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Génova, 13: los problemas crecen

Los 19 millones de euros que la formación presidida por Mariano Rajoy obtuvo en 2016 se quedarán en 10,5 millones con Pablo Casado

El poder territorial de los populares podría quedar seriamente dañado si el próximo 26 de mayo se confirma el 'sorpasso' de Ciudadanos que ya se ha producido en las generales

La policía rodea la sede del PP en la madrileña calle de Génova. / Álvaro Minguito

La sede del PP en la madrileña calle de Génova. Álvaro Minguito

Lejos quedan los días en los que los presidentes de las constructoras más importantes del país se acercaban en persona al número 13 de la calle Génova y subían a la planta sexta para intentar asegurarse lo suyo. Allí les recibían con los brazos y las manos abiertas el tesorero Álvaro Lapuerta y el gerente Luis Bárcenas, que tomaban buena nota de sus principales desvelos -un contrato aquí, una adjudicación allá- y apuntaban cuidadosamente sus entregas en metálico.

Tras los afectuosos saludos de despedida, acompañados de algún puro si la visita lo merecía, los taquitos de billetes perfectamente organizados se entregaban al cajero, Antonio Molero, que bajaba a la calle y los ingresaba en el banco de enfrente -primero el Banco de Vitoria y después el Banesto-, cuidándose siempre de que no superaran el límite de 60.000 euros establecido por la ley de financiación de partidos políticos.

El juez Pablo Ruz acreditó este relato en la instrucción sobre la caja B del Partido Popular pero no pudo demostrar la relación directa entre las donaciones y las adjudicaciones que recibieron entre 2002 y 2009 las 15 constructoras que aparecían en los papeles de Bárcenas. Según calculó la Intervención General del Estado, con los 4,8 millones de euros que aportaron, esas empresas se hicieron con contratos otorgados por administraciones gobernadas por la formación por valor de 22.452 millones de euros. Un dinero bien invertido.

Ese Partido Popular al que los votos y las donaciones le llovían del cielo ya no existe. Las elecciones del domingo le han dejado herido políticamente, con dos competidores desde el centro hasta la extrema derecha que amenazan con borrarle del mapa, y unas finanzas menguantes, no solo por los resultados electorales sino también por los procedimientos judiciales que la formación tiene a la vuelta de la esquina, que podrían llevarle a la bancarrota. Si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quiere dar un paso al frente, debería hacerlo cuanto antes porque, si se demora mucho, igual le venden hasta la sede.

Hoy al frente de la tesorería del partido está el senador por Ávila, Sebastián González, que tendrá que manejar una pérdida de ingresos del 45 por ciento por los resultados obtenidos el 28 de abril. Los 19 millones de euros que la formación presidida por Mariano Rajoy obtuvo en 2016 se quedarán en 10,5 millones con Pablo Casado. A ello hay que sumar que el poder territorial de los populares, desaparecidos literalmente en el País Vasco y en serio riesgo de volatilización en Catalunya, podría quedar seriamente dañado si el próximo 26 de mayo, en bastiones tradicionales como la Comunidad de Madrid, se confirma el ‘sorpasso’ de Ciudadanos que ya se ha producido en las generales.

Pero es que la que se avecina en Génova,13 en los tribunales se parece mucho a un relato de terror. El 14 de junio comienza en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en el que la formación se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica junto a su extesorera Carmen Navarro, el antiguo responsable del departamento jurídico, Alberto Durán, y el de Informática, José Manuel Moreno. En el juicio, en el que se reeditará el ya mítico enfrentamiento entre María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas, la Fiscalía no acusa pero Izquierda Unida solicita que al PP se le imponga una multa de 10,9 millones de euros, mientras que el Observatori DESC pide la prohibición de recibir donaciones durante cinco años y la suspensión de actividades, tal y como se hizo con Batasuna y sus sucesoras antes de su ilegalización.

Los populares también afrontarán en los próximos meses la revisión en el Supremo de la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel, que tumbó al Gobierno de Rajoy tras condenar al PP por lucrarse con 245.492 euros y dejar constancia de la existencia de su caja B. Los de Pablo Casado llevan meses intentando desacreditar al magistrado José Ricardo de Prada por incluir en la sentencia que la formación contó con "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989" pero lo cierto es que esa afirmación está avalada por decenas de pruebas y el magistrado, muy respetado fuera de España, acaba de volver a su puesto después de formar parte del tribunal de la ONU que ha condenado al genocida serbobosnio Radovan Karadzic.

Además, el alto tribunal tiene que resolver los recursos de casación contra la sentencia por los chanchullos de la sucursal de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, que estableció que el PP financió sus campañas electorales de 2007 y 2008 de manera "delictiva". A la formación, que verá disminuidos sus ingresos en 1,1 millones de euros por el batacazo electoral que también ha sufrido en las elecciones valencianas, no se le pudo condenar por estos hechos porque la responsabilidad jurídica de los partidos políticos no entró en vigor hasta el año 2015.

El calvario judicial continuará con el juicio por los papeles de Bárcenas, en el que el PP tuvo que depositar una fianza de 1,2 millones de euros para evitar el embargo de su sede, que ahora se podría tener que vender para conseguir liquidez. Santiago Abascal, que formó parte del PP en los años en los que las donaciones regaban las finanzas de Génova y su padre recibía fondos de la caja B, el mismo al que Casado ofrecía ayer entrar en el Gobierno y hoy acusa de liderar la "extrema derecha" tras haber vivido de las "mamandurrias" de Esperanza Aguirre, ya ha sentenciado a su antiguo partido: "Se os está poniendo cara de UCD".

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