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Flojos de malversación

Las defensas sueñan con llamar a declarar al ministro de Hacienda como testigo en el juicio, e incluso a Mariano Rajoy,  y afilan los cuchillos apuntando que la mayoría de la partidas puestas en cuestión se consignaron antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera de forma cautelar la Ley del Referéndum

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda / EFE

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda / EFE

No solo porque al Tribunal Regional de Schleswig-Holstein le hayan parecido insuficientes las pruebas que le envió el juez del Supremo Pablo Llarena para aceptar la entrega de Carles Puigdemont por un delito de malversación, ni por la obstinación con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende que hizo bien su trabajo y que las cuentas de la Generalitat, que de facto controla desde julio, no dedicaron ni un solo euro público a la celebración del referéndum. También el informe definitivo que la Guardia Civil ha entregado al magistrado como principal prueba para sustentarla presenta lagunas que complican una acusación general por este delito. 

El trabajo de los investigadores, entregado de forma póstuma tres días después de que el juez Llarena dictara contra los 25 cabecillas independentistas el auto de procesamiento, que en todas las causas menos en esta pone fin a la instrucción de cara a la preparación del juicio oral, reconoce que las facturas correspondientes a la principal partida supuestamente malversada (casi un millón de euros por la impresión de sobres, papeletas y material de recuento) no se incluyeron en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco consta que acabaran abonándose. 

En el caso de los carteles para la celebración del referéndum, que costaron 61.879 euros, el informe apunta que fue la entidad soberanista Òmnium Cultural la que se encargó de la impresión y el reparto del material, y concluye que fue utilizada por la Generalitat como “sociedad interpuesta” porque incluía el logotipo de la Administración catalana. Si la acusación opta por tratar de demostrar que el Govern hinchó con subvenciones públicas las cuentas de la entidad para que hiciera el trabajo sucio que el Constitucional prohibió, se encontrará con la dificultad de demostrar que el gasto se cargó a esas ayudas y no a las aportaciones privadas de sus 90.000 socios, apenas 53.000 menos que el Barça. 

El informe se zambulle en el esperpento en el caso de los observadores internacionales, que no han podido ser identificados “en su totalidad”, porque los 119.700 euros que la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea entregó a la sociedad The Hague Center for Strategic Studies más el “compromiso de pago” de 47.365 euros que “se desconoce si se abonó o no” no suman, y no porque lo diga Montoro, los 177.065 euros que consignan los investigadores. A ellos se añaden 18.835 euros en vuelos, 3.180 en actos y 2.416 en hoteles que en la calculadora de la Guardia Civil arroja el increíble resultado de 40.591 euros. Ese gasto, en todo caso, solo sería imputable al exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva.

También es cuestionable la partida de 17.690 euros que se cargó al grupo parlamentario de Junts pel Sí para organizar el acto de presentación de la consulta en el Teatre Nacional de Catalunya porque, en el caso de que se hubiera ejecutado, solo podría ser imputable a sus responsables, con Jordi Turull a la cabeza. Y los 152.578 euros extra que se habrían empleado en la fabricación de más papeletas porque, a falta de facturas, los investigadores obtienen esa cifra “tomando el precio más bajo” del acuerdo marco de suministro de material electoral que aprobó la Generalitat y dando a cada voto el “precio unitario” de 0,00760 euros. 

Las defensas, que sueñan con llamar a declarar al ministro de Hacienda como testigo en el juicio e incluso a Mariano Rajoy, que se pronunció en la misma línea en el Congreso, afilan los cuchillos apuntando que la mayoría de la partidas puestas en cuestión se consignaron antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera de forma cautelar la Ley del Referéndum, cosa que no ocurrió hasta el 7 de septiembre, y mucho antes de que lo declarara definitivamente ilegal el 18 de octubre. La única salida a la crisis, según fuentes jurídicas, es que Montoro al menos reconozca que al Gobierno le pudieron colar facturas falsas que ocultaban los gastos del referéndum, porque si no se abriría un escenario en el que podría producirse la expulsión de la causa de la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, e incluso la imputación de los peritos de la Guardia Civil.

Las dos partidas supuestamente malversadas que se presentan como más consistentes, las campañas de publicidad y difusión del referéndum y el registro de catalanes en el exterior, por un total de 502.639 euros, fueron asignadas exclusivamente por el exconseller de Presidencia Jordi Turull, quien pidió a Oriol Junqueras una dotación extraordinaria de 3,4 millones de euros para desarrollar una campaña-tapadera sobre civismo cuyo concurso, según reconoció la Guardia Civil en otro informe que forma parte de la causa, quedó desierto y se limitó a una serie de anuncios en medios digitales y TV3.

Con estos mimbres y el precedente de que la Fiscalía acabó retirando su acusación por malversación contra Artur Mas y los promotores del referéndum del 9-N de 2014, en los pasillos del alto tribunal se dice que, si Alemania acabara vetando la entrega por rebelión, a Puigdemont siempre se le podría condenar a 12 años de cárcel por el tipo agravado del primer delito, establecido para gastos ilícitos superiores a los 250.000 euros. Aunque también hay quien reconoce que, a pesar de los autos de Llarena al pie del cañón y de su indudable fuerza de voluntad, en el Supremo andan, como casi cantaba Rosendo, flojos de malversación.

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