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España desde Colombia

Resulta inverosímil que un Estado como el español sea incapaz de resolver sus conflictos por la vía del diálogo y de la mediación

Llevo tres semanas en Colombia, un país al que vine para conocer sobre el terreno su proceso de paz. Aterricé en Bogotá precisamente el 26 de septiembre, justo cuando se cumplía un año de la firma de los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a pocos días de que se cumpliera también un año del decepcionante plebiscito por el que el 2 de octubre de 2016 el pueblo colombiano dijo no a esos Acuerdos. Pocos días antes de mi llegada, el pasado 5 de septiembre, el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra organización insurgente que sigue activa en Colombia, habían pactado asimismo el primer cese al fuego bilateral, provisional hasta enero de 2018 y en aras de culminar el conflicto armado con las negociaciones de la mesa de Quito, Ecuador, instalada en febrero de 2017.

He entrevistado a actores importantes en el proceso de paz colombiano: ex presidentes de la República como Ernesto Samper, que también fue embajador en España, presente en las negociaciones de La Habana; ex comandantes de la cúpula de las FARC, como Carlos Antonio Lozada, principal responsable del desarme de la organización, presente en las negociaciones de La Habana; ex guerrilleros del ELN como León Valencia, creador de la prestigiosa Fundación Paz y Reconciliación; mujeres y hombres de la insurgencia fariana, en la zona veredal de Icononzo, Tolima, espacio territorial de capacitación y reincorporación de ex combatientes de las FARC; un ‘gestor de paz’ del ELN cuyo nombre no puedo desvelar porque no tiene permitido conceder entrevistas; senadores (equivalente a diputados) del Partido Liberal y de Polo Democrático. Todos ellos se han sentado con sus enemigos a negociar la paz. Cuando ha sido preciso, han recurrido a la mediación.

Conocer de cerca los avances del proceso mientras seguía de lejos los acontecimientos del procés ha sido muy extraño. En Icononzo pude ver con mis ojos la caseta, hoy vacía y candada, donde la guerrilla guardaba las armas que entregó, mientras en las pantallas veía cómo la Policía y la Guardia Civil atacaba con sus armas a la ciudadanía, inerme, catalana. Mientras unos y otros, en Colombia, me han ido repitiendo como un mantra imprescindible la palabra paz, desde España me han ido llegando tambores de guerra, algunos tan esperpénticos como la jura de bandera en una frutería extremeña o el nuevo colchón patriótico de una empresa murciana.

Si bien la paz es muy débil en Colombia, los avances en su consecución solo han sido posibles de una manera: sentándose a la mesa todos los actores implicados. Entre ellos hay víctimas y culpables, y todos lo son en cierto modo, pues el país lleva más de un siglo en una guerra (aunque la balanza real de culpas se desequilibra si se pone al pueblo en un platillo y en el otro, a las élites). Pero la guerra seguiría siendo interminable si no hubiera llegado el momento en que cada quien se tragara su propia repugnancia para acabar con ella. Para sentarse a la mesa frente a frente, los enemigos colombianos recurrieron a mediadores internacionales, que legitimaran sus gestos y garantizaran sus compromisos. El Gobierno los está incumpliendo y Santos cometió el error de convocar la consulta sobre la paz cuyo objetivo político real era fagocitar al ultraderechista ex presidente Uribe, quien sin embargo, tras el ajustado No, se ha visto reforzado. Pero existió la mesa de La Habana con el Gobierno y las FARC como existe la de Quito con el Gobierno y el ELN.

Desde Colombia, un país que persigue la paz pero que de algún modo aún sigue en guerra (sin ir más lejos, el pasado 5 de octubre, alrededor de 15 campesinos, inermes, fueron asesinados en Tumaco durante unas manifestaciones contra las que cargaron Policía y Ejército, aunque la autoría de las muertes no ha sido adjudicada), resulta inverosímil que un Estado como el español sea incapaz de resolver sus conflictos por la vía del diálogo y de la mediación. Salvando todas las distancias que se quieran identificar, es la derecha, más bien extrema, la que allá o acá opone más resistencia. Si en Colombia a la derecha no le conviene la paz, en España a la derecha no le conviene el fin de una guerra que no acabó en el 78. Porque el fin de esa guerra exigiría, por un lado, un proceso de reparación de memoria histórica en el que los suyos quedarían muy mal parados. Y por otro, porque supondría el inicio un proceso de reparación política, en el que habría de ponerse en cuestión la estructura misma del Estado, empezando, obviamente, por la Corona.

En catalán proceso se dice procés. “Estamos defendiendo la calle y la democracia aunque sabemos que nuestros aliados de ahora nos traicionarán mañana”, me contaba mi amigo Ernest desde Barcelona durante el 1-O. Quizás eso, la traición, ya se haya producido pero sea lo que menos importe, pues lo importante es la defensa que fue de esa calle y de la democracia. Lo que es un hecho es que Rajoy y su Gobierno habrían respondido exactamente igual si Puigdemont hubiera declarado la DUI o no la hubiera declarado, y que no han dado la más mínima alternativa, ni siquiera para un diálogo o una mediación a la que hasta ha recurrido un país con una situación como la de Colombia. Por tanto, como dice otro amigo, ciudadano catalán, “cuando el enemigo no te da ninguna alternativa tienes que decidir tu propio ritmo”.

El domingo 1 de octubre se abrió una puerta en Catalunya, y en consecuencia en todo el Estado español, que ya no se va a cerrar, ni al cumplirse el absurdo plazo dado por Rajoy a Puigdemont, ni sea cual sea el plazo en el que llegue a apreciarse el nuevo horizonte de nuestra historia. La nueva transición, que ha comenzado en Catalunya, no será fácil, pero es imprescindible, y algún día agradeceremos que estos tiempos hayan transcurrido. A la derecha española, y a sus sonrojantes aliados, corresponderá una vez más la histórica vergüenza: la de justificar, primero, la violencia y la de rechazar de plano, después, una mediación internacional a la que ha recurrido hasta Colombia, un país que lleva, cuando menos, un siglo en guerra.

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