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TECNOLOGÍA

Indemnización millonaria para las mujeres engañadas por una productora porno que difundió sus vídeos en Internet

Girls Do Porn ha sido condenada a indemnizar con 12,8 millones de dólares a las 22 mujeres de entre 18 y 22 años a las que engañaron para rodar escenas porno

La Corte Suprema de California ordena a la productora a "tomar medidas" para borrar los vídeos de las víctimas, pero dos semanas después siguen accesibles

El juez ve probado que los responsables de Girls Do Porn coaccionaron a sus víctimas para grabar porno bajo la promesa de que no se colgarían en Internet

Canal de Girls Do Porn borrado de Pornhub, con 5 millones de reproducciones

Canal de Girls Do Porn borrado de Pornhub, con 5 millones de reproducciones

Al principio nadie las creyó. Pero, tras una batalla legal de tres años, han logrado borrar del mapa a una de las productoras de porno online de más éxito de la industria. La denuncia de 22 mujeres contra Girls Do Porn, a la que acusaron de engañarlas para protagonizar vídeos porno bajo la promesa de que nunca se publicarían en Internet, resultó en condena contra sus responsables el pasado 2 de enero: deberán indemnizarlas con 12,8 millones de dólares en total, desactivar GirlsDoPorn.com y "tomar medidas" para que los vídeos de la productora distribuidos en páginas porno de acceso gratuito sean borrados.

Dos semanas después del fallo, la web de la productora ya no está activa. Los vídeos de las víctimas, sin embargo, son fáciles de encontrar en las principales páginas de pornografía.

Es el agridulce final de la historia de una trama criminal que llevó a la realidad una de las ficciones más utilizadas de la industria porno, la de actrices que en realidad no lo son ni quieren serlo. En una sentencia de 181 páginas, la Corte Suprema de California ha considerado probado su relato: que los responsables de Girls Do Porn las captaron a través de ofertas de empleo de modelo falsas, que las coaccionaron para que aceptaran grabar vídeos porno que solo iban a distribuirse "en formato DVD en Australia" y que, cuando muchas de ellas descubrieron esos vídeos estaban accesibles en las principales páginas web, les llegaron a solicitar hasta 15.000 dólares a cambio de retirarlos. Las víctimas tenían entre 18 y 22 años en el momento de los hechos.

"Las tácticas de los demandados provocaron que los vídeos sean de dominio público en las comunidades de las demandantes y entre sus familiares y amigos, algo que les aseguraron expresamente que no sucedería", afirma el juez en la sentencia: "Como resultado, las demandantes han sufrido y continúan sufriendo consecuencias de largo alcance y a menudo trágicas".

Durante el juicio, que duró 99 días, las demandantes revelaron que la salida a la luz de los vídeos afectó gravemente a sus relaciones personales y tuvo consecuencias como la pérdida de sus empleos y de oportunidades académicas. Sus nombres reales se filtraron en los comentarios de los vídeos, lo que degeneró en varios tipos de acoso. El juez ha considerado probado que esto les provocó traumas emocionales y psicológicos y que varias de ellas han intentado suicidarse a raíz de los hechos.

Dos de los tres principales responsables de Girls Do Porn, el cámara Matthew Wolfe, de 37 años, y el actor Rubén García, de 31, se encuentran en prisión después de que las demandantes interpusieran el pasado octubre otra demanda por la vía penal. Se les acusa de tráfico sexual, coacción y fraude. Si son condenados la pena mínima será de 15 años de prisión. Las máximas les llevarían a pasar el resto de su vida en la cárcel. El jefe de la trama, Michael Pratt, de 36 años y director de Girls Do Porn, se encuentra huido desde octubre: según la prensa estadounidense, las autoridades sospechan que se encuentra en Nueva Zelanda, su país natal.

El abogado defensor aseguró durante el juicio que "las demandantes son mujeres adultas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones adultas por sí mismas, y deben ser responsables de sus propias decisiones y acciones". El juez no aceptó esta versión, argumentando que los acusados instaban a las víctimas a firmarlos rápidamente, presionándolas para que no los leyeran. "El Tribunal considera que esos presuntos contratos son inválidos y forman parte de la estrategia fraudulenta de los acusados", explica el fallo.

Indiferencia de la industria

Pese a que la primera denuncia que alertó de la situación se interpuso en 2016, la industria del porno no empezó a dar la espalda a Girls Do Porn hasta noviembre de 2019, agarrada a la existencia de los contratos. Pornhub, la mayor web de pornografía del mundo y que mantenía un acuerdo con Girls Do Porn para utilizar sus contenidos como reclamo para conseguir suscriptores de pago a su plataforma, aceptó su último vídeo en agosto. No dio de baja su canal hasta noviembre, tres días después de que  Wolfe y García fueran detenidos y Pratt se diera a la fuga. 

Según los datos del Departamento de Justicia de EEUU, hasta noviembre los vídeos de Girls Do Porn habían generado 17 millones de dólares.

Pese a los casi 100 días de juicio y la cobertura internacional que ha tenido la sentencia, parece que la mayoría de las webs porno seguirán intentando explotar el tirón de la productora desaparecida mientras puedan. Aunque algunas (como la propia Pornhub) han programado su base de datos para que el comando "Girls Do Porn" no ofrezca ningún resultado, muchas otras siguen ofreciendo los vídeos de las víctimas, en ocasiones con títulos que simplemente hacen un juego de palabras con el nombre de la productora. 

Según explicó a eldiario.es la abogada experta en violencia de género Laia Serra cuando Pornhub y otras tantas webs porno se negaron a bloquear los vídeos de Girls Do Porn, sería difícil que una situación así se diera en España: "Aquí habría que analizar el nivel de engaño y abuso que pudo haber a la hora de firmar el contrato. En función de ello y del contenido de los vídeos, podrían considerarse delictivos, y el juez de instrucción podría pedir la retirada o la prohibición de acceso cautelar".

"Además, la legislación administrativa, del audiovisual y de la sociedad de la información, también prevén la prohibición de divulgar contenidos discriminatorios hacia las mujeres", detalló la letrada. También existe un canal administrativo para solicitar que estos contenidos especialmente sensibles para la imagen de una persona, como los sexuales o violentos, puedan ser retirados por la vía rápida. Está disponible a través de la página de la Agencia Española de Protección de Datos.

Como detalló este medio, si los técnicos de este organismo aprueban la solicitud, pueden ponerse en contacto con los operadores y los principales servicios digitales para retirar esos contenidos en 24 horas mediante órdenes ejecutivas.

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