Acampada frente al Ayuntamiento para no quedarse en la calle con su hijo dependiente
Mónica necesita respuestas. Quedan seis días para su desahucio y todavía no sabe adónde ir con su hijo Ángel, un niño de ocho años con parálisis cerebral. Por eso ha decidido acampar frente al Ayuntamiento de Leganés, su municipio, para exigirle una solución antes de que el juzgado la eche de su casa en alquiler. Le debe al casero seis meses, explica ella, que cuenta con una única fuente de ingresos fija: los 442 euros de ayuda a la dependencia de Ángel.
“Estoy muy angustiada. No se lo deseo a nadie. Ya está aquí el día del desahucio, y no sé dónde voy a ir ni dónde llevar mis cosas. Estoy atada de pies y manos. He hecho ya alguna caja”, dice la afectada, que ya presentó frente al mismo consistorio 90.000 firmas pidiendo una alternativa habitacional.
El Ayuntamiento de Leganés, del PSOE, asegura a eldiario.es que no tiene vivienda social, solo pisos de protección oficial que gestiona la empresa municipal del suelo “y que no son para situaciones de emergencia”. En el municipio hay más vivienda pública, pero gestionada en su totalidad por empresas sin intermediación de la administración.
Con este argumento, el consistorio pasa la responsabilidad a la Agencia Social de la Vivienda de Madrid (AVS) porque “la Comunidad tiene competencias de vivienda” y de momento solo ofrece a Mónica y a su hijo una cantidad de dinero para pagar el primer mes de alquiler en una casa que busque ella. Para la afectada, esta solución provisional no es adecuada “porque cuando pase este mes, ¿qué hacemos?”, señala.
La Consejería de Vivienda, de la que depende la AVS, garantiza que “durante el mes de junio tendrá una solución”, pero no asegura que esa solución sea una realidad antes del jueves que viene. “Se le asignará una vivienda para personas en especial necesidad intentando respetar lo que nos ha pedido”, afirma un portavoz, que subraya que hay muchas familias en Madrid en situaciones similares a la de Mónica. La agencia explica, como confirma Mónica, que la familia ya fue adjudicataria de una vivienda social en Moratalaz, a más de 20 kilómetros del municipio en el que viven hace unos meses. Y la rechazó.
“Les expliqué que para mí y para Ángel era un trastorno irnos tan lejos porque el niño está monitorizado en el hospital de aquí, adonde vamos cada dos por tres, y va a un colegio de educación especial al que ya se ha adaptado”, cuenta la afectada. En esta ocasión, la AVS tampoco asegura que la vivienda esté en Leganés, como ha pedido el Ayuntamiento.
Mónica Carrasco se remonta a poco más de un año atrás para explicar por qué ha llegado a esta situación. Desde que dejó la relación con su expareja –que no es el padre del niño– carga con todos los gastos, “y no puedo”, dice. “Tampoco quiero responsabilizar a mi casero, que es un particular”, se justifica. Dice que no tiene esperanza en que el desahucio se paralice por unos meses porque “no es posible por los plazos para presentar un recurso”.
Cargar a su hijo por las escaleras
Fuentes de la Consejería de Vivienda señalan que el caso de Mónica, además, es especial porque requiere de una vivienda “adaptada” a las necesidades de Ángel, también con trastorno de espectro autista. Las mismas fuentes concretan que el Ayuntamiento de Leganés tiene que remitirles una documentación pendiente, que ya ha entregado Mónica, para poder tramitar el expediente y que “los funcionarios lo evalúen”. El Consistorio, sin embargo, afirma que “siguen faltando papeles”.
“No puedo ir a cualquier casa. Mi madre vive en un segundo sin ascensor, y Ángel pesa 35 kilos. Ángel no sube escaleras, tendría que cargarle”, justifica para hacer ver por qué todo se complica el doble en su situación.
“Como madre estoy sufriendo lo insufrible. No tengo fuerzas. Ya he llegado a una situación de caos, de no pegar ojo”. Mónica se atropella al otro lado del teléfono. De fondo se oye el ruido de la calle. Sigue frente al Ayuntamiento de Leganés, donde ha pasado ya su primera noche. “Estoy luchando por los derechos de mi hijo y eso no quiere decir que quiera una vivienda gratis. Si pudiera trabajar, trabajaría. Lo he intentado pero cuesta mucho que una empresa acepte la flexibilidad que necesito para poder llevar a Ángel a las consultas médicas todos los meses varias veces”. De momento, limpia por horas algunas casas, lo que le reporta unos 60 euros semanales.
Amnistía Internacional señala en su informe La crisis de la vivienda no ha terminado el abandono institucional de los inquilinos que viven de alquiler, ignorados por las medidas antidesahucios del Gobierno pese a que desde hace varios años hay más desahucios por impago de alquiler que de hipoteca, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Esta precariedad se ceba especialmente, según la organización, con los núcleos monomarentales, como el de Mónica, que viven en mayor porcentaje en alquiler que otros tipos de familias y tienen un índice medio de exposición a la pobreza también superior. Sobre ellas han impactado con las fuerzas las sucesivas reformas jurídicas que, según Amnistía, han “liberalizado el sector de la vivienda en alquiler y acelarado el proceso judicial” para sacar a las familias de sus casas.
