Las comunidades endurecen las restricciones entre dudas sobre la proporcionalidad de las medidas
El 21 de junio fue el último día que la incidencia acumulada en España bajó. Aquel lunes, este indicador marcaba 93 casos de COVID–19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Desde entonces, los contagios se han disparado y esta tasa está ahora en los 469,5 casos, muy por encima de los 250 a partir de los que se considera que la situación epidemiológica es de “riesgo muy alto”.
Para tratar de frenar esta tendencia, con picos en las franjas de edad más jóvenes, cuatro comunidades autónomas han solicitado a sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia su aval para implantar el toque de queda en parte de sus territorios, un paso necesario al tratarse de una limitación de un derecho fundamental. Una petición que ha tenido una respuesta desigual en la Comunitat Valenciana, donde ha sido favorable, y en Canarias, donde la Justicia ha dicho 'no', mientras Catalunya y Cantabria esperan la resolución de sus jueces. Otros Gobiernos autonómicos han apostado por plantear un abanico de medidas: desde la reducción de aforos y horarios, hasta la prohibición del ocio nocturno, pasando por pedir PCR o certificado de vacunación para entrar en las discotecas gallegas. Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Madrid, Navarra y Andalucía no han planteado, por el momento, nuevas restricciones.
Escriben David Noriega y Daniel Sánchez Caballero
