La acusación amateur de Vox
En el elegante Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que se celebra el juicio del procés comparten estrados los más listos de la clase. Allí se sientan siete magistrados integrados en la élite de la judicatura y que han escrito buena parte de la jurisprudencia de la Sala Segunda que permanece vigente, una ex fiscal general del Estado, tres representantes del Ministerio Público con decenas de casos resueltos a su favor y algunos de los abogados penalistas más brillantes y mejor pagados de Barcelona. Y luego están los letrados de Vox.
Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, a quienes no se conocen otros méritos que los de ostentar los cargos de secretario general y vicesecretario jurídico de la formación de extrema derecha que se ha colado en el juicio por su oportunismo al personarse en la causa, ejercen una acusación popular tan errática que, si se cambiaran de lado en la sala de vistas y se sentaran junto a los acusados, nadie notaría la diferencia.
La seguridad en el paso con la que los dos engominados letrados de Vox se mueven en los alrededores del Supremo se esfuma en el mismo momento en el que cruzan el umbral de la sala de vistas, en la que han intentado, sin éxito, asumir un perfil bajo con el que disimular que su presencia en el juicio es como la de esos equipos de Segunda B que, en las primeras rondas de la Copa del Rey, tienen la suerte de jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou. Si por ellos fuera, Ortega Smith y Fernández acabarían el juicio pidiendo cambiarse la toga con Marchena o Zaragoza y haciéndose una foto con Pina y Melero.
Para ello, la acusación amateur de Vox ha optado por hacerse un guion de preguntas que repite de forma rutinaria a todos los testigos como si fuera el interrogatorio que te hacen en la aduana. “¿Se intentó asaltar los cuarteles o la Consejería? ¿En la masa vio a alguien que organizaba? ¿Utilizaban técnicas de guerrilla urbana contra la Guardia Civil? ¿Había barreras de ancianos y niños como escudos humanos?” Cien por cien de perseverancia, cero por ciento de eficacia.
Esa insistencia, la misma con la que Marchena les ha tenido que reclamar, día tras día, que obviaran las preguntas sobre la supuesta destrucción de papeles en la incineradora de Sant Adriá porque el caso había sido archivado, ha provocado diálogos esperpénticos, como el que Ortega Smith protagonizó con el comisario de los Mossos Juan Carlos Molinero cuando éste le indicó: “A todas las reuniones de coordinación con Pérez de los Cobos asistía Ferrán López, yo no”. Pregunta rápida del abogado de Vox: “¿A cuántas reuniones asistió usted?”. Respuesta: “A ninguna”. Un intercambio que no desmerece el que mantuvo con Artur Mas: “-¿Conoce quién tomó la decisión de convocar el 1 de octubre? -Lo conozco. -¿Quién? -El Gobierno de la Generalitat”.
La linde se acaba y los abogados de Vox siguen preguntando. La falta de definición de sus cuestiones ha llegado a descolocar a los testigos más seguros. Por ejemplo, al coordinador del dispositivo de seguridad, Diego Pérez de los Cobos, al que trasladaron “cómo podía haberse evitado el 1 de octubre”. “No lo sé”, balbuceó por primera vez el coronel de la Guardia Civil antes de que Marchena le rescatara para pedir a Ortega Smith que no preguntara por “conjeturas”. Algo similar le pasó al comisario de Policía Nacional que dirigió la polémica intervención en la sede de la CUP, para la que no había orden de registro judicial. Ortega Smith preguntó al testigo si los Mossos tenían la intención de “avisar a los organizadores”, lo que provocó, una vez más, la intervención del presidente del tribunal, que recordó que los policías nacionales no tienen por qué saber lo que piensan los de la otra policía. “Sería heroico que lo supiera”, terció.
El mayor favor que los abogados de Vox han hecho durante al juicio a los que califica de “golpistas” llegó el día que olvidaron preguntar al major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, por la reunión clave que la cúpula del cuerpo mantuvo el 28 de septiembre con Puigdemont y en las que, después de varias sesiones, se llegó a saber que el expresident aseguró que declararía la independencia si el 1 de octubre había violencia. Al ser la formación de extrema derecha la única acusación que había pedido el testimonio de Trapero, el tribunal impidió a las demás partes que preguntaran por ese asunto, lo que llevó a Marchena a tener que interrogar
él mismo por primera y única vez en el juicio. Al fiscal Zaragoza se le escapó un lamento cargado de veneno: “Le voy a preguntar por el 20 de septiembre, que ahí el interrogatorio de la acusación popular ha sido más extenso”. Aún así, Vox vendió en las redes sociales como una hazaña lo que fue un error de primero de derecho. “La utilidad de la acusación popular de Vox demostrada hoy en el Supremo”, presumieron.
Pero el tropicalismo jurídico de la formación alcanzó su máximo esplendor en la tarde de este miércoles cuando los letrados hicieron desfilar por el Supremo a cinco agentes de la Guardia Urbana de Badalona que fueron preguntados por unos hechos que ya conocía la Sala y “un mozo de Escuadra”, en el vocabulario de Ortega Smith, que declaró que lo más que hizo el 1 de octubre fue “apartar a un borracho” que daba tumbos por Granollers. Los testimonios eran tan prescindibles que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y todas las defensas adoptaron el primer acuerdo de conformidad que se ha visto en este juicio y que podría ser el único: no hacer ni una sola pregunta y aguantarse la risa.
