El Gobierno creará un nuevo ecosistema de apps públicas tras el éxito de la prueba piloto de ‘Mi Carpeta Ciudadana’

El Gobierno lanzará este jueves la versión definitiva de la aplicación Mi Carpeta Ciudadana tras varios meses en fase piloto. Esta app permite realizar múltiples gestiones con diferentes administraciones estatales, autonómicas y locales desde una sola plataforma, un modelo opuesto al universo de pequeñas apps públicas con problemas de usabilidad y desactualización que ha caracterizado hasta ahora la digitalización española. “Un cambio de rumbo” que ha llegado para quedarse, explican fuentes del Ejecutivo a elDiario.es: “los resultados espectaculares” obtenidos en las pruebas con Mi Carpeta Ciudadana han espoleado una nueva política de desarrollo de apps para servicios públicos.

Desde mediados de septiembre, cuando se abrió a los ciudadanos la posibilidad de descargar Mi Carpeta Ciudadana en fase de pruebas, cerca de medio millón de personas han testado sus funcionalidades. En total suma un millón y medio de accesos. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), impulsora de la app, ha recibido unas 850 sugerencias de mejora enviadas por la ciudadanía. “Ha superado con creces las expectativas”, insisten desde el departamento que dirige Carme Artigas.

Mi Carpeta Ciudadana permite consultar citas previas, el estado de los expedientes, descargar justificantes y certificados o recibir alertas. Entre los datos que se han podido consultar en su fase de pruebas están los de ámbito educativo (titulaciones universitarias y no universitarias, condición de becario o matrículas universitarias); Vivienda (bienes inmuebles y datos del padrón); Salud y Asuntos Sociales (grado y nivel de discapacidad y acceso a la solicitud del certificado COVID); Situación personal y familiar (título de familia numerosa, inexistencia de antecedentes penales o inexistencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual,); Trabajo y Jubilación (demanda de empleo y prestaciones, y acceso a la vida laboral); y Vehículos y transporte (datos del conductor y saldo de puntos y datos del vehículo).

Las sugerencias de mejora de los ciudadanos se centran en dotar a la app de la capacidad de pedir citas e iniciar trámites administrativos directamente desde su plataforma. Entre las que ya se han incluido en la versión oficial, está la inclusión de la consulta del importe y periodo de vigencia de unas 40 prestaciones sociales como paternidad, maternidad, ingreso mínimo vital, ​incapacidad temporal, incapacidad permanente, gran invalidez, jubilación, viudedad u orfandad.

Desde la SEDIA recalcan que las peticiones que no se hayan podido atender por el momento se han usado para configurar la hoja de ruta de la app para 2023 y 2024. Estas solicitan seguir añadiendo accesos a servicios públicos que aún no están presentes, o juntar los trámites de una misma categoría, aunque estén incoados por administraciones diferentes.

“Pasa, por ejemplo, con las multas”, explica Carme Artigas. “Los ciudadanos no quieren ir a buscar las del ámbito local, las de Tráfico... quieren ir a un sitio y que estén todas ahí. Lo que vamos a hacer es trabajar con entes locales y autonómicos y expresarles esta reclamación ciudadana. Tenemos que hacer una integración interadministrativa, pero no de las aplicaciones sino de los datos”, defiende la secretaria de Estado en conversación con este medio.

Una “App Store” para aplicaciones de servicios públicos

“Entendemos que es absolutamente necesario hacer un cambio de modelo”, coincide Juan Jesús Torres, secretario general de Administración Digital. La nueva política del Gobierno para las apps de servicios se basará en una integración de los datos para que sean accesibles de manera centralizada por el ciudadano, siguiendo el ejemplo de Mi Carpeta Ciudadana. Además, el departamento de Artigas quiere generar un nuevo ecosistema de datos abiertos que permita una relación más sencilla con el sector privado.

“Lo que queremos es abrir los datos a los desarrolladores y tener alrededor del gobierno una serie de empresas y de startups que puedan proponer nuevos productos y servicios ágiles para los ciudadanos”, expone: “Para eso tenemos que hacer que los datos estén disponibles para que se pueda desarrollar productos y servicios nuevos, que no solamente podamos desarrollar nosotros cada aplicación”. Una especie de 'App Store' en la que la última palabra la tendría el Gobierno.

La Secretaria de Estado afirma que esos datos públicos estarán anonimizados y agregados, por lo que los desarrolladores que quieran ofrecer sus apps al Estado no tendrán acceso a ellos. “El desarrollo de código no está asociado a que nosotros tengamos que abrir las base de datos”, aclara.

El Gobierno está analizando cómo se remunerará a esos desarrolladores, pero asegura que la ciberseguridad y la transparencia de los algoritmos que usen esas aplicaciones serán elementos básicos de la iniciativa.

El nuevo modelo no implicará, eso sí, que las administraciones que tengan aplicaciones funcionales tengan que cambiarlas. “Si alguna administración u organismo público, tiene resuelto un problema, perfecto, nosotros no le vamos a imponer que use nuestra solución. Pero si es una necesidad que no tiene resuelta, podrá hacerlo”, afirma Juan Jesús Torres.