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Google, obligada a borrar millones de datos tras reconocer que la navegación “de incógnito” no es “privada”

Pestaña de incógnito de Google Chrome

elDiario.es / Agencias

Nueva York —

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El gigante tecnológico Google destruirá los datos de millones de usuarios para resolver una demanda colectiva en la que se acusa a la empresa de rastrear sin consentimiento a los internautas que utilizan la navegación privada. Según ha indicado un tribunal federal de San Francisco, Google ha llegado a un acuerdo por el que “debe eliminar o corregir miles de millones de registros de datos que reflejan las actividades de navegación privada” de los usuarios.

El litigio, iniciado en 2020, abarca a millones de internautas que utilizaron la pestaña de “incógnito” desde junio de 2016. En un principio, los demandantes pedían 5.000 dólares por usuario en concepto de daños y perjuicios por violación de las leyes federales de escuchas telefónicas y de privacidad de California. En la demanda se acusa a Google de engañar a los usuarios al no informarles adecuadamente de los tipos de datos que recopilaban cuando utilizaban el modo de navegación privada, llamado “incógnito”.

El acuerdo, que aún requiere la aprobación final de la juez, también obliga a Google a reescribir la información sobre los datos privados que recopila en esta pestaña y a permitir a los usuarios bloquear las cookies de terceros durante los próximos cinco años. Aunque el acuerdo no incluye una compensación por daños y perjuicios, sí permite a los particulares presentar reclamaciones para obtener una indemnización, y según el documento, ya se han registrado 50 peticiones ante los tribunales de California.

La salida a la luz de la demanda desenterró intercambios internos que mostraban a ejecutivos de Google debatiendo las divulgaciones de la compañía en torno a la navegación privada, tal y como ha recogido The Wall Street Journal. La directora de marketing de Google, Lorraine Twohill, advirtió en 2019 al CEO de la compañía, Sundar Pichai, la navegación de incógnito no debería llamarse “privada” porque corría el riesgo de “exacerbar conceptos erróneos conocidos”.

“Estamos limitados en la fuerza con la que podemos comercializar Incognito porque no es verdaderamente privado, por lo que requiere un lenguaje realmente difuso y de cobertura que es casi más perjudicial”, escribió Twohill más tarde en otro correo electrónico. Según los términos del acuerdo, Google reescribirá sus declaraciones sobre cómo recopila los datos privados de navegación. La empresa afirma que ya ha empezado a aplicar ese cambio.

Como numerosos especialistas en privacidad avisaron desde su lanzamiento, la navegación “de incógnito” impide que el dispositivo desde el que se realiza guarde registros de las acciones del usuario, impidiendo así que otras personas las consulten posteriormente. Sin embargo, no evita que los servicios digitales recopilen datos personales derivados de esa navegación.

Fuentes oficiales de Google han afirmado a elDiario.es que no tienen “conocimiento ni visibilidad” para comprobar si en los datos que la multinacional deberá borrar hay información de ciudadanos europeos. El abogado David Boies, que representa a los consumidores en la demanda, ha afirmado que el acuerdo obliga a Google a eliminar y remediar “en un alcance y escala sin precedentes” los datos que recopiló indebidamente. “Este acuerdo es un paso histórico en la exigencia de honestidad y responsabilidad a las empresas tecnológicas dominantes”, ha aseverado.

Google en cambio alega que se trata de “datos técnicos antiguos” que no tiene problema en eliminar. También asegura que los datos nunca se asociaron a individuos concretos ni se utilizaron para ninguna forma de personalización.

La compañía enfrenta actualmente varias demandas del Departamento de Justicia, que acusa a la empresa de monopolizar el mercado de la publicidad digital y socavar así la libre competencia. Además, el pasado diciembre la compañía acordó pagar 700 millones de dólares y hacer cambios a su plataforma de descarga de aplicaciones para Android, Google Play, para resolver otra demanda antimonopolio presentada por varios estados de EEUU. 

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