El pasado que quiere volver
Ya están aquí. Acaban de aterrizar con desparpajo en el escenario político andaluz con doce escaños, gracias a la inestimable colaboración de un Partido Popular que, vencido por la corrupción, necesitaba de forma imperiosa la ayuda de otra formación, supuestamente más extrema hacia la derecha en el espectro político, que le sirviera de apoyo y sostén a la hora de formar gobierno. Y allí estaba Vox, salido de sus propias filas, cuyo líder, Santiago Abascal, ya estuvo en las instituciones en cargos políticos de relieve por decisión del Partido Popular, al que abandonó cuando le pareció conveniente para convertirse en modesta alternativa.
Así de mal se veía el PP en estos comicios que, en vez de avisar “que podía venir el lobo”, como hubiera hecho cualquier partido constitucionalista ante la presencia de una formación que rechaza los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, se limitó a no agredir y lanzar mensajes complacientes del tipo: “habrá que ver cuál es su programa”, como dijo el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía o, peor aún, “compartimos sus valores esenciales”, en palabras del propio Pablo Casado, que después intentó desviar la atención de tan definitoria aseveración hacia otros derroteros, que, a la postre, y después del resultado electoral, se han visto inexistentes. Lo que quería y quiere el PP es nutrirse de la extrema derecha para gobernar, sin importarle el coste que ello implique para la democracia en Andalucía y España. En este sentido, el mismo PP ha anunciado con cierta ¿satisfacción?: “Vox ha venido para quedarse”. Curiosa reacción. En la misma línea, otros dirigentes populares como el presidente gallego por el PP, Alberto Núñez Feijóo, consideraban a Vox como “producto de ese disparate” que fue la moción de censura por la que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno “con el apoyo del independentismo catalán, Bildu y Podemos”. Sin más aseveraciones ni comentario alguno. O como las palabras de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, que ha calificado a Vox como “una fuerza política más”, fruto de “la elección que han hecho los andaluces”. No son conscientes, o si lo son no les importa, de que la bandera de España hace décadas que se defiende sin aguiluchos de por medio, sin golpes en el pecho ni actos de fe. ¿Cómo van a pactar con un partido misógino, que no respeta la diferencia ni al diferente, que pretende encerrar a esta sociedad con una valla más alta que la de Melilla para no dejar entrar valor democrático alguno? ¿Tan bajo ha llegado el PP en sus niveles de ética? A esto les ha llevado la corrupción.
Sin duda la ultraderecha ha llegado a las instituciones gracias, también, a la aquiescencia silenciosa de Ciudadanos, que no ha hecho nada por denunciar esa falta de convicción democrática de los de Abascal y que ahora debe decidir si está de parte de quienes creemos en la democracia y en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, o de quienes quieren acabar con el sistema autonómico, la ley de memoria histórica, la ley de igualdad. En los próximas semanas veremos el juego de los diferentes actores. Si hacemos caso a Albert Rivera, su prioridad es echar al PSOE de la Junta, y para ello, parece que le vale cualquier opción, incluido gobernar con Vox, como una marioneta en el teatro de la derecha salvaje que arrampla con todo y sólo desea escenificar su ascenso al poder a toda costa, aunque el precio a pagar sea pactar con quienes difícilmente pueden ser llamados demócratas y defensores del estado de derechos que hemos logrado construir. El papel de Ciudadanos es clave para que, quienes alardean de una España democrática y constitucional, no se alíen con aquellos que hacen gala de lo contrario.
En la irrupción de la ultraderecha en el Parlamento andaluz también podría haber tenido una importante incidencia el conflicto catalán, exacerbado por quienes, sin respetar los cauces constitucionales, han pretendido separar una parte del territorio nacional, con unas consecuencias indeseables en el ámbito judicial que no se sabe cómo terminara (en cualquier caso, mal). Pero también por aquellos que, desde los partidos de derechas (ambos tres), han llevado hasta la extenuación el discurso nacionalista español, especialmente en la convocatoria electoral andaluza, cuando nadie cuestionaba la unidad de España y frente a quien, como la presidenta Susana Diaz se ha caracterizado por representar una de las posturas más críticas, dentro del PSOE, frente al “procès”. Es decir, ha habido una manipulación del discurso que no se ha dirigido a conseguir votos para gobernar la comunidad andaluza, sino para erosionar al Gobierno nacional. Lo han conseguido, al menos en parte, dejando una sensación de vértigo y desazón, -y lo digo como andaluz-, de que esto no podía ni debía suceder.
En el reparto de responsabilidades hay también un destacado lugar para una izquierda que fue incapaz de actuar unida y atender en conjunto al riesgo inminente, cuya corta vista le impidió ver que la amenaza supera con creces a las diferencias, por lo que prefirieron jugar a tirarse pedradas con denuedo, sin darse cuenta de que tal actitud deviene en un futuro que inquieta y produce desasosiego a cualquier auténtico demócrata. Mención especial requiere el adormecimiento de un PSOE, que no advirtió las señales de hastío por tantos años de gobierno, las críticas por los casos judiciales contra gobiernos anteriores y la falta de una autocrítica profunda y verdadera. Cuarenta años sin renovación, sin cambiar el mecanismo de acción, sin airear las estructuras, convierten a cualquier institución en un monstruo vetusto en el que la política puede confundirse con la burocracia. Esa deuda tiene el socialismo andaluz, la de no haber estado atento a la necesidad de transformar su acción de acuerdo con las necesidades nuevas de la sociedad que administraban. A tal punto que, aun siendo la opción política más votada, no han llegado al mínimo necesario para gobernar, ni siquiera uniendo fuerzas con Adelante Andalucía, que tampoco ha sabido interpretar las señales de advertencia que se cernía y se ciernen sobre nosotros. Esto dice mucho de cómo han bajado la guardia y hasta qué punto han pecado de desidia, unos y otros.
