Golpe de Estado o golpe de efecto
Mientras la fiscal general del Estado, María José Segarra, sigue manteniendo su calculada ambigüedad en vísperas de la presentación del escrito de calificación en el que concretará si asume o no el discurso de la rebelión construido por sus antecesores, el Gobierno continúa con el goteo de declaraciones que, entre guiños al independentismo, aleja cada vez más al PSOE del bloque del 155 que conformó, ahora hace un año, con PP y Ciudadanos.
El Ejecutivo, que fijará la posición con la que la Abogacía del Estado acudirá al juicio, ha roto definitivamente con la tesis de que el proceso independentista fue una rebelión violenta contra el Estado, como defiende una soliviantada mayoría de magistrados en el Tribunal Supremo y los cuatro fiscales del caso que tendrán que interrogar a partir de enero a Oriol Junqueras y el resto de procesados. Un golpe de Estado, en palabras de Pablo Casado y Albert Rivera, que no hacen otra cosa sino reproducir los argumentos del juez instructor, Pablo Llarena, que comparó el procés en su auto de procesamiento con “un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire” como el que protagonizó Tejero el 23-F de 1981.
El discurso alternativo a la rebelión que, de momento, no ha querido defender Segarra lo lleva construyendo el Gobierno desde que el 11 de septiembre pasado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, le dijera a la BBC que “preferiría” que los dirigentes independentistas encarcelados “estuvieran en libertad condicional”. A él le secundó once días después la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, cuando, meses antes de que siquiera se celebre el juicio, se mostró “partidaria” de conceder el indulto a los acusados.
Cada vez más cerca del 2 de noviembre, día en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán sus conclusiones provisionales con media España de puente, el Gobierno ha ido subiendo la apuesta. Pedro Sánchez recordó en el Congreso que el dirigente del PP Federico Trillo defendió en 1994 una enmienda en la que vinculaba el delito de rebelión con “un supuesto de golpe de Estado dado por militares o por civiles armados a la orden de militares”, mientras que la vicepresidenta, Carmen Calvo, rechazó abiertamente la doctrina llarenista, al apuntar en Onda Cero que en cualquier legislación los golpes de Estado están conectados con “las armas, la fuerza y los elementos coercitivos”.
El debate llevado al extremo por Pablo Casado, al hacer a Pedro Sánchez “partícipe de un golpe de Estado” que a las pocas horas reconvirtió en “un golpe al Estado”, es de vital importancia porque constituye exactamente la controversia sobre la que pivotará el juicio que el Tribunal Supremo celebrará a partir del próximo mes de enero. Lo que tendrán que dirimir verdaderamente los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán lo que ocurrió en Catalunya aquel mes de octubre es si se cometió un golpe de Estado o simplemente se trató de un golpe de efecto. Con el imperativo, además, de dictar una sentencia que pase en el futuro el filtro del Tribunal de Estrasburgo.
En el golpe de efecto se resume la estrategia de defensa que mantuvieron los procesados durante la instrucción y que reproducirán durante la vista oral. Ante el juez Llarena se cansaron de repetir que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), proclamada hace ahora un año y camuflada en la exposición de motivos de las resoluciones que aprobó el Parlament, únicamente tuvo un valor “político” y “simbólico”, sin efectos jurídicos reales. “Íbamos de farol”, resumió desde su retiro en Escocia la exconsejera Clara Ponsatí.
Una idea en la que abundó en su declaración judicial el expresident de la Generalitat Artur Mas, el hombre con el que empezó todo, que señaló que el referéndum fue “real” pero la declaración de independencia únicamente fue “simbólica”. El 22 de febrero pasado, en una entrevista en la emisora Rac 1, apuntó que “muchas veces un argumento se hincha para quedar lo mejor posible”. “¿Esto es un engaño? Puede llegar a ser un engaño”, admitió.
Las investigaciones judiciales al independentismo comenzaron a partir de unas declaraciones del exjuez Santiago Vidal, que reveló en una charla que el Govern tenía una partida oculta de 400 millones de euros para organizar el referéndum, comenzar a crear estructuras de estado y poner en marcha una Agencia Tributaria propia. Cuando le tocó declarar ante el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, se retractó de lo dicho y afirmó que los trabajos de la Generalitat eran solo una “hipótesis” en el marco de “un debate de ideas sobre cómo construir un Estado”. “Hablé en presente y tenía que haber hablado en futuro”, alegó.
Paradójicamente, los fiscales podrán sustentar su tesis de la rebelión a toda costa con el testimonio de la única dirigente de la CUP que se sentará en el banquillo de los acusados. Mireia Boya, contra la que apenas hay indicios de delito en la causa más allá de una referencia en el documento Enfocats a los “responsables de los grupos parlamentarios independentistas”, defendió durante la instrucción que todas las iniciativas que adoptó el Parlament respondían a “un programa electoral legal y a la voluntad democrática de los catalanes” para consumar la secesión. ¿Será que los extremos se tocan?
