Los obispos españoles 'pasan' de la comisión antiabusos del Defensor del Pueblo: “No vamos a formar parte”

Los obispos españoles no formarán parte de la comisión del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en la Iglesia. Y no lo harán, porque “es sorprendente que sólo investiguen a la Iglesia cuando la propia Fiscalía ha dicho que sobre 15.000 casos abiertos en España, solo 69 se refieren a la Iglesia”, tal y como argumentó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

“No vamos a formar parte de esa comisión de investigación”, señaló con rotundidad el secretario general de la CEE, quien tildó de “insólita decisión” la postura tomada por el Congreso de los Diputados, después de que la propia Iglesia se negase, durante meses, a abrir cualquier tipo de investigación, como han hecho otros episcopados de su entorno.

“Hay dos posibilidades: indirectamente se nos ha dado la posibilidad de que la Iglesia, institucionalmente, estuviera presente en la Comisión que el Defensor del Pueblo está gestando, y la otra es la colaboración”, añadió Argüello al término de la Asamblea Plenaria de la CEE, antes de negar dicha colaboración formal.

La Iglesia, “chivo expiatorio”

“Tampoco formamos parte del equipo de Cremades, aunque ha habido una encomienda de nuestra parte”, explicó, antes de anunciar que los obispos españoles avalaron “por unanimidad” el encargo efectuado al bufete de abogados el pasado mes de febrero. “Que podamos luego sumar juntos, abordar esta cuestión que la Iglesia está asumiendo cual chivo expiatorio, para que así surja una conciencia en la sociedad que haga que la problemática de los abusos, que el informe de la Fiscalía General pone en su justo tamaño, pueda ser abordado en su entera magnitud”, insistió.

Pese a no estar en el orden del día, la CEE dedicó “toda la tarde del jueves” a abordar esta cuestión, primero con la comparecencia de miembros del bufete, y posteriormente, con un debate entre los prelados. Pocas novedades al respecto, pues no se dieron nuevos datos, ni caminos de actuación. Ni siquiera se entró en si se había solicitado la apertura de los archivos diocesanos, como han hecho los obispos portugueses, aunque en este punto Argüello matizó que la consulta, de darse, “se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos”.

“Yo creo que se sobrevalora lo que se piensa que se pueda encontrar en los archivos”, apuntó el portavoz de los obispos españoles, aunque quiso dejar claro que se trataba de “una opinión puramente personal”.

Y es que, apuntando a la propia experiencia en Valladolid, se apunta a que “ante los casos de las denuncias concretas, se ha intentado ver si en la historia de la diócesis había referencia en los archivos”. Y nunca se ha encontrado nada. Otra cosa es la situación de los llamados 'archivos secretos', aquellos que sólo conoce el obispo porque están sujetos a una doble cautela: la propia de los archivos eclesiásticos, y el blindaje que le aporta el secreto de confesión.

¿Y qué ocurre con las víctimas que no reconocen al bufete Cremades? En este punto, Argüello incidió en hacer “un llamamiento a las víctimas, o a cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier tipo de abuso, que no dude en acudir a las oficinas diocesanas”. Si estas no le dan confianza, “que acudan a las asociaciones de víctimas que existen”. También mencionó la posibilidad de acercarse al equipo de Cremades, que también recoge denuncias aunque su papel es el de hacer una auditoría, no una investigación profunda. “Y veremos qué puede hacer la comisión del Defensor del Pueblo”, zanjó el portavoz de los obispos.

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