¿Qué hacer? Ahora vemos que Abascal se dirige al líder de Podemos, Pablo Iglesias, haciéndole responsable “de toda violencia que se ejerza contra Vox”, en un ejercicio que puede calificarse, en el mejor de los casos, de prepotencia. No da la impresión de que esta formación sea de las que deban temer por su integridad, más bien al contrario, pareciera ser de aquellas que se jactan de ser temidas. En esa misma línea augura Abascal “muy pronto habrá diputados de Vox en el Parlament”, cuestión que puede ser un augurio cierto, aunque escalofriante, ante lo que ya se cuece en Cataluña. En las mismas declaraciones, en rueda de prensa triunfal, el líder al que Marine le Pen felicitó en los primeros minutos tras el cierre electoral, amenazó sutilmente al PP y a Ciudadanos: “Si no se aprovecha la oportunidad de desalojar al comunismo y a la corrupción de Andalucía, esto pasará factura a los partidos que lo impidan”.
Les hará sufrir. Abascal no ha querido decir por ahora si condiciona su apoyo a las otras formaciones de derecha menos radicales a que Vox entre en el gobierno. Su objetivo, dijo, es “cambiar una forma de hacer política”. Aún queda tela que cortar, porque su ideario es lo suficientemente agresivo como para hacer temible la sola idea de que puedan llegar a tener capacidad de gestión en una administración pública o de forzar a que otros lo hagan siguiendo sus directrices. Si así resulta, los partidos que les apoyen serán causantes, o cuando menos cómplices, de todo lo que venga después que, ya se anuncia, supondrá un severo retroceso en derechos y libertades. Sin ir más lejos, los de Vox retiraban el micrófono a un periodista de la Sexta en la referida convocatoria a medios de prensa. Y lo hicieron con soltura, porque entre sus principios no figura la libertad de expresión diferente a la que les sea favorable. Del mismo modo que su posición contra la corrupción no resulta creíble, antes bien, da la impresión de que Vox se ha limitado a aprovechar la degradación de la situación política española propiciada por sus parientes de la derecha y sus voceros.
En cuanto a la Justicia, los puntos incluidos en sus Cien propuestas para una “España Viva” sobrepasan la imaginación del legislador más retrógrado. Pongo algunos ejemplos: Además de instaurar en el punto 90 la cadena perpetua, no la perpetua revisable, perpetua a secas, en el punto siguiente plantean “Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales”; pregonan que “Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora” (es decir que se muestran contrarios a cualquier signo de acatamiento a sentencias de tribunales internacionales, lo cual, además de disparatado, es ilegal). Y en el 92 proponen: “Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales”. Nótese cómo se equipara al terrorismo con la inmigración “ilegal”, que hasta el día de hoy no consta que sea un hecho delictivo. Por supuesto, como no podía ser menos, pretenden también la supresión del Tribunal Constitucional y claro, la eliminación del jurado. Con estas propuestas, además de otras referidas a los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad moral, etc... directamente se ponen fuera de la ley, y debería, ese ideario, ser objeto de un estudio muy detenido y exhaustivo por parte del Ministerio Fiscal.
La regresión de los discursos de la derecha extrema, que por el afán de tocar el poder arrastra a los Populares y Ciudadanos en Andalucía, es el mayor riesgo que ahora mismo existe para nuestro modelo de convivencia, si no elaboramos un discurso integrador y progresista. Tenemos que reaccionar y actuar: La lección imprescindible es la necesidad de que todas las fuerzas progresistas se unan en una gran plataforma electoral para librar la batalla definitiva que impida el paso de la extrema derecha y la derecha que antes fue moderada pero que ahora se deja llevar por aquella. Sin perjuicio de las discusiones y debates que sean menester, hay suficientes puntos comunes y razones, para que el objetivo común se imponga sobre las diferencias. En Portugal, muy cerca de nosotros, tenemos buen ejemplo de ello. Los siguientes pasos son prácticos y concretos: Ahora el apoyo a los presupuestos generales por todas las formaciones que avalaron la moción de censura para permitir el desarrollo de unas políticas económicas y sociales que nos alejen del dominio ultraliberal que nos atenaza. Y tener presente que el gran reto es establecer las condiciones precisas, desde esa perspectiva unitaria para afrontar los siguientes comicios, las europeas, las municipales y autonómicas y las elecciones generales. Hay que retomar la situación y aunar esfuerzos. Es el momento de ser conscientes de donde estamos y lo que nos jugamos. Lo contrario implica arrastrar de nuevo a este país a las tinieblas de un pasado que quiere volver y que ya llama a la puerta.
