Las organizaciones ecologistas proponen un impuesto para la caza y el esquí por su impacto ambiental
Los grupos ecologistas han propuesto este martes una profunda revisión de los impuestos verdes que protegen el medio ambiente –en los que España está a la cola de la Unión Europea–. Entre ellos, aparecen un impuesto a la caza y otro al esquí alpino por sus impacto a los ecosistemas de los que se benefician.
España ocupa los últimos puestos en fiscalidad ambiental: impuestos que castigan el deterioro ecológico. En 2016 se recaudaron 20.600 millones de euros por estos conceptos. Supone un 1,8% del PIB y menos del 6% de todos los ingresos fiscales del país. En ambas categorías, coloca a España por debajo de la media de la UE –2,4% y 6,3% respectivamente–.
La idea (compartida por Ecologistas en Acción, Seo-Birdlife, WWF, Amigos de la Tierra y Greenpeace) implica retocar 12 figuras “con criterios ambientales” que van desde la imposición de los hidrocarburos, de determinados medios de transporte contaminantes o la electricidad. También reformar cinco tasas de las haciendas locales: los residuos, el IBI, el impuesto de Construcciones, el de Actividades Económicas y el de circulación para que tengan perspectiva de protección ecológica. Y crear 13 nuevos impuestos. Entre estos últimos aparecen la caza, el esquí alpino, la explotación de manantiales para el agua embotellada o las minería.
La caza “genera impactos ambientales en términos de equilibrio ecosistémico y biodiversidad y restan posibilidad de disfrute de los espacios afectados a otros usuarios. Por otro lado, este tipo de actividades se benefician de un medio ambiente con buena calidad de conservación”, justifica su documento. La idea es gravar por hectárea de coto y según se gestione para caza mayor, menor, intensiva o extensiva. Los grupos han calculado, por lo bajo, que redundaría en 80 millones de euros al año.
Una filosofía parecida se aplica a las estaciones de esquí alpino por su incidencia en cuanto al consumo de agua, energía y ocupación del territorio. Proponen aplicar un 2% a los ingresos por remontes lo que les da unos 2,4 millones anales.
La misma línea preside el impuesto al uso de agua para la industria del embotellado. La extracción en manantiales y acuíferos “ provoca la sobreexplotación de algunas reservas de agua subterráneas en zonas ecológicamente sensibles, como son las cabeceras de ríos”, analizan. Los ecologistas cuentan que existen unas 100 empresas dedicadas a este negocio que “facturan unos 1.000 millones al año. Si el gravamen fuera de 0,01 euros por litro supondría 55 millones anuales”.
Apoyo para grupos desfavorecidos
“Es imposible calcular cuánto se recaudaría con todas las propuestas”, han explicado los responsables de las organizaciones, debido a que hay impuestos nuevos que no tienen un punto de referencia. Con los que sí han encontrado base para una estimación (ocho de una treintena), las cifras llegan a 1.426 millones cada año.
Destaca el impuesto sobre la gestión de residuos urbanos con 533 millones o el de la minería que aportaría 402 millones. También recuperan la idea de extender una tasa por pernoctación turística (muy matizada en función del tipo de alojamiento o su ubicación) a la que atribuye 274 millones. “El turismo disfruta de un medio ambiente en buen estado y es justo que contribuya”. La ecotasa turística no es ninguna invención, ya se aplica en comunidades como Catalunya o las Islas Baleares que la implantó en 2016 y duplicó en mayo de 2018.
“El objetivo es más cambiar actitudes dañinas que recaudar”, resumen. Y luego añaden: “La reforma fiscal no puede ir aislada. Tiene que ir combinada con ortas medidas de apoyo a los grupos más desfavorecidos para obtener una auténtica transición ecológica justa”.
La Comisión Europea ha reprochado repetidamente a España que no utilizara los impuestos ambientales. Ha insistido en el margen que había para avanzar en esta materia y ha especificado que las subvenciones a los combustibles fósiles eran injustificables. Y ha añadido que los impuestos verdes son figuras que no afectan al crecimiento económico para alejar el fantasma que relaciona la fiscalidad con la huida empresarial. No ha tenido demasiado efecto ya que, de hecho, en 2016 la recaudación descendió. “Muchas actividades económicas dejan unos pasivos en el medio ambiente que luego pagamos entre todos”, han resumido los ecologistas.
