Almeida confirma que se mantiene el cierre de bares a las 23 horas y los grupos de seis personas pero deja en el aire las restricciones a la movilidad por barrios
El cierre adelantado de los bares decretado por la orden de Sanidad y la limitación de los grupos a seis personas seguirán en vigor en Madrid tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Lo ha confirmado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicado que estas dos medidas no eran objeto de “ratificación” porque no afectan a “las libertades fundamentales”.
El regidor, sin embargo, ha dejado en el aire si se mantienen las restricciones por áreas básicas de salud decretadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace casi tres semanas y avaladas, en este caso, por el TSJM en dos ocasiones. Estas medidas decayeron con la orden de Sanidad ahora anulada. “No conviene entrar en hipótesis. Hay que esperar a que sea el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien una vez estudiado el auto tome las decisiones que corresponda”, ha señalado Martínez-Almeida.
Pese a que, a partir de ahora, salir del perímetro de la capital estaría en principio permitido, el alcalde ha pedido a los madrileños que “eviten los desplazamientos”. “Soy consciente de que hay un puente por delante. Con las entradas y salidas d ela ciudad va a ser más difícil seguir los contagios”, ha expresado. También ha anunciado que se retoman las peatonalizaciones anuladas el fin de semana pasado en la capital, al decaer la orden de Sanidad, el motivo que había dado el Ayuntamiento para suspenderlas.
La resolución judicial conocida este jueves ha vuelto a sumir en la incertidumbre a la capital. El Ayuntamiento de Madrid, cuyo municipio estaba afectado por el cierre, vincula el auto judicial con “la falta de un marco normativo” para que las comunidades adopten restricciones ante una escalada de contagios y culpa al Gobierno de no haber “hecho los deberes”. “El Gobierno no ha hecho su trabajo para implantar las medidas”, ha señalado la vicealcaldesa Begoña Villacís. “La resolución avala que el Gobierno no se comportó de forma adecuada desde el punto de visto político ni jurídico”, ha añadido Martínez-Almeida, que cree que a la “intranquilidad” de los madrileños no se puede “sumar la inseguridad jurídica y normativa”.
Escribe Sofía Pérez Mendoza.
