El personal investigador sale a las calles contra el anteproyecto de ley de Ciencia por “insuficiente y desaprovechado”

Los colectivos de investigadores creen que el anteproyecto de ley de Ciencia que ha presentado el Ministerio que dirige Diana Morant es “insuficiente” y demasiado generalista. “Debe ir más allá de una declaración de intenciones y diseñar una buena política de ciencia e innovación con una Ley de Bases”, señalan desde la Confederación de Sociedades científicas de España (COSCE). Para este organismo la reforma de la Ley “no consigue establecer suficientemente un marco a la altura del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia”. “ La ley corrige aspectos del 2011, pero se deja muchos aspectos lesivos”, añade Isabel Ezquerra, de FPU Investiga sobre la propuesta presentada hace unas semanas por el Ministerio, que modificó el borrador de la Ley de Ciencia que había preparado Pedro Duque y que se encontró con el rechazo del colectivo.

Entre los objetivos del nuevo texto se encuentran crear una carrera investigadora “estable”, impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad y mejorar la gestión de la I+D+i. No obstante, al personal investigador le parece “una gran oportunidad perdida”, así como una ley “insuficiente y poco valiente”.

Los colectivos del personal investigador han presentado diversas alegaciones contra este anteproyecto de ley que afecta a los 231.000 investigadores en España (según datos del INE). Además, han convocado diferentes movilizaciones a lo largo de todo el Estado español este lunes bajo un manifiesto firmado por 20 organizaciones.

Estabilidad en la carrera investigadora

Una de las promesas más repetidas por el Ministerio que ahora dirige Diana Morant es la estabilización de la carrera investigadora. “Hay muchísimos casos de personas que con 40 años siguen con contratos de obra y servicio por proyectos”, lamenta Francisco Palazón, de la Federación de Jóvenes Investigadoras Precarias, quien se encuentra en dicha situación al haber firmado un proyecto hace unos meses en la Universidad de Cartagena y haber pasado por la Universidad de Valencia, ambos con contratos de obra y servicio.

Para el también investigador químico esto debería definirse más en el borrador, por lo que propone “un Estatuto del Personal de la Investigación que recogiese los derechos laborales”. “Es un tema que siempre planteamos al Ministerio, pero nos dan largas. Faltan medidas concretas”, critica.

Con la nueva reforma laboral, que priorizará los contratos fijos a los temporales, “muchas personas con contratos temporales quedan en un limbo”, destaca Palazón. “Los contratos posdoctorales deberían afrontarse como indefinidos, pero veremos qué pasa”, expresa Isabel Ezquerra.

Este tipo de estatuto sí lo tiene el personal investigador predoctoral en formación, conocido como EPIF. Pero, desde los colectivos consideran que se tendría que haber mejorado este aspecto. “Hay que actualizar las tablas salariales”, señala Palazón. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se realice el contrato predoctoral, se cobrará una cantidad u otra dependiendo de sus tipos impositivos. “Somos casi mileuristas y no es lo mismo serlo en una comunidad con un bajo coste del nivel de vida que en una como Madrid o Barcelona”, indica Bea Álvarez, de la Asemblea Aberta de Investigadores de Compostela. 

A la reforma también se le achaca poca definición de las cláusulas en cuanto a derechos laborales se refiere. “Nuestra figura contractual aparece recogida en dos párrafos en 2011 y según quien lo lea corresponden unos derechos u otros”, indica Ezquerra. “Es un problema de indefinición de términos que afecta a los contratos del mundo de la investigación”, añade.

Esta falta de estabilidad causa que muchas personas tengan que parar su carrera investigadora. “¿Qué pasa si en un proyecto una mujer queda embarazada? El proyecto sigue adelante sin ella y no se prorroga”, critica Ezquerra. “Muchas tienen en la maternidad una causa para pausar o parar completamente su carrera”, incide.

A esto se le llama “efecto tijera”, ya que como explican desde FPU Investiga, si bien las carreras investigadoras empiezan siendo “más o menos paritarias”, a medida que avanzan en el tiempo las mujeres se estancan y se reduce su número en el escalafón investigador, mientras que los hombres lo aumentan. “Las desigualdades de género de la sociedad y la brecha de género se ve aquí lastrada por los propios ritmos de estos trabajos: la necesidad constante de publicar, salir al extranjero… De sacrificar la vida investigadora por la personal, algo que suele hacer antes una mujer que un hombre”, explican. 

La indemnización por fin de contrato

Una de las reclamas históricas del colectivo investigador desde 2011 es la indemnización por el final del contrato. Esto sí lo recoge el borrador. Hasta este pasado viernes solo reconocía esta indemnización a quienes firmasen un contrato después de la aprobación de esta Ley. Sin embargo, la ministra Diana Morant ha reconocido su “justa reivindicación” y aplicará la indemnización por fin de contrato también al personal con contrato vigente. Esta medida dará la compensación económica correspondiente hasta a 15.000 personas con el contrato vigente.

