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Suelo público, negocio privado: un colegio concertado aloja un gimnasio en la parcela que Madrid le cedió gratis

El Centro Deportivo Newman, a la izquierda, adyacente y en la misma parcela que el colegio (derecha).

Daniel Sánchez Caballero

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Era el primer día de apertura y la afluencia de gente ha sido constante durante la mañana. Un goteo incesante de personas entraban al Centro Deportivo Newman, en Madrid, a informarse de las condiciones (50 euros la matrícula y el primer mes de cuota con la promoción por inauguración) y usar las instalaciones. El gimnasio está bien equipado: 11.570 metros cuadrados, según la nota simple del registro de la propiedad, que incluyen salas de fitness, salas de actividades, un par de piscinas y aparcamientos que los obreros se afanaban por terminar este gélido lunes en Madrid.

El Centro Deportivo Newman está situado en el distrito San Blas y se llama así en honor al colegio adyacente, el centro privado concertado J. H. Newman. Además del nombre, gimnasio y colegio tienen otra relación: el centro deportivo está situado en la misma parcela que el educativo, un suelo público propiedad del Ayuntamiento de Madrid que el consistorio cedió de manera gratuita a la Fundación Internacional de la Educación (FIE) para construir un colegio concertado en 2003.

La FIE levantó el centro en su momento, pero dejó una esquinita de la parcela sin urbanizar. Casi 20 años después, ya tiene ocupación: un gimnasio de la cadena de centros Dos Deporte, abierto al público, con garaje exclusivo para clientes y una matrícula individual de 50 euros que por aquello de las promociones tiene descuento estos días.

Bajo algún acuerdo que no se quiere hacer público, la Fundación Internacional de la Educación cede 3.888 metros cuadrados de suelo público, por los que no pagó en su momento –ni paga cuota mensual–, a Dos Deporte para que haga(n) negocio con ellos. La parte conocida del intercambio incluye el uso de las instalaciones por el alumnado del colegio, argumento que utiliza el centro para defender que la construcción es educativa. El grupo municipal de Más Madrid sostiene que se trata de “un pelotazo”.

Silencio oficial

En el colegio y el gimnasio nadie dice nada. El director del centro educativo no está hoy, pero una empleada toma nota de la petición y los datos del periodista. “Te atiende seguro, te llamamos”, dice. Es exactamente el mismo mensaje que dio esta u otra persona al otro lado del teléfono las cinco o seis veces que se ha llamado para preguntar por el acuerdo.

La gestión con Dos Deporte, la empresa impulsora del gimnasio –la prensa especializada cuenta que han a invertido diez millones de euros en ponerlo en marcha–, tiene el mismo éxito: el empleado del centro que atiende al periodista al menos se ahorra incumplir promesas. “No voy a comentarte nada, pregunta en el colegio”, responde, educado. Por teléfono la compañía devolvió el mismo silencio que en directo.

La mayoría de las personas que acudieron ayer al gimnasio y fueron preguntadas tenían alguna idea de que ese suelo es del Ayuntamiento, como publicó este diario en junio, aunque se mostraban más resignados que molestos. Menos contentos están en la Plataforma Vecinal San Blas, que recuerda que ya la cesión del terreno se hizo en su día “de una forma cuestionable” y que ahora no ve “lógico” que el colegio utilice parte de la parcela para un uso distinto al previsto y “el Ayuntamiento no tenga nada que decir”, en palabras de Vicente Pérez Quintana, uno de sus miembros, que añade un agravante. “No hay instalaciones deportivas públicas en la zona y este déficit no se cumple con plazas privadas”, lamenta.

“Servicios colectivos educativos básicos”

El acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento y la FIE –que hoy sería muy difícil llevar a cabo por la nueva ley educativa– contemplaba la creación de un centro de Infantil, Primaria y Secundaria en una parcela municipal que debe destinarse a dotaciones “de servicios colectivos educativos básicos”.

