Esade cree que habría que condicionar las ventajas de los ERTE según la facturación de las empresas
La universidad privada Esade convocó a los medios de comunicación este viernes para analizar “las medidas laborales frente a la pandemia y su impacto en los trabajadores”. La encargada del análisis ha sido la profesora titular de Derecho del Trabajo de Esade Law School Anna Ginès que ha valorado que sería necesario que el Gobierno condicionara las ventajas facilitadas a las empresas para poder acogerse a ERTE en la pandemia del Covid-19 al nivel de facturación de las sociedades., informa Europa Press.
Ginès ha señalado que, hasta ahora, el Ejecutivo ha optado por una “solución uniforme” cuando, realmente, “la crisis va a afectar muy diferentemente en los distintos sectores” ya que, si bien algunas empresas han visto restringida su actividad, otras han podido recurrir al teletrabajo y otras incluso han visto aumentada la demanda.
Así, la especialista cree que habría sido deseable que el Gobierno hubiera condicionado las exenciones de las empresas a la cotización en los ERTE a no haber tenido un determinado nivel de ingresos anterior, o que incluso se hubiera obligado a las compañías con mejor situación económica a contribuir en mayor medida en los ingresos del trabajador, asumiendo parte de la prestación.
Garcès ha señalado que, si bien como norma general esta disposición pudiera haber acarreado alguna vulneración en los principios de igualdad o de libertad de empresa, ha recordado que esta situación tiene lugar en un Estado de alarma y dentro de una modalidad específica con exenciones en las cotizaciones y una mayor protección a las personas afectadas.
“No habría un problema jurídico vincularlo al nivel de ingresos de la empresa”, ha remarcado la profesora de Derecho al Trabajo.
Respecto a las garantías para mantener el empleo en empresas acogidas a las medidas laborales extraordinarias en el decreto ley que facilita los ERTEs, la profesora titular de Esade Law School cree que la falta de desarrollo y concreción de esta disposición puede acarrear problemas jurídicos en el futuro. A su juicio, las consecuencias de un incumplimiento en este sentido deben pasar por una devolución de las exenciones y bonificaciones aprovechadas y el gasto asumido por el Estado, así como la improcedencia o nulidad de los despidos.
