil. Otros 24 están denunciados, pero siguen asumiendo los riesgos personales que comporta la participación en las protestas.“Nuestras acciones no van a remitir. No es una bravuconada. No provocamos daños personales ni somos violentos y tenemos el apoyo de millones de socios en el mundo que no van a dejar que caigamos porque un Gobierno limite el poder de movilización de la sociedad civil a golpe de multa”.
