Perjuicios económicos y sociales de la cuarentena y cómo contenerlos

La mayoría de los países europeos -si no todos- van a estar en cuarentena varias semanas como medio para frenar el contagio del Coronavirus y evitar así la saturación de sus sistemas sanitarios. Se prohíbe a los ciudadanos salir de casa salvo para trabajar, abastecerse de lo básico, o por necesidades de salud o de otro tipo. La mayor parte de los negocios privados tienen prohibido operar, y los pocos que sí pueden hacerlo verán limitada sobremanera su clientela (excepto unos pocos establecimientos como los de alimentación básica, de higiene y farmacias). Esto supondrá un duro golpe a la actividad económica: con la mayoría de empresas cerradas y con los consumidores encerrados en sus casas es imposible que la economía pueda funcionar. Y no hay ninguna receta mágica que pueda solucionar este problema: el daño económico es inevitable.

La pregunta clave ahora es cuánto durará este daño y qué intensidad tendrá. Aunque el impacto va a ser drástico, lo cierto es que responde a un único factor presumiblemente temporal y que además no es de naturaleza económica. En consecuencia, hay motivos para creer que una vez superada esta pandemia el ciclo económico vuelva a su estado anterior, o al menos que se acerque mucho a él. La crisis que vamos a vivir no se parece en nada a la iniciada en 2008: entonces el problema era que la mayoría de agentes económicos estaban sobreendeudados, lo que los obligaba a priorizar el pago de las deudas antes que cualquier otro tipo de gasto e inversión, paralizando y hundiendo así la economía. Ese desendeudamiento tenía necesariamente que durar años porque era lento y porque partía de niveles muy elevados.

Ahora la situación es distinta: el shock económico ha sido originado por un factor puntual, ajeno a la economía y previsiblemente temporal. Cuando las cuarentenas finalicen, las empresas volverán a operar y los consumidores a consumir (tal y como está ocurriendo ya en China), y en principio cabe esperar que se recuperará la senda que la pandemia quebró. Otra cuestión diferente es que este fenómeno -especialmente si las cuarentenas se prolongan muchos meses o si éstas se producen en tiempos distintos a lo largo del planeta- actúe como detonante de otros desequilibrios macroeconómicos que ya existían y sobre los que muchos llevamos tiempo advirtiendo: la enorme burbuja de activos financieros provocada por las políticas ultra expansivas de los bancos centrales. Pero es muy pronto para saber si esto podrá ocurrir y, en principio, no hay muchos motivos para creerlo.

En cualquier caso, los niveles de endeudamiento de los agentes económicos no son tan elevados como en 2008, por lo que es improbable que este hipotético estallido pudiese ser peor que el de hace ya 12 años. También, evidentemente, dependerá de cuánto duren las pandemias: no es lo mismo que se prolonguen sólo durante unas pocas semanas o que lo hagan durante unos cuantos meses.

De lo que sí podemos estar seguros es de que afectará, y mucho, a las cuentas públicas. Téngase en cuenta que casi toda la economía privada se va a detener por completo: los consumidores no van a consumir prácticamente nada durante semanas por lo que muchísimas empresas, autónomos y trabajadores estarán un tiempo sin ingresar nada o prácticamente nada. Se pagará mucho menos por IVA, por beneficios, por IRPF, por impuestos especiales, por tasas, por precios públicos, etc.

En cambio, el Estado seguirá pagando los sueldos de los empleados públicos, las pensiones de los pensionistas, el mantenimiento de muchos servicios públicos… y además aumentará sus gastos en prestaciones por desempleo, en reforzar el sistema sanitario y en ayudas de todo tipo. La caída de ingresos impositivos y el aumento de gastos públicos tendrán un resultado directo: incremento notable del déficit público. Pero he aquí el mensaje clave que tenemos que grabarnos a fuego aunque al establishment le chirríe: eso no es preocupante y, de hecho, es deseable.