La escritura pública de cesión gratuita se otorgó el 30 de abril de 2003, y dos años y medio después, se obtuvo la de obra nueva. En la sección de “Cargas” que el Registro de la Propiedad de Madrid incluye sobre la parcela, se explica que “el Ayuntamiento de Madrid cede de forma directa y a título gratuito el derecho de superficie sobre la finca, a favor de Fundación Internacional de Educación, que acepta y adquiere, para la construcción de un centro de educación infantil, educación primaria y educación secundaria”. Continúa la nota explicando que “el incumplimiento de las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares, y de las demás causas de resolución, facultará al Ayuntamiento para la resolución del contrato”.

Hace meses, cuando este diario preguntó, el Ayuntamiento alegó que no le constaba que se estuviera construyendo un gimnasio privado, por lo que no veía problema, y aseguró que se limitaba a “cumplir con la normativa aplicable”. “Se ha concedido una licencia de obras para la ampliación del centro docente, con nuevas aulas para distintas enseñanzas, instalaciones deportivas, piscinas y garaje aparcamiento”, explica una portavoz. “Por tanto, las obras de ampliación solicitadas son para la construcción de un edificio destinado al mismo uso dotacional [...], que es el uso calificado de la parcela”, asegura.

Preguntado de nuevo este lunes, con el gimnasio ya operativo y establecido su carácter abierto a cualquiera que tenga 50 euros, por el momento no ha respondido.

Sí habló del asunto el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la Comisión de Urbanismo del pasado mes de julio cuando le inquirió el grupo municipal de Más Madrid. “La licencia solicitada, en los términos en los que la misma se plantea, se adecua a la finalidad educativa para la cual se otorgó el derecho de superficie. Sin embargo, es importante señalar que, de acuerdo con lo expuesto, la actividad que se desarrolla en la parcela deberá ajustarse en todo momento a las condiciones y al derecho de superficie que se concedió en la misma a favor de la Fundación Internacional de Educación. También deberá adecuarse a las condiciones de la licencia urbanística”, expuso, y aseguró que se vigilaría la construcción y que “si lo que se pretende es una actividad distinta a la educativa objeto de la cesión o de los usos asociados al funcionamiento de dicha actividad educativa, se pondrán en marcha todos los mecanismos de respuesta municipal”.

Más Madrid cree que la situación da para calificarla de “pelotazo urbanístico”, en palabras de su concejal José Luis Nieto Bueno. “Se trata de un uso especulativo y fraudulento del suelo público, es absolutamente vergonzoso que [el alcalde, José Luis Martínez] Almeida lo haya permitido. El suelo cedido gratuitamente no puede ser utilizado para que el privado se lucre y el encargado de evitar eso es el gobierno de Almeida. Con la apertura del gimnasio privado, constatamos que ha mirado hacia otro lado, una vez más, y permite que los privados se lucren”, explica.

La misma superficie que el colegio

El centro deportivo cuenta con siete plantas, según la nota simple del registro de la propiedad, y una superficie total de 11.570 metros cuadrados –cuatro niveles y 3.364 metros cuadrados sobre rasante– y ocupa 3.888 de los 19.127 metros cuadrados que tiene la parcela sobre la que se levanta el centro. Esto es, el gimnasio será casi igual de grande en extensión que el colegio, que cuenta con una superficie construida de 13.841 metros cuadrados. La FIE (titular formal del colegio privado) le da a la empresa Dos Deporte (a cambio de algo que ninguna de las dos partes ha contado) un quinto de la parcela que el Ayuntamiento le cedió de manera gratuita.

El centro, que nació bajo la –entonces legalmente cuestionable– técnica de ceder parcelas públicas para construir colegios que tienen el concierto garantizado antes de existir, ha ocupado titulares por otros motivos recientemente. Hace unos meses, la Comunidad de Madrid ordenó al J. H. Newman que eliminase de su proceso de admisión y matriculación el punto extra que otorgaba a las familias que hubiesen donado 1.800 euros a una ONG porque podía “suponer una clara discriminación por motivos socioeconómicos y, por lo tanto, impedir el acceso en condiciones de igualdad”.

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