Las investigaciones por muertes en residencias señalan a trabajadores y obvian a los promotores de los protocolos

A distinto ritmo y por diferentes vías, decenas de investigaciones judiciales continúan abiertas para conocer lo que sucedió en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Entre marzo y mayo de 2020, más de 7.000 personas fallecieron en los centros de mayores. Los procedimientos que se están instruyendo por ahora únicamente apuntan a directivos y médicos que atendieron en los geriátricos a sus usuarios durante la pandemia; las plataformas de afectados consideran que los impulsores de los protocolos que obstaculizaron la derivación de los mayores son los grandes olvidados en las causas que van avanzando en los juzgados.

Actualmente hay un “gran número de procedimientos abiertos en los 21 partidos judiciales de Madrid”, apuntan fuentes judiciales, que explican que este tipo de casos que se van dispersando por distintos juzgados, que se litigan por diferentes vías –penal o civil– y que avanzan a ritmos dispares son definidos en su jerga como “bombas de racimo”. 

Por Laura Galaup.