La solución del Constitucional hubiera obligado a levantar las restricciones en España con más de 100 muertos diarios
99 días duró el primer estado de alarma generalizado que se ha aprobado en la reciente historia democrática española. Desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020. Algo más de tres meses de confinamiento y limitación de movimientos por un real decreto aprobado por el Gobierno y prorrogado cada dos semanas por la mayoría absoluta del Congreso. Más de un año después, el Tribunal Constitucional ha considerado la decisión contraria a la Carta Magna. En opinión del tribunal, tras un largo debate que ha partido en dos a la sala encargada de decidir, el Ejecutivo debió recurrir al estado de excepción, una figura que permite restricciones mucho más profundas en los derechos fundamentales, pero que tiene limitada por ley su extensión a un máximo de 60 días, lo que hubiera impedido a España concluir el confinamiento de forma similar a como lo hicieron otros países europeos cuando el número de muertos registrado en mayo superaba el centenar diario.
Aunque la comparación entre países siempre es compleja por las diferencias legales, sociales e históricas que existen, en todos los de nuestro entorno se aprobaron de una u otra forma confinamientos domiciliarios y restricciones similares a los asumidos en España, cuyas medidas se prolongaron de forma asimétrica durante varios meses. Así lo explicó este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una comparecencia para valorar la sentencia del Tribunal. “La democracia española usó la figura del estado de alarma como el resto de gobiernos europeos”, dijo.
Informa Aitor Riveiro
