No, el Gobierno no ha abierto la puerta a la expropiación de viviendas ni a legalizar la ocupación
El sábado 11 de marzo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una disposición para adaptar el Plan Estatal de Vivienda 2018–2021 a los decretos relativos a la crisis del coronavirus. Entre otras cosas, de estos planes salen los fondos que después las comunidades autónomas dedican a personas en dificultades económicas para el pago de alquileres.
Uno de los apartados de la orden ministerial se refiere a las ayudas a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual, sin hogar y otras especialmente vulnerables con una situación agravada por la crisis del coronavirus. Y se aclara a las comunidades autónomas que pueden gastar fondos del plan de vivienda para el alquiler de pisos privados o para el pago de habitaciones de hotel en caso de que no se disponga de vivienda pública para dar una solución habitacional a estos colectivos.
Esta disposición, que ya estaba contenida en términos similares en un real decreto de marzo de 2018, ha sido interpretada por algunos comentaristas como una posible legalización de la “expropiación” de la propiedad privada, dando por hecho que se obligaría a los dueños a poner a disposición de las autoridades las citadas viviendas, algo que en ningún momento se dice.
Lo explica Marina Estévez .