¿Ha pensado el lector que ocurriría si, en una situación como ésta, no contásemos con un sector público con un tamaño como el actual? ¿Ha pensado qué pasaría si el Estado no pagase pensiones a casi 10 millones de pensionistas, sueldos a más de 3 millones de empleados públicos o ayudas variadas a más de 5 millones? Todo este dinero está asegurado a pesar de la pandemia, al contrario de lo que ocurre con los ingresos del sector privado. Es decir, que, le pese a quien le pese, estas semanas o meses la economía (y el bienestar de la mayoría) podrá aguantar gracias a la existencia del Estado. Esto es absolutamente irrefutable. Recordemos que la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado fue tan grave precisamente porque ninguna economía contaba con un potente Estado que pudiese compensar el hundimiento del sector privado originado en la crisis de 1929.

En economía existe una identidad contable tan útil y sencilla como olvidada por los economistas convencionales: el ingreso es igual al gasto. Si un agente económico ingresa 10 euros es porque otro ha gastado 10. No puede ser de otra forma, es una identidad matemática y se cumple siempre. Sugiero al lector que se detenga un poco a pensar sobre ello; nadie puede ingresar dinero si no hay otra persona o entidad gastando en el otro lado. Por eso, y tal y como va a ocurrir durante la cuarentena, si empresas y consumidores gastan poco, otros agentes ingresarán poco. Si el gasto total de la economía cae mucho, también lo harán los ingresos totales. Es decir, que habrá mucho menos PIB. Si se quiere evitar o contener esta evolución decreciente no queda más remedio que incrementar otro tipo de gasto. Como el sector privado no puede aumentar su gasto, debe hacerlo el sector público. Ésta es la clave del asunto: para evitar lo máximo el impacto económico negativo de la cuarentena el gasto público debe ocupar el hueco que va a dejar el gasto privado. Si el gasto privado cae en X euros, el Estado debería aumentar su gasto en esa cantidad o en una que se le aproxime. Sólo así conseguiremos que las cosas no cambien mucho.

Este aumento del déficit público no vulnera la legalidad vigente. El artículo 135 de la Constitución Española permite suspender las reglas de estabilidad presupuestaria en “casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado”.

Tampoco hay motivos para alarmarse por la obtención de la financiación o por el incremento de la deuda pública. El Banco Central Europeo es la única institución que puede crear los euros, por lo que si tiene voluntad política (que es otra cuestión y daría para otro artículo), cualquier Estado de la Eurozona podría financiar sus gastos sin ningún tipo de problema. Pero es que ni siquiera es necesario que las autoridades europeas modifiquen sus tratados puesto que en la actualidad muchos de los tipos de interés de los bonos públicos alcanzan terreno negativo. Es decir, ¡que los Estados ganan dinero al endeudarse y los prestamistas lo pierden por prestar dinero! Nunca antes hemos estado en mejor momento para aumentar el gasto público.

Y que nadie venga con historias histéricas sobre la inflación. Si el gasto público rellena el vacío del gasto privado, el gasto total será igual, así que es imposible que aumente la inflación. De hecho, el gasto público podría ir más allá y tampoco aumentaría la inflación, pero dejemos este tema a un lado de momento. Baste con señalar que en este caso se trata de quedarnos como estábamos antes de iniciarse la pandemia (o lo más cerca posible). Además, y por si fuera poco, las limitaciones a la inflación son evidentes en un contexto de compras únicamente limitadas a los productos básicos (con holgada oferta y cuya acumulación no tiene apenas sentido porque sólo tenemos un estómago que alimentar y un cuerpo que cuidar).

En definitiva, si queremos evitar al máximo los perjuicios económicos (y sociales) de la cuarentena debemos incrementar el gasto público notablemente para que éste ocupe el hueco que va a dejar el gasto privado. Esto implica crear empleo público (especialmente en el sector sanitario) y conceder ayudas a familias y empresas que no recibirán apenas ingresos durante este periodo. Es legal, técnica, y económicamente posible, además de una necesidad social y un imperativo moral.