Desde COSCE critican también que se indemnice con “solo” 12 días por año trabajado y no 20, como manda la legislación laboral. “Se trataba de una situación de injusticia social”, manifiesta Isabel Ezquerra, quien se ve afectada por esta situación al haber firmado un contrato FPU en la Universidad de Zaragoza y acabarlo en marzo, por lo que no tiene asegurada esa indemnización.

A este giro de última hora desde FPU Investiga lo ven con “alegría y esperanza” y como “un cambio por todo el ruido que están haciendo todos los colectivos investigadores”. De todas formas, “habrá que ver cuándo y cómo se materializa”, destaca Ezquerra, a la vez que asegura que se mantendrán las movilizaciones porque “hay más reivindicaciones importantes que afectan a los colectivos”.

Pese a la indemnización por fin de contrato, la carrera investigadora sigue siendo inestable e incierta. Es el caso de la doctoranda en álgebra en la Universidad de Santiago de Compostela, Bea Álvarez. Cuenta por vía telefónica que tuvo que hacer su primer año sin financiación económica. El segundo, con el contrato doctoral de la Xunta de Galicia. No fue hasta 2020 que consiguió el pago del Ministerio para su trabajo. Además, al acabar su contrato en mayo de 2023, se ha quedado fuera también de las prórrogas por el COVID. “Al final, las decisiones arbitrarias desde arriba nos están lastrando al resto”, lamenta. 

Xenia Valeth sufre un caso parecido. Ella vino desde Alemania de Erasmus a Sevilla en 2015. Años después, le salió la posibilidad de realizar aquí su Tesis doctoral en antropología social. Hace apenas dos meses que firmó su contrato FPU. “Para poder mantenerme estuve compatibilizando el doctorado con clases de español e inglés”, cuenta al otro lado del teléfono.

Al ser preguntada por la situación de la carrera de investigadora en Alemania es clara: “La inestabilidad es algo estructural, pero es cierto que la retribución económica es mayor”. En el caso de Francisco Palazón, a él le otorgaron la beca Marie Curie para investigadores destacados, se fue a Italia y estuvo cobrando hasta 3000€ al mes. “En España cobro la mitad y tengo el doble de responsabilidades”, relata quien reconoce sentirse “privilegiado” por haber sido seleccionado en ese 10% de las ayudas cuando “hay gente que está mucho peor”.

“Dedico la mitad de mi jornada a rellenar papeles”

Otra de las quejas continuas de las personas investigadores es la excesiva burocratización en los procesos legales. Desde el comunicado de COSCE sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2011, demandan en este sentido “refundar la Agencia Estatal de Investigación para mejorar el funcionamiento de todas las instituciones que lo forman”. “Habría que dotarla de una estructura estable e independiente y con financiación para desarrollar planes a largo plazo”, demandan. Además, critican la falta de agilidad de este organismo. “Hay días que dedico el 50% de mi jornada laboral a rellenar papeles”, señala Bea Álvarez.

Esto también dificulta el retorno de los científicos expatriados. Reprochan al anteproyecto de Ley en este sentido no valorar traer personal cualificado “que ahora no tienen puestos suficientes y atraer a los expatriados”.

En el comunicado también critican el problema “estructural de la endogamia”. Paco Palazón refuerza este pensamiento resaltando la “opacidad en los procesos de selección del profesorado universitario donde el catedrático de turno elige a su departamento”. Para Palazón, también tendrían que tenerse en cuenta materias como la docencia en universidades “y no tanto las publicaciones, que conllevan un elevado nivel de estrés”.

Salud mental y colectivos vulnerables

“La burocratizacion es muchas veces inútil, los plazos añaden un plus de estrés sumado a la propia situación de inestabilidad laboral”, expone la lucense Bea Álvarez. Y es que el retraso de la publicación de los contratos, como el de este año, dificulta poder crear “hojas de ruta” para el personal investigador. “Hay gente que organiza su vida en base a si va a poder investigar o no. Qué menos que pedirles que sean más rápidos”, reclama Ezquerra.

Todas estas situaciones, sumadas al estrés por la exigencia de publicaciones y resultados genera problemas de salud mental al personal investigador. Según un artículo publicado en la revista científica Nature, un 39% de los doctorandos padecen depresión, sobre todo, “por el conflicto entre la vida personal y laboral”. Esto es hasta siete veces más que la población general en España. “Habría que hacer un seguimiento de este problema y proporcionar un servicio psicológico”, reclama Ezquerra. Todas las fuentes consultadas señalan a las instituciones como responsables de su “nefasta” salud mental. El personal investigador predoctoral consultado bajo contrato de modalidad FPU no sabe definir con certeza su futuro una vez acabado este contrato. La incertidumbre impera en el sector.

Los colectivos de investigadores también piden atención a los grupos vulnerables, como las mujeres, personas racializadas o LGTBI. “Esto podría basarse en una discriminación positiva” expresa el portavoz de FJI. Por ejemplo, garantizando unos mínimos de representación en los puestos más altos de la investigación.

Por último, demandan la creación de una Oficina de Integridad Científica, en lo referente al fraude de la labor profesional. “Funcionaría como una inspección de trabajo en el mundo de la ciencia”, reclama Palazón.