Trasvase Tajo-Segura: el cambio de reglas del acueducto revuelve de nuevo las aguas

19 de junio de 2021 22:13h Actualizado el 20/06/2021 05:30h

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El proyecto del Gobierno para que el trasvase Tajo-Segura esté menos tiempo en “situación excepcional” por disponer de un nivel bajo de agua ha levantado en armas a los regantes de Murcia, Alicante y Almería. Y, a su estela, se han sucedido las proclamas de los ejecutivos autonómicos. La nueva fórmula se basa en enviar más veces caudal de forma automática, sin necesidad de autorización del Ministerio de Transición Ecológica, a cambio de remitir menos líquido mensualmente.

“Nos tendrá delante el Ministerio en la batalla legal y en la calle con todo lo que tengamos”. La frase es del presidente del sindicato de regantes Scrats, Lucas Jiménez, pronunciada nada más salir de una reunión con la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, el pasado 3 de junio. Solo unos días antes, el 24 de mayo, Jiménez ya había encabezado una manifestación junto a la sede de Transición Ecológica. Allí estuvo acompañado de una escolta de políticos murcianos y alicantinos.

La realidad es que el sistema que alimenta el acueducto se encuentra en esa “situación excepcional” por la cantidad de agua disponible en los embalses de cabecera la mitad de su tiempo operativo. En esas circunstancias, el envío de agua al levante precisa de un permiso de la vicepresidenta cuarta Ribera, con un tope máximo de 20 hectómetros cúbicos (hm3) al mes. El nuevo modelo calculado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) implica que, si el sistema está en buenas condiciones, se trasvasen automáticamente 27 hm3 en lugar de los 38 actuales para que haya menos meses de envíos discrecionales. Los cálculos dicen que el trasvase medio anual con esta fórmula será de 326 hm3. Es casi lo mismo que la media enviada desde que funciona el trasvase (que es de 328 hm3), pero un 4% inferior a la de las actuales reglas de uso (establecidas en 2014): 339 hm3. Esa es la chispa para una nueva guerra del agua. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG-Murcia, Miguel Padilla, insiste a elDiario.es que “en el momento que se hace un recorte, no nos beneficia” y añade que la nueva fórmula “no obedece a nada lógico ni técnico, ni favorece a la cuenca excedente”.

Sin embargo, la nueva regla parte de un análisis del CEDEX que ha comprobado que, actualmente, la probabilidad de que el sistema esté en los peores niveles el del 49%: “El trasvase se encuentra en condiciones excepcionales la mitad del tiempo, (…) inaceptable desde el punto de vista de una explotación regular y estable”, explica el CEDEX. Revisando los informes mensuales del sistema se ve que, de los 80 meses transcurridos desde que se instauró el método que ahora se va a cambiar (2014), 43 han sido excepcionales y en otros 11 no ha habido posibilidad de trasvasar. Solo 26 meses han permitido el trasvase automático (ninguno de ellos en el nivel más positivo).

Este trabajo explica que las bases para este panorama se crearon en 2014 al establecerse la cantidad de agua que se bombea cuando el trasvase está en el nivel II de reservas: se desoyeron las directrices técnicas que marcaron los 30 hm3 como volumen que se remite automáticamente y se decidió admitir 38 hm3, “una inadecuada cifra de partida”. Al sobrevenir “una desfavorable evolución hidrológica en los últimos años” se está produciendo “una elevada ocurrencia de situaciones excepcionales”.

Con todo, la Unió de Llauradors y Ramaders de la Comunitat Valenciana habla de una “jugada muy sucia” y califica como “una auténtica barbaridad” los planes del Ejecutivo. Y, una vez más, apelan a que “se compromete seriamente el futuro” de la agricultura en las comarcas alicantinas de la Vega Baja y el Vinalopó. “Está en juego el futuro de 30.000 familias que de una manera u otra viven del agua del trasvase para regar sus campos”, repiten.

Lo que ocurre es que a casi 300 kilómetros de canalizaciones más al norte, en la cuenca alta del Tajo, el agua escasea cada vez más. Las aportaciones que llegan a los embalses de cabecera de donde sale el agua –Entrepeñas y Buendía, en Castilla La Mancha– han caído en la última década. La media entre 1980 y 2012 estuvo en los 760 hm3. Desde entonces, se han encadenado malos años. La media entre 2013 y 2019 es de 655 hm3 (un 14% inferior) lo que deja un promedio total de 741 hm3.

Evolución aportaciones a los embalses de cabecera del trasavase Tajo-Segura: 1980-2019 / CEDEX.

Los 22 municipios ribereños de Cuenca y Guadalajara que dependen de estos embalses ven como una “oportunidad única” la revisión del trasvase. Reclaman que se mantenga más agua de forma estable en su zona (“un 40% de la capacidad de los embalses”) al tiempo que creen que el trasvase envía agua “de forma sistemática” incluso “cuando no hay necesidad” en el levante.

Un estudio del Grupo de Investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha ha constatado cómo, desde que se puso en marcha el acueducto que alimenta Alicante, Murcia y parte de Almería, la población de las localidades ribereñas ha ido desplomándose al evaporarse los recursos económicos que se habían creado en torno a los pantanos con el llamado Mar de Castilla. El trabajo concluye que “se ha priorizado las necesidades del sureste español frente a las locales”, lo que ha provocado “su declive poblacional y socioeconómico”.

Gestión del conflicto hídrico

“Esta medida, en sí misma, parece adecuada como respuesta adaptativa al nuevo contexto que impone el cambio climático, pero creo que falta pedagogía para completar el relato: la gestión del agua es la gestión de conflictos, y si la modificación de estas reglas se limita a cambiar los niveles y volúmenes del recurso se queda corta porque eso es muy técnico”, analiza Gonzalo de la Cámara, coordinador del Departamento de Economía del Agua en el Instituto IMDEA. “Hace falta algo más, hacer política, para acercar las posturas de los ganadores y perdedores de esta medida”.

Desde luego, el boom de la industria hortofrutícola en Alicante y la Región de Murcia es evidente. Pero los datos varían según quién los ofrezca. El Gobierno murciano atribuye a todo ese sector una facturación de 3.000 millones de euros al año. Justo la misma cifra que el Sindicato de Regantes del Trasvase SCRATS se reserva solo para los cultivos del Tajo-Segura. Tanto Murcia como Alicante se conceden a sí mismas el título de la huerta de Europa por sus exportaciones.

En todo caso, no todo el sector depende de esta infraestructura: la superficie que, legalmente, pueden regarse con agua del acueducto está tasada: en Murcia son 82.800 hectáreas (ha), según el documento de Zonas Regables de la Confederación Hidrográfica del Segura. Es decir, un 46% de las 179.600 ha dedicadas a regadío en la región, según la estadística del Ministerio de Agricultura. En Alicante son 49.700 de 82.300 ha totales, un 60%. En Almería hay 3.000 ha regables con recursos del trasvase de las 70.000 dedicadas al riego (más de la mitad bajo invernadero).

A esta situación se le ha añadido el efecto de la crisis climática. Las previsiones que realizó ya en 2017 el Cedex, la Oficina Española de Cambio Climático y la Agencia Estatal de Meteorología indicaron que el calentamiento global “podría suponer para la demarcación hidrográfica del Tajo, en promedio, una reducción de los recursos hídricos que estaría comprendida entre el 3% y el 8% para el periodo 2010-2040”. De hecho, en la cabecera del Tajo, el impacto calculado es un poco más severo, lo que implica menos agua de donde bombear.

Los regantes exigen “suministros estables de agua para poder ir regulando su uso y modificar el regadío de las distintas campañas agrícolas”, explica el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores murcianos, Alfonso Gálvez, quien cree que al final se trata de ir reduciendo caudales enviados para ir, finalmente, a una “reducción drástica y prácticamente dejar el envío de agua para el abastecimiento, con un encarecimiento que, a todas luces, va a ser inasumible por las familias y por los propio regantes porque el trasfondo de todo esto es que se pretende una sustitución de agua de trasvase por agua desalada”.

En contraste con este análisis, en 2015, el Gobierno del Partido Popular introdujo una disposición transitoria a su modificación de la ley de Montes que ya preveía modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura “con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales”. Aún así, Gálvez insiste en que usar el decreto es una opción “totalmente desacertada” porque “rompe el consenso en materia de agua”.

De la Cámara, del IMDEA, apunta a que, al mismo tiempo que se retoca el funcionamiento del trasvase, “hace falta explicar cuáles son las alternativas”. El experto en economía del agua considera que esa opción pasa “por aumentar la eficiencia agrícola, aumentar la regeneración de agua y diversificar la oferta con agua desalada”. Y añade que la situación mejoraría con “incentivos adecuados para los regantes”. En este sentido, explica que es muchísimo más barato extraer agua de un pozo que poner el líquido en la finca desde una desaladora: “Esas plantas no encuentran demanda porque no tienen los incentivos adecuados”.

Los políticos calientan el ambiente

A rebufo de las exigencias agrícolas se han colocado los responsables políticos autonómicos. Ha bastado con pasar lista en la manifestación ante la sede del Ministerio de hace unas semanas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP) declaró entonces que existe una “inadmisible hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el Tajo-Segura”, aunque esta posible modificación habla de otra cosa. El secretario general del PP, Teodoro García Egea –originario de Murcia– aprovechó para declarar que era “un honor” estar con los agricultores, “que se levantan muy temprano para que los españoles tengan alimentos sobre su mesa”. La Vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, amenazó con que “las familias van a ver cómo se incrementa el precio de la factura del agua en más de un 30%”.

Sin embargo, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, formado por PSOE, Compromís y Unidas Podemos, tampoco ha podido evadirse de esta corriente y consideran “irrenunciable” el trasvase. “Es una situación muy compleja que queremos abordar desde el diálogo”, explicaba el president Ximo Puig, para quien es “absolutamente necesario” mantener el trasvase. Además, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà (Compromís), quien acompañó a los agricultores alicantinos en sus reivindicaciones en Madrid el pasado 23 de mayo, alabó el sistema actual: “Está técnicamente avalado y racionalizado, cumple con los valores ambientales y socioeconómicos en un sector esencial”. El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha dicho que la Generalitat valenciana está preparada para defenderlo “con todos los medios a nuestro alcance”.

Con información de Santiago Cabrera, Alivia Avilés y Miguel Giménez.

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