Dimiten Suárez Illana y otros dos miembros del Consejo Social de la URJC, el órgano que alertó de lagunas en las cuentas de la universidad
El martes 26 de junio de este año se produjo una situación inusual en la Universidad Rey Juan Carlos. Las cuentas de 2017 se retiraron del orden del día y no fueron firmadas por el Consejo Social, el órgano que aglutina a patronal y sindicatos en esta universidad pública de Madrid, además de a representantes de la comunidad universitaria y de empresas que tienen convenios con la URJC. A día de hoy siguen sin ser aprobadas, ya que aunque sí pasaron por el Consejo de Gobierno de la URJC falta este trámite de aprobación por el Consejo Social. Se prevé que hasta 2019 no se aprueben, en una situación anómala y de excepcionalidad.
El motivo de que se retiraran las cuentas fue que, según denunciaron algunos consejeros entonces, “faltaba información” relativa a los institutos, entre ellos, el Instituto de Derecho Público (IDP) que expidió el máster de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, y había lagunas en la auditoría. Por su parte, fuentes universitarias confirmaron que las cuentas no pasaron, pero porque se retiraron del orden del día para ser “revisadas”, sin hacer mención a las quejas de consejeros. Un mes antes, el 10 de mayo, por unanimidad, el consejo había pedido una investigación rigurosa después de que les hubieran presentado las cuentas para aprobar y en las que no vieron las cosas claras.
Cuando los consejeros, encargados de “supervisar la actividad económica y el rendimiento de los servicios de la Universidad”, según la propia URJC, decidieron no visar las cuentas, la universidad pasaba por su peor momento de credibilidad. Cristina Cifuentes había dimitido por el máster con notas falsificadas, se habían abierto varios casos en los juzgados y estaba en cuestión también el máster de Pablo Casado. Además, se había conocido que el director del IDP, Álvarez Conde, tenía irregularidades como tener una empresa a su nombre sin haber informado a la universidad o que no tenía colgadas sus memorias económicas, como obliga la ley. En ese mismo periodo, la propia URJC denunció al IDP por malversación.
Entonces, cuando la veintena de consejeros que componen este órgano se reunieron, hubo un debate que acabó con la decisión de no firmar las cuentas y pedir más información. Algunos de esos miembros se negaron a aprobarlas al entender que había lagunas importantes en esa memoria que sigue, a día de hoy, sin ser validada.
Fuentes de la universidad confirman que esas auditorías han empezado recientemente. Concretamente al IDP, el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales y el Centro de Formación, que tenía a dos de sus trabajadoras contratadas a través del IDP, una irregularidad de la que informa la propia universidad. Esto supone que no volverán a pasar la memoria económica para que sea firmada al menos hasta el primer semestre de 2019, cuando esté el resultado de esos análisis, que se calcula que tomarán un tiempo de entre 3 y 5 meses. Hay otra auditoría que está indagando en cuatro vicerrectorados y que durará otros cuatro meses.
Mientras tanto, y meses después de aquel plante de consejeros, no se ha presentado ningún documento más al Consejo Social. En este tiempo, han dimitido tres miembros de ese órgano, algo que confirman los dimisionarios aunque todavía no se ha hecho oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es Adolfo Suárez Illana, que era miembro por tener su empresa convenios suscritos con la URJC, como recoge todavía la web. Según explica un portavoz de Suárez, dejó el puesto porque tras recibir el encargo de Pablo Casado de renovar el PP y ponerse al frente del nuevo think tank del partido “ha dejado su empresa” y, por tanto, el cargo en la universidad. La URJC confirma estos “motivos profesionales”.
También Blanca Montero, en representación del Banco Sabadell como directiva, y miembro del consejo por el mismo motivo que Suárez Illana, lo ha dejado. Según fuentes de su entorno, ha sido nombrada directora de negocios institucionales del banco, ampliando su ámbito responsabilidad. Sin embargo, desde la entidad bancaria aseguran que no tienen “previsto sustituirla con nadie ni desde la universidad se nos ha propuesto”. Hacen hincapie que su dimisión se debe a motivos “profesionales”, no a las “vicisitudes” que ha vivido la Rey Juan Carlos.
“Motivos personales” alega el dimisionario Clemente González, miembro de Consejo Social “por las asociaciones empresariales con mayor representación en la Comunidad de Madrid”, según recoge la universidad. González es también fundador y presidente de Alibérico, un grupo privado español del sector del aluminio, además de presidente del comité ejecutivo de la Feria de Madrid (Ifema). González rechaza dar más explicaciones sobre su salida: “motivos personales”, zanja.
Sin embargo, algunas fuentes del Consejo apuntan a un malestar entre algunos miembros por la falta de claridad de las cuentas, ya que han pasado cinco meses desde que se retiró la memoria económica sin ser firmada y seis meses desde que pidió más información, sin que se les haya presentado la auditoría requerida en este tiempo. Y más que tardará, según la propia explicación de la URJC, que calcula el primer semestre de 2019 como fecha para visar las cuentas de 2017. Fuentes cercanas al consejo sitúan ese malestar como uno de los motivos de algunas de estas tres dimisiones.
“Hay un retraso en la aprobación de las cuentas”, confirman desde la universidad, “pero no afecta a efectos presupuestarios ni al funcionamiento económico, es un trámite”, al tiempo que circunscriben las dimisiones al ámbito profesional y personal de estos consejeros